Acelera EU expropiación para muro pese a virus

Washington.- Pese a la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19, el Gobierno de Estados Unidos ha intensificado sus demandas a terratenientes del sur de Texas para expropiar sus terrenos y construir el muro fronterizo del Presidente Donald Trump.

Ricky Garza, abogado del grupo Texas Civil Rights Project (TCRP), explicó que sólo en el mes de marzo se registró una cifra récord de trece demandas a varias familias en el Valle del Río Grande, en el extremo sur de Texas.

De acuerdo con el grupo defensor, que hace un seguimiento de la situación desde 2017, en tiempos previos a la pandemia, el Gobierno presentaba entre 3 y 4 demandas similares en tiempos regulares.

A mediados de este mes de mayo se habían iniciado otros cinco procesos judiciales que, en caso de fructificar, permitirían avanzar en el ansiado proyecto de Trump, que pretende convertirlo de nuevo en uno de los elementos centrales de su campaña presidencial.

Carlos Lópes, abogado originario de Laredo y miembro de la coalición “No Al Muro Fronterizo”, dijo que los casos en Laredo se encuentran todavía “en la primera fase”, en la que el Gobierno intenta obtener acceso a los terrenos por medio del “derecho de entrada” a las tierras, pero si no lo logran comenzarán a llegar más demandas.

El pasado enero, la ciudad de Laredo fue demandada por el Departamento de Justicia tras oponerse al “derecho de entrada” de 4 kilómetros cuadrados de terreno en la ciudad para ser evaluados, por lo que el asunto se encuentra “pendiente” ante un juez federal.

Mientras tanto, el avance del muro continúa y la semana pasada se dio a conocer que una empresa cercana a Trump se hizo con el mayor contrato hasta la fecha para construir tramos del muro fronterizo: mil 300 millones de dólares para levantar 67 kilómetros de barda.

Según las últimas cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), se han entregado ya al menos 300 kilómetros, aunque el objetivo de Trump es completar casi 800 kilómetros de valla fronteriza antes de fin de año y poder presumir de este logro en plena campaña para las presidenciales de noviembre próximo.

Aunque eso ponga en riesgo la salud de los trabajadores de la construcción y abogados, personal judicial y terratenientes que deben defenderse en la corte de las demandas de expropiación.

“Cada una de las demandas es el comienzo de lo que puede llegar a ser un complicado y difícil proceso para quienes se encuentran en la zona donde se levantaría el muro fronterizo, especialmente ahora cuando debemos limitar interactuar con la gente para evitar riesgo de contagio del virus”, lamentó Garza.

El Gobierno ha tomado ventaja estas semanas de que las personas han permanecido confinadas en sus viviendas y les es más difícil buscar asesoría legal para las demandas, consideró el abogado.

Decenas de casos como estos se encuentran abiertos y activos en las cortes federales, en momentos en los que es más difícil que la gente se presente en la corte.

“Las cortes en el estado de Texas no han cerrado por completo y aunque su ingreso no está permitido al público en general por medidas de seguridad por el Covid-19, tan pronto como se instaura una demanda la persona está obligada a ir si quiere defender su propiedad”, indicó el abogado.

La organización busca ayudar a que los propietarios entiendan que tienen el derecho a oponerse a firmar la carta de “derecho de entrada” del Gobierno federal, y darse la oportunidad de “pelear por sus propiedades” cuando sean citados en la corte.

En caso de firmarla, dijo, estarían aceptando el ingreso de contratistas y topógrafos para realizar medidas y estudios del terreno, en donde se erigiría el muro con el que el Gobierno de Trump pretende reducir el flujo ilegal de migrantes.

“Cuando las personas entienden que tienen una opción, la mayoría de ellos quieren luchar, no quieren que sus terrenos les sean quitados, ni ver que la frontera termine transformada en algo que no les representa”, sostuvo Garza.

“Estamos muy preocupados porque la construcción no se ha ralentizado, además los contratistas realizan incluso más de una visita a las propiedades para hablar con los terratenientes sin contar en ocasiones con un equipo protector (…) poniendo en riesgo a nuestros clientes y las comunidades fronterizas”, criticó.

Lópes coincide con Garza y dice que sus clientes y la comunidad están expuestos al contagio en las visitas de los inspectores y trabajadores.

“Sentimos que es muy poco lo que podemos obtener del Gobierno federal en cuanto a proteger la salud de la comunidad (…) ¿Si no están aplicando las leyes que protegen al medioambiente y al agua potable, por cuál motivo han de preocuparse de que las personas se contagien del Covid-19?”, expresó.

Con información de: eldiariodechihuahua.com