Seguirá Fiscalía tras Javier Corral
Tras el fallido intento de detención en la Ciudad de México la noche del miércoles pasado, el exgobernador Javier Corral fue declarado prófugo de la justicia, por lo que la Fiscalía Anticorrupción insistirá en ejecutarle la orden de aprehensión en su contra, librada por un juez de control penal estatal.
El exmandatario aparece como presunto responsable en la misma investigación por la que está también prófugo, desde el nueve de mayo de 2023, el que fuera su secretario de Hacienda, Arturo F. V.
Corral y el extesorero estatal están señalados por contratar un despacho de forma irregular, para que ayudara en la reestructuración de la deuda pública, al cual le pagaron 98.6 millones de pesos en dos exhibiciones, pero no existe evidencia del trabajo realizado.
La denuncia de hechos que motivó las causas contra Arturo F. V. y Corral Jurado fue presentada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado 23 de enero de 2023, tras detectar irregularidades mediante una revisión forense al estado de la deuda pública estatal, al finalizar la administración pasada.
La carpeta de investigación abierta a partir de esta denuncia y la orden de aprehensión obsequiada por un juez penal habrán de mantenerse dentro de los causes legales, por lo que la instancia ministerial seguirá tras el exmandatario
Una de las irregularidades detectadas fue la contratación de los servicios profesionales del despacho “López Elías Finanzas Públicas, S. C”. Derivado de dicha denuncia, a la Fiscalía le correspondió determinar el tipo penal y los probables responsables.
Al despacho, con sede en la Ciudad de México, le pagaron el servicio sin evidencia fehaciente de que haya realizado trabajos para la reestructuración de la deuda pública.
El pago de la Secretaría de Hacienda durante la gestión de Corral fue girado favor del despacho a nombre de Pedro López Elías, a quien contrataron el 6 de julio de 2019 para prestar servicios profesionales enfocados a la reestructura y/o refinanciamiento de la deuda pública.
La revisión forense, de acuerdo con el informe público emitido por la ASE, asienta que de 170 actividades que debieron de haber ejecutado, 137 son relatorías o documentos oficiales que emanan de la Secretaría de Hacienda y las otras 33 no fueron presentadas.
Además fueron detectados algunos entregables con fechas previas a la celebración del contrato, desde enero de 2019; adicionalmente, en marzo de 2022, personal entrevistado del Departamento de Información Financiera de Hacienda manifestó que participó activamente en las labores objeto de la contratación de prestación de servicios, de las cuales algunas de ellas fueron realizadas incluso sin apoyo del despacho.
Otras evidencias que documentó la auditoría forense fueron 52 prevenciones emitidas por la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas (UCEF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dado que los contratos de crédito que se pretendían inscribir en el Registro Público Único no estaban apegados a la normatividad aplicable.
Asimismo, mientras la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua señala que “no podrán crearse fideicomisos, otorgarse mandatos o celebrarse contratos o cualquier tipo de actos cuya finalidad sea evadir lo previsto en este ordenamiento”, fue utilizada la figura del fideicomiso para contratar de manera discrecional y directa al despacho, obviando la aplicación de la norma, lo que no le aseguró las mejores condiciones al Estado.
En este sentido, omitieron elementos como contar con suficiencia presupuestal, realizar la investigación de mercado, el dictamen de excepción y la autorización del Comité Especial, establecer en el contrato las garantías y penas convencionales, y registrar el contrato en el Sistema Electrónico de Compras.
La carpeta de investigación abierta a partir de esta denuncia y la orden de aprehensión obsequiada por un juez penal -dio a conocer ayer por su parte el fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzela- habrán de mantenerse dentro de los causes legales, por lo que la instancia ministerial seguirá tras el exgobernador.
Con información de: eldiariodechihuahua.com