César Peña, Gobernadora y Estados Unidos firman acuerdo para empatar agenda de seguridad

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–El Modelo de Justicia Cívica de Parral estará acorde al programa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID denominado PREVI.

–El Embajador de E.U. Ken Salazar, la Gobernadora María Eugenia Campos y el Alcalde se comprometieron a trabajar en colaboración.

El Presidente Municipal de Parral César Peña Valles, la Gobernadora del Estado María Eugenia Campos Galván y el embajador de Estados Unidos Ken Salazar firmaron la Carta de Intención en Materia de Prevención de la Violencia.

El propósito de la Carta de Intención es que el Gobierno Municipal de Hidalgo del Parral, Chihuahua y PREVI, compartan los objetivos comunes de mejorar la seguridad y justicia, así como el bienestar en el municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, a través de la puesta en marcha y consolidación de una estrategia integral de seguridad pública y justicia cívica municipal.

Con este documento los entes de gobierno manifiestan que tienen la intención de implementar acciones coordinadas para alcanzar objetivos específicos y con ello, para promover la justicia cívica como estrategia de seguridad pública y prevención social de la violencia.

El PREVI es un programa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) que busca fortalecer las capacidades de gobiernos municipales y sus comunidades para mitigar y resolver de manera efectiva la violencia y el delito.

El programa pretende cambiar la visión de la seguridad vigente, pasando de un enfoque mayoritariamente punitivo a un enfoque preventivo que sea consistente con el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.

Entre los objetivos esta que las autoridades municipales, en colaboración con la sociedad civil y el sector privado, utilicen intervenciones basadas en evidencia, para responder a los delitos menores y a la violencia comunitaria, que reducen el encarcelamiento y fomentan la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Reducir la probabilidad de que las personas jóvenes en riesgo sean encarceladas o se encuentren en libertad condicional debido a delitos y violencia.
De igual forma mejorar la coordinación entre los juzgados cívicos, las fuerzas de seguridad municipales y los operadores de la justicia penal a través de la información compartida y la cooperación en materia de inteligencia.