Más de 80 políticos han sido asesinados en este proceso electoral, ¿a qué se deben las agresiones?
Entre amenazas de la delincuencia organizada, conflictos en el proceso de selección y con deficientes protocolos de seguridad, aspirantes, funcionarios y candidatos a niveles locales son quienes enfrentan mayor riesgo de violencia en el proceso electoral.
Las cifras del informe también arrojan que los representantes del PRI han sido los más atacados con 29 casos, seguido por los del PRD con 16; después sigue el PAN (8 casos); Movimiento Ciudadano (5) y Morena (4).
Para el profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) Martín Gabriel Barrón Cruz, el proceso electoral es un momento de transición en el cual la delincuencia organizada buscará proteger sus negocios e intereses postulando o intimidando candidatos.
Sin embargo, ante la violencia política actual considera que primero es necesario revisar la dinámica de cada caso, antes de magnificar las agresiones y averiguar la causas por las cuales están matando a aspirantes políticos.
“Se tiene que hacer un estudio criminovictimológico. (Revisar) quién es la víctima, cuáles fueron sus propuestas y cuáles son sus alianzas”, explica el especialista en seguridad, pues considera que no necesariamente todos los asesinatos de funcionarios y candidatos ocurridos en el presente proceso electoral tuvieron alguna relación con la delincuencia organizada o con violencia política.
Protocolos de seguridad se quedan cortos
El pasado 4 de abril, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional Electoral (INE) presentaron un protocolo de protección para los candidatos presidenciales, en el cual la Comisión Nacional de Seguridad y el Estado Mayor se harán cargo de la seguridad de los contendientes.
Para el director de Etellekt, las medidas de seguridad se han quedado cortas, pues se enfocan en candidatos a nivel federal, cuando son los de nivel local quien enfrentan mayor riesgo.
El tamaño de la elección este año, en la cual se elegirán 3 mil 400 cargos a distintos niveles, así como el desfase en los calendarios estatales están siendo aprovechados por el crimen organizado para incidir violentamente en los comicios, asegura Salazar.
También critica que las leyes estatales no contemplan mayor seguridad para precandidatos, solo para candidatos, lo que, asegura, favorece que organizaciones criminales puedan influir en el proceso de selección e imponer candidatos.
“Hubo mucha irresponsabilidad de los partidos políticos en las reforma electorales, por la concurrencia y los calendarios electorales no homologados. Esta situación está ocasionando que esta violencia persista”, detalla Salazar, quien publicará más informes de violencia electoral, podrán adquirirse en la página de Etellekt para financiar futuros reportes.
En este sentido, la consejera Claudia Barbosa señala que si bien el riesgo de más ataques es grande por el tamaño de la elección, “se ha creado una estructura” que permitirá atender y prevenir más casos de violencia política.
Aunque advirtió que vendrán más casos de violencia por el tamaño de los comicios, donde 30 estados empataron sus calendarios con la Federación, también han tomado medidas en municipio de Puebla para evitar, principalmente, que candidatas mujeres sean amenazadas o intimidadas por buscar un cargo.
“Desde diciembre pasado emitimos una guía para la prevención y atención de la violencia política contra las mujeres en el estado, una herramienta que pusimos para todas las mujeres que estén resistiendo actos de violencia, justamente para establecer ejemplos de lo que sí es violencia política contra las mujeres y lo que no es violencia”, expuso.
Asesinatos contra políticos en Jalisco, a todos los niveles
En Jalisco, sin distinción de colores, los políticos se sumaron como víctimas de los crecientes índices delictivos. Asesinatos y desapariciones de representantes populares y funcionarios de primer nivel han marcado el sexenio que concluirá el próximo mes de diciembre.
A tan solo una semana de que había tomado protesta como secretario estatal de Turismo, Jesús Gallegos Álvarez, fue acribillado. Desde entonces los homicidios siguieron sin tregua. El caso más reciente, ocurrido el pasado 15 de abril, fue el del presidente municipal con licencia que aspiraba a la reelección en el municipio de Jilotlán de los Dolores, Juan Carlos Andrade Magaña.
Un día después, el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz se dijo “abierto a que todos los candidatos que soliciten la protección, se las demos, pero también hago una convocatoria a qué nadie politice este tema que es tan delicado y tan grave”.
Debido al nivel de riesgo, son tres los candidatos que en Jalisco han solicitado seguridad adicional, y la lista de solicitantes podría aumentar, pues será el 29 de abril que arranquen las campañas para presidencias municipales y diputaciones de la entidad.
Se ha podido confirmar que entre ellos está el presidente municipal con licencia de Guadalajara y candidato puntero en las encuestas al gobierno de Jalisco por Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez; así como el ex titular de la Fiscalía Estatal y precandidato a la alcaldía tapatía por el PRI, Eduardo Almaguer Ramírez.
“Nosotros no vemos hoy en la necesidad de solicitar algo extraordinario en términos de seguridad para el Instituto. Vemos con preocupación lo sucedido (asesinatos de políticos) y estaremos atentos a la estrategia que nos planteen las autoridades de Seguridad. Por supuesto que es preocupante, pero tiene que haber algún planteamiento del Gobierno del Estado”, indicó el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco, Guillermo Armando Alcaraz Cross.
“Brindar seguridad a la población es una responsabilidad de las autoridades de Seguridad, de tal manera que, con lo ocurrido en el orden local, estaremos atentos a la investigaciones que se realicen para conocer el entorno de un hecho que pudiera tener tal trascendencia que afecte de alguna manera el curso del proceso electoral”, comentó el titular del INE Jalisco, Carlos Manuel Rodríguez Morales, ante los casos recientes.
En caso de más adelante algún aspirante solicite protección adicional, las instancias electorales redireccionarán los trámites al gobernador, anotaron los entrevistados.
Por otra parte, el director ejecutivo del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón Benavides, dijo que el panorama de violencia política “no es nuevo ni sólo fruto de las elecciones. Lo que estamos viendo es al crimen organizado haciéndose notar en un proceso que en teoría es ajeno, pero que de alguna manera están diciendo, aquí y todo el país, `también soy parte´, y lo dicen a balazos”.
“La lectura de estos asesinatos, de manera superficial, es ¿qué tanto está metido el crimen organizado o de qué poder es su calibre para meterse aún más en la vida política? La lectura más profunda es: La impunidad nos está cobrando su cuota más alta, no les importa matar gente tan visible, no les importa si los pescan las autoridades porque les responden con balazos, es ya una disputa por vidas, por territorio y por medios de producción”, indicó en entrevista el representante del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos.
De 529 muertes registradas de servidores públicos en Jalisco, entre 2013 y abril de 2018, 202 han sido por armas de fuego, 18 por objetos punzo cortantes, 13 por golpes, cinco por estrangulamiento y el resto por otras causas, según datos del Sistema Estadístico de Autopsias del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).