El Congreso con mayoría de Morena tendrá en sus manos estos nombramientos y leyes pendientes

El 1 de septiembre entrará en funciones la LXIV Legislatura, integrada por 500 diputados y 128 senadores y en la que Morena tendrá mayoría por primera vez.

El partido contará con mayoría simple tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, lo que le permitirá aprobar cambios a leyes sin necesidad de contar con el apoyo de otras bancadas. Sin embargo, para realizar modificaciones a la Constitución deberá lograr una mayoría calificada, que significa tener los votos de las dos terceras partes del Congreso.

La Legislatura anterior dejó varios pendientes a legisladores de Morena. Éstos se suman a las iniciativas que el ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que enviará al Congreso como iniciativas preferentes.

Estos son algunos de los pendientes con los que arrancará la siguiente legislatura, que será la primera en la historia en tener equidad de género.

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2019 y la Ley de Ingresos

Una de las más importantes: con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y la iniciativa de Ley de Ingresos, se definen buena parte de las prioridades que tendrá el gobierno entrante.

Andrés Manuel López Obrador deberá enviar a la Cámara de Diputados, a más tardar el 15 de diciembre, el proyecto de Presupuesto de Egresos y la iniciativa de Ley de Ingresos, los cuales distribuirán los recursos públicos durante el 2019.

Con el proyecto del PEF se aprueban: gastos corrientes del gobierno (como subsidios o salarios), recursos para programas presupuestarios (entre los que están los programas sociales), pensiones y la estructura programática del gobierno en general, entre otras.

López Obrador dijo que el proyecto de presupuesto para 2019 incluirá el recorte de sueldo a altos funcionarios, incluido el presidente, un aumento en la pensión para adultos mayores, y becas a jóvenes.

Nombramiento del Fiscal general y aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación

Mientras no se haya aprobado la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación, López Obrador tiene aún la facultad de designar al Procurador General de la República, nombramiento que deberá ser ratificado por el Senado.

Si bien ya está la reforma constitucional para hacer de la Fiscalía una institución autónoma, hacen falta ajustes para garantizar esa autonomía entre ellos reformar el artículo 102 para dotar de autonomía a la institución.

Agrupaciones de la sociedad civil, empresarios y académicos para una “Fiscalía que Sirva” exigen que para el nombramiento de Fiscal General haya un comité ciudadano de expertos que sean los que integren la lista de los candidatos para ocupar ese cargo, y después del nombramiento, un comité que acompañe al Fiscal en la conducción de la Fiscalía.

Sin embargo, López Obrador, descartó la posibilidad de reformar el artículo, pues dijo que aunque respeta el punto de vista de las organizaciones, él cumplirá con el procedimiento vigente para la creación de la misma. Aseguró que quienes la conformen serán personas intachables.

Fiscal anticorrupción y los 18 magistrados

Aunque hace un año arrancó el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), aún no hay un Fiscal que lo dirija ni magistrados que sancionen a las personas que participen en actos de corrupción.

Si bien será el Fiscal General quien designe al Fiscal Anticorrupción; esta vez será el Senado de la República quien lo seleccione, pues aún no ha sido nombrado el Fiscal General.

Además del Fiscal Anticorrupción, para echar a andar el SNA se requiere de 18 Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quienes tienen la facultad de sancionar a los servidores públicos.

LEE: Académicos y excolaboradores de su gobierno en CDMX, los propuestos por AMLO para Fiscalías

Reforma constitucional para eliminar el fuero

La eliminación del fuero fue un tema que López Obrador propuso desde el 2016.

En abril de este año, los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista (PVEM) y Nueva Alianza (Panal) en la Cámara de Diputados presentaron un proyecto de reforma que proponía eliminar el fuero constitucional a todos los servidores públicos, incluyendo al Presidente de la República, quien ya podría ser sujeto a juicio político.

De manera exprés y por unanimidad, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobóestas reformas; sin embargo, el Senado detuvo la propuesta con el objetivo de corregir y revisar las deficiencias de lo aprobado por la Cámara de Diputados.

Las comisiones unidas de Justicia, Puntos Constitucionales, Reforma del Estado y Estudios Legislativos del Senado acordaron crear un grupo técnico que inspeccionara y resolviera las deficiencias de la reforma.

Actualmente la iniciativa se encuentra archivada en el Senado. Iaksan Samano, experto en derecho parlamentario considera que la aprobación de esta ley para la legislatura es poco viable por los tiempos legislativos del país y resalta que, al ser una reforma constitucional requerirá la ratificación de la mayoría de los 32 congresos locales del país, es decir de al menos 17 legislaturas estatales.

De acuerdo a los resultados de las elecciones, de 26 congresos locales que se renovaron en las pasadas elecciones, Morena tendrá mayoría en 19.

Para aprobar una reforma constitucional, se requiere la aprobación de 17 congresos estatales.

Ley General de Aguas

La Ley General de Aguas lleva cinco años de retraso: la reforma del artículo 4 de la Constitución, que reconoció el derecho a la disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico, y a la vez el derecho a un medio ambiente sano, estableció que debía emitirse a más tardar en febrero del 2013.

La única iniciativa para la Ley General de Aguas fue presentada el 26 de febrero del 2015 por Kamel Athie Flores, Gerardo Gaudiano Rovirosa, Sergio Augusto Chan Lugo, José Antonio Rojo García de Alba, entonces diputados del PRI, PAN y PRD, pero el Senado la desechó en agosto del mismo año.

El presidente Enrique Peña Nieto firmó el pasado 5 de junio en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente el presidente Enrique Peña Nieto firmó 10 decretos de reserva de agua, mismos que fueron publicados un día después en el Diario Oficial de la Federación.

Los 10 decretos eliminan las vedas de casi 300 cuencas hidrológicas en el país, (que equivalen al 55% de lagos y ríos del país). Este cambio significa que no habrá impedimentos para la extracción de agua en estas cuencas.

López Obrador dijo que al llegar al poder eliminará – con otro decreto – los firmados por Peña.

Las iniciativas que AMLO enviará al Congreso

López Obrador anunció entre su lista de prioridades elaborar Ley reglamentaria sobre salarios máximos, lo que implica un cambio al artículo 127 constitucional, que señala que ningún funcionario puede ganar más que el presidente, una iniciativa que Pablo Gómez promovió como senador y se detuvo en la Cámara de Diputados.

Para este cambio se requiere solo mayoría simple en el Congreso por lo que Morena puede sacarla adelante.

El próximo gobierno también busca echar atrás las leyes de la Reforma Educativa aprobada en el gobierno saliente, además de establecer el derecho a educación pública y gratuita en todos los niveles escolares.

Los cambios podrían darse en las leyes secundarias, para las que solo requiere mayoría simple, o en la Constitución, que implicaría una mayoría calificada y la aprobación de 17 congresos locales.

También enviará una iniciativa para la Secretaría de Seguridad Pública, que en su momento encabezará, según ha propuesto, el por ahora senador electo Alfonso Durazo. Así como reformar la ley correspondiente para que el Estado Mayor Presidencial se incorpore a la Secretaría de la Defensa.

También establecer el mecanismo para la revocación de mandato, “y quitar trabas o candados para la aplicación de todos los procedimientos de consulta ciudadana que deberán tener carácter vinculatorio con el propósito de hacer valer la democracia participativa”, según señaló.

Además de estas reformas, quedará en manos del gobierno entrante la investigación y sanción de los casos de Ayotzinapa, Odebrecht, los casos de vigilancia ilegal contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, Nochixtlán, Tanhuato, y los más de 50 periodistas asesinados en los últimos cinco años, entre otros casos graves que siguen impunes.