Dan protección a 5,200 mujeres violentadas

Más de 5 mil mujeres residentes en el estado de Chihuahua, víctimas del delito de violencia familiar, cuentan con órdenes de protección contra su agresor, informó Wendy Chávez Villanueva, titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM).

El Ministerio Público (MP) también ha solicitado mil 53 medidas de protección contra agresores y en varios casos los jueces de Control han ordenado al agresor abandonar el domicilio y no acercarse a la víctima. Los datos corresponden al 2023.

Esta primera cifra representa un 43 por ciento de las 14 mil 551 carpetas de investigación que integra la FEM, sólo de enero a octubre, por el delito de violencia familiar en el estado, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sensp), difundidas en el portal oficial. Sin embargo, en algunos casos estas actuaciones ministeriales son insuficientes para proteger a la parte ofendida, como ocurrió en el caso de la mujer de 19 años asesinada a tiros por Édgar Fernando G. H., de 31 años, quien cumplió su sentencia de siete meses en el Cereso 3 por violencia familiar y salió sólo para asesinar el pasado 15 de noviembre a quien fue su pareja sentimental por varios meses.

Ciudad Juárez– Previamente, la víctima había interpuesto tres denuncias por violencia familiar. En la última agresión el MP optó por un procedimiento abreviado pese a prevalecer la amenaza “donde te vea, hija de tu perra madre, te voy a matar” contra la mujer y que el acusado cumplió entre las 5:00 y 6:00 de la mañana en el fraccionamiento Oasis Revolución, según los datos aportados en la audiencia de vinculación a proceso contra Edgar Fernando.

“En este caso ya había una sentencia y pues eso a nosotros como Fiscalía nos muestra que, en ocasiones, aun habiendo todas las protecciones del Estado, no alcanza para salvar una vida”, lamentó la fiscal.

Este evento violento es una muestra de la necesidad de hacer una intervención mucho más profunda en las personas generadoras de violencia dentro y fuera de los penales.

“Porque se le brindó toda la protección a la víctima, sin embargo, la persona estuvo privada de la libertad (ppl) por violencia familiar. ¿Qué tratamiento tuvo ese interno en el centro penitenciario?”, cuestionó la fiscal.

En el proceso de reinserción social del agresor, la FEM desconoce qué tanto enfoque tuvo la persona para que le permitiera obtener herramientas de conciencia respecto de las conductas agresivas que manifestó y que estaban elevando el riesgo de que él cometiera el delito, lo que finalmente perpetró, expuso Chávez Villanueva.

Insuficientes los mecanismos de protección

En Chihuahua, el estado en el que asesinan a cinco mujeres por semana, ya sea por razones de género o relacionadas con la delincuencia organizada, la FEM ha agilizado sus procesos para proteger a las mujeres víctimas de la violencia familiar.

“Hemos dictado 5 mil 269 órdenes de protección y mil 53 medidas de protección, la diferencia entre una y la otra es que las órdenes de protección vienen enmarcadas en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en éstas hay facultades para el MP de poder dictarlas bajo ciertos lineamientos y características”, explicó.

En el caso de las medidas de protección, éstas también las puede dictar el MP, pero particularmente hay tres disposiciones para que puedan durar los 60 días que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales y es que tienen que ser ratificadas ante un juez.

“Por ejemplo, en las órdenes de protección nosotros no tenemos facultades como Ministerio Público de ordenar que una persona salga de un domicilio, pero con las medidas de protección sí, nada más que tienen que ser ratificadas ante el juez penal para que se sustente”, destacó.

Dijo que, con la mera denuncia, la FEM procura en los casos de violencia doméstica buscar un mecanismo que permita visibilizar el nivel de riesgo y luego, con base en ello, determinar la aplicación de una medida de protección o una orden de protección.

Agregó que para definir la gravedad de los hechos denunciados, la FEM tiene una escala de valoración de riesgo para el estado de Chihuahua y cuando es más bajo se opta por el dictado de las órdenes de protección y en los que son casos más severos, se dictan las medidas de protección.

“Y al mismo tiempo se solicita de manera inmediata la intervención de los órganos judiciales, por ejemplo, en Juárez con el Tribunal de Género se ha dado una dinámica de que se nos brinden las órdenes de aprehensión o las medidas de protección entre 14 y 16 horas, que es un tiempo muy corto”, aseguró.

Con información de: eldiariodechihuahua.com