Escándalo en el INE: posibles sanciones a funcionarios por contrato de 1000 mdp

Procedimiento administrativo contra funcionarios del INE tras resolución del OIC

MESA DE REDACCIÓN:

El Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE) ha anunciado que está considerando aplicar sanciones a funcionarios que favorecieron a una empresa de automóviles al otorgarle un contrato por más de mil millones de pesos. Estos acontecimientos se remontan a abril de 2019, cuando la Dirección Ejecutiva de Administración firmó un contrato de arrendamiento por 1,037 millones de pesos con la empresa Lumo, que administra un parque vehicular.

Varios licitantes expresaron su descontento con la decisión y, para agosto de 2019, el Órgano Interno de Control (OIC) declaró la nulidad del procedimiento, ya que Lumo había declarado ser una “mediana empresa” a pesar de que sus estados financieros indicaban que debía considerarse una “gran empresa”.

Sin embargo, el INE procedió a repetir el proceso y, en un segundo fallo, volvió a otorgar la licitación a Lumo. En 2020, el OIC nuevamente declaró la nulidad y encontró evidencia de que las autoridades del INE habían “alterado la metodología para calificar la oferta económica”.

Lumo presentó una impugnación, lo que dio lugar a un tercer procedimiento. La Dirección Ejecutiva amplió la prórroga del contrato para que este finalice a fines de 2023.

Finalmente, las impugnaciones se resolvieron en enero de este año, a favor del OIC, y desde el 20 de junio se ha iniciado un procedimiento administrativo en contra de los servidores públicos que participaron en dicha licitación.

El Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE) ha anunciado que está considerando imponer sanciones a funcionarios que otorgaron un contrato de más de mil millones de pesos a una empresa automotriz. Estos hechos se remontan a abril de 2019, cuando la Dirección Ejecutiva de Administración del INE firmó un contrato de arrendamiento por 1,037 millones de pesos con la empresa Lumo para adquirir un parque vehicular.

Varios licitantes presentaron quejas sobre la decisión, y para agosto de 2019, el Órgano Interno de Control (OIC) anuló el proceso, ya que la empresa Lumo se había autodeclarado como una “mediana empresa”, aunque sus estados financieros indicaban que debía ser considerada como una “gran empresa”.

No obstante, el INE repitió el proceso y en un segundo fallo, nuevamente otorgó la licitación a Lumo. En 2020, el OIC declaró nuevamente la nulidad y comprobó que las autoridades del INE habían “alterado la metodología para evaluar la oferta económica”.

Lumo impugnó esta decisión, lo que condujo a un tercer procedimiento. La Dirección Ejecutiva amplió la prórroga del contrato para que finalice a finales de 2023.

Finalmente, en enero de este año, las impugnaciones se resolvieron a favor del OIC, y a partir del 20 de junio, se inició un procedimiento administrativo contra los servidores públicos involucrados en la licitación.