Más de 30 mil observadores vigilarán el proceso electoral más violento de la historia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque según el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, el proceso electoral del 1 de julio “será el más observado de la historia democrática de México” con más de 30 mil observadores nacionales y 907 extranjeros, también será el que menos presupuesto oficial ha destinado a la observación electoral, el más violento en la historia democrática del país y el más expuesto al fraude electoral “tradicional” y cibernético.

Ese es el análisis que ofrecen observadores nacionales y extranjeros, acreditados y no acreditados, que advierten cómo los comicios, que en el discurso oficial se anuncian como los más libres y confiables, están al mismo tiempo afectados por el asesinato, la intimidación, la compra de votos y la diseminación de información falsa y tendenciosa. Todavía más importante aún, dicen los observadores entrevistados por Proceso, la amenaza de un fraude electrónico masivo a favor del candidato oficial del PRI, no puede descartarse.

Pocos recursos y mucha violencia

En el Foro Informativo para Visitantes Extranjeros que organizó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) el 28 y 29 de junio, el consejero presidente del INE explicó que las cifras totales de organizaciones e individuos que participarán en las tareas de observación rebasan sustancialmente las de elecciones anteriores.

Aunque en la elección de 2012, por ejemplo, se inscribieron 38 mil 547 ciudadanos mexicanos para observar los comicios, sólo 21 mil 114 de ellos participaron realmente en la jornada electoral. A nivel internacional, en 2012 se contó con 696 observadores procedentes sobre todo del continente americano y Europa, seguidos de Asia, África y Oceanía.

Para las elecciones de este 1 de julio el INE acreditó a casi 31 mil observadores nacionales y 907 extranjeros procedentes de 60 países, es decir, una diferencia de más de 10 mil observadores con respecto de la elección de 2012. La tarea de observación de este domingo se extenderá por 156 mil 899 casillas. En las casillas habrá un total de 1.4 millones de ciudadanos acreditados como funcionarios para llevar a cabo la votación.

En total, este domingo se votará por un total de 18 mil 299 cargos públicos, lo que hace de esta elección la más grande en la historia democrática del país. Además del presidente, se disputará la totalidad del congreso federal: 500 diputados y 128 senadores de la República. Están inscritos en las listas nominales del padrón electoral 89 millones 123 mil 355 ciudadanos que podrán votar este domingo.

Durante el Foro Informativo para Visitantes Extranjeros, el titular de la FEPADE, Héctor Díaz Santana, dijo que la PGR destinará 14 mil 644 funcionarios de la procuraduría para inhibir cualquier actividad ilegal o conducente a irregularidades durante el proceso electoral. Por otra parte, según el INE, habrá alrededor de 3 millones de representantes de los distintos partidos que vigilarán que el trabajo de los funcionarios de las Mesas Directivas de cada casilla durante el día de la elección.

No obstante, entre la elección de 2012 y la de 2018 hay una diferencia importante en cuanto a los fondos públicos destinados a la observación electoral. El Fondo de Apoyo a la Observación Electoral (FAOE), según datos del INE, se redujo en un 68% para los comicios de este año, pasando de 73 millones 600 mil pesos a 28 millones 233 mil 416 pesos.

Esta elección será de hecho la que menos presupuesto contará desde la creación del FAOE durante la elección de 1994, cuando contó con 50 millones de pesos para la observación electoral. La Secretaría de Gobierno, que había destinado recursos para la observación, no aportará fondos este año. El FAOE sólo contará con dinero del INE, la FEPADE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

A diferencia de otras elecciones presidenciales, el Centro Carter (fundado por el ex presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter) y la Unión Europea, no participarán con misiones de observación electoral. Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) participa con 80 observadores que se distribuirán en las principales ciudades del país.

Esta es, según Ted Lewis, director de la organización no-gubernamental estadounidense Global Exchange, una de las muchas incongruencias de la observación electoral.

“La mayoría de los observadores extranjeros no son realmente observadores”, dijo Lewis en entrevista con Proceso. “Son gente que no cuenta con mecanismos para reportar irregularidades. Ellos no están autorizados para decir nada sobre la elección”.

Lewis es uno de los más experimentados veteranos de observación electoral en México y otros países latinoamericanos. Fue una de las voces más visibles que denunció lo que él consideró entonces como el fraude electoral por medio del cual Felipe Calderón accedió a la presidencia venciendo al entonces candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador.

De hecho, cuando el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) afirmó que los resultados de la elección habían sido avalados por el grueso de los observadores electorales en 2006, Lewis pudo constatar que la mayoría había permanecido la mayor parte del día en embajadas de los distintos países sin la posibilidad de denunciar delitos electorales serios. 

Este año, señala Lewis, las condiciones electorales son en más de un modo peores, pues el país se encuentra “sumergido en violencia” y con una “tremenda complicidad entre organizaciones criminales y el gobierno oficial, la policía y el ejército.

Los mayores riegos de fraude para esta elección, subraya, están en las zonas rurales del país, donde la precariedad equivale a mayor violencia por fuera del radar de la opinión pública en los centros urbanos.

Como se ha reportado, en la contienda electoral han sido asesinados 132 políticos en el país, 48 de ellos candidatos o precandidatos a cargos de elección popular. “En ese sentido”, dijo Lewis, “estamos peor que en (la elección de) 2006. 

Para David Huerta, uno de los observadores estadounidenses que acompañan a Global Exchange, la escasa presencia de extranjeros en estas elecciones es desalentadora, pues esto imposibilita estar presente en los principales lugares de conflicto.

Huerta, representante del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios —SEIU en inglés, organismo que representa a 2 millones de trabajadores de industria de servicios en Estados Unidos—, explica que su grupo originalmente planeaba observar el proceso electoral en el estado de Tamaulipas, pero que sus contrapartes en esa región aconsejaron cancelar la observación por razones de seguridad.

“Hay dudas (sobre el proceso electoral) tomando en cuenta la violencia y los asesinatos de candidatos” dijo Huerta en entrevista con Proceso. “Siempre podría haber más observadores (de Estados Unidos) porque compartimos los mismos temas de migración y derechos para los trabajadores. Pero por el momento hacemos lo que se puede con lo que tenemos”.

La amenaza cibernética

Desde la elección presidencial de 2006 existe un serio cuestionamiento sobre la legitimidad del proceso electoral cuando se estableció el vínculo entre las compañías privadas encargadas de procesar el padrón y los personajes allegados a la campaña del PAN, en particular con el caso del cuñado del expresidente Felipe Calderón, Diego Hildebrando Zavala.

Ese cuestionamiento ha sido estudiado a fondo por varios académicos, dentro y fuera de México, que desde la elección de 2006 organizaron un grupo de análisis que se hace llamar “Los Anomaleros”. Entre otros académicos, el grupo está integrado informalmente por Jorge Alberto López Gallardo, profesor de física nuclear de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), Luis Mochán, investigador del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM y Víctor Romero Rochín, investigador del Instituto de Física de la UNAM.

Tanto para la elección de 2006 como para la de 2012, el grupo ha denunciado la manipulación del Programa de Resultados Preliminares (PREP) del entonces IFE. Esto fue particularmente señalado en 2006 cuando el IFE diseminó información con tendencias que fueron reduciendo gradualmente la diferencia de votos entre López Obrador y Calderón, lo que, según el grupo, es estadísticamente imposible.

López Gallardo, autor, entre otros, del reciente libro Basta de fraudes electorales: 1988-2018, explica a Proceso que tras la manipulación cibernética que ya se ha dado en las elecciones anteriores de 2006 y 2012 no hay razones para pensar que este proceso electoral será respetado. Según su análisis, el PRI intentará cometer fraude para dar como ganador de la elección al candidato José Antonio Meade.

“Piensa mal y acertarás”, dijo López Gallardo. “Tienen todos los elementos para salirse con la suya. Aunque estamos hablando de una diferencia de millones de votos (entre López Obrador y Meade), es una cuestión de redoblar esfuerzos. Tiene el dinero, tienen al Tribunal (Electoral del Poder Judicial de la Federación) y la Ley de Seguridad Interior a su favor (para suprimir una protesta). Yo digo que tienen todo y no hay manera de que les pase nada porque nadie los puede detener”.

La mayor vulnerabilidad del sistema, explica López Gallardo, consiste en la captura de datos de un 12% de las casillas para ofrecer un Conteo Rápido, así como los resultados del Programa de Resultados Preliminares (PREP), que da a conocer lo informado por funcionarios en las actas de cada casilla.

Esta información, según López Gallardo, puede manipularse y tomarse selectivamente de casillas donde resulte favorable el voto para el candidato Meade.

Durante las siguientes dos noches, mientras se lleva a cabo la totalidad del conteo de votos, los paquetes electorales pueden alterarse bajo el resguardo del Ejército para sumar votos a Meade de modo que reflejen la tendencia artificial fabricada por el PREP y el Conteo Rápido, que, aunque no tienen validez legal, explica López Gallardo, pueden producir la percepción de que Meade ha resultado ganador desde la noche de la elección.

Para contrarrestar esta sospecha, la Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD) —una organización de célebres académicos e intelectuales dentro y fuera de México—, envió una carta al consejero presidente del INE para que considerara lo que ellos llaman un “antídoto eficaz e irrefutable” para “blindar” la elección presidencial.

Se trata de la tecnología blockchain, que a través de una red de bloques de sistemas de datos que captura paralelamente la información en el momento en que se firman cada una de las actas de casilla. De este modo, al transferir la información electoral a las 300 juntas distritales, no sea posible alterar datos sin afectar significativamente a la cadena de bloques.

“Aplicada a la captura de los datos electorales del Conteo rápido y del PREP en tiempo real, esta herramienta (con su altísimo nivel de encriptamiento) garantiza la seguridad e inviolabilidad de la información contenida”, indicaron los miembros de la RUCD en su carta a Lorenzo Córdova, el consejero presidente del INE, entregada el pasado 21 de junio y firmada, entre otros, por figuras como el religioso defensor de los derechos humanos, Alejandro Solalinde, y los académicos investigadores Benjamín Arditi y John Ackerman.

Y aunque la RUCD ofreció el apoyo técnico para implementar la tecnología de blockchain en el sistema de cómputo del INE, este respondió seis días después, en una carta fechada el 27 de junio, que ya cuenta con las protecciones tecnológicas suficientes para “blindar la información que se dé a conocer”, además de esgrimir que la elección del sistema informático para el conteo de votos es “independiente y responsabilidad” de las autoridades electorales, además de estar sujetos a auditorías.

John Ackerman, activista e investigador de la UNAM y colaborador cercano del partido MORENA y López Obrador, dijo a Proceso que no confía en los mecanismos de blindaje que ofrece el INE y que de ningún modo es descartable la posibilidad de un fraude cibernético.

“Son vulnerables los sistemas de información. La respuesta simuladora (del INE) demuestra una falta de autocrítica de la autoridad electoral, si no es que una complicidad posible (con un fraude)”, advirtió Ackerman. “El PREP no tiene validez legal, pero necesitas de ese espejo del fraude cibernético (que luego) necesita una continuidad en tierra en el conteo distrital del miércoles y el jueves. No debemos minimizar la posibilidad del fraude”.

Sin mecanismos alternativos para prevenir el fraude cibernético, Ackerman apuesta por el trabajo de los representantes de MORENA que se espera cubran casi el 100 porciento de las casillas del país.

“El reto es que lleguen”, señaló Ackerman.

En este punto, explicó, el fraude opera precisamente al impedir que haya una vigilancia real en las casillas por medio de actos de intimidación y cooptación de los representantes de los partidos y la simulación interna de parte de los demás partidos que envían representantes dispuestos al fraude.

La diferencia de estas elecciones, explica Ackerman, es que MORENA tiene una mayor capacidad de cobertura del proceso electoral que en los comicios anteriores de 2006 y 2012, en los cuales los representantes del PRD (entonces el partido del candidato López Obrador) apenas llegaba al 60 por ciento de las casillas del país.

“El trabajo de campo incluye brigadas de nacionales y extranjeros, profesores y estudiantes, para inhibir el fraude. Queremos meter presión a los actos de ilegalidad de los mapaches. Veremos qué pasa este domingo. A pesar de la simulación, las amenazas y la compra del voto soy un poco más optimista”.