Aumentan casos de desplazamiento forzado en Gpe y Calvo, pero no hay detenidos

El desplazamiento forzado interno en Chihuahua se ha incrementado desde hace 3 años en Guadalupe y Calvo, pero desde hace una década en la Sierra Tarahumara, a pesar de que el Estado atiende a las víctimas, no existen detenidos ni procesados por este delito. El próximo miércoles se realizará una mesa de seguridad en la zona.

El año pasado, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la tipificación del delito de desplazamiento forzado interno. Anteriormente se investigaba como consecuencia de un homicidio, amenazas o despojo.

En el capítulo VII del Código Penal del Estado de Chihuahua en el Artículo 206 Quater se establece que a quien o quienes por medio de la violencia física o moral, o por sus actos de violencia reiterada, con el propósito de ejercer el control, dominio o alguna actividad ilícita, ocasione que una persona o grupo de personas cambie, huya o abandone su lugar de residencia habitual, se le impondrá prisión de tres a diez años y de cien a cuatrocientos días multa.

Además se adiciona el siguiente párrafo en una reforma posterior: No se considerará desplazamiento forzado interno si el sujeto pasivo propicia o participa en hechos de violencia contra el activo, con alguno de los propósitos descritos en el párrafo que antecede, con independencia de que se pueda cometer algún otro delito en su perjuicio.

En la pasada legislatura se apuraron a sacar esta tipificación debido a la gravedad de la situación de desplazamiento, sin embargo como muchas otras es letra muerta.

Muchos de los casos de víctimas de desplazamiento reciben ayuda porque cuentan con recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos o de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, incluso por amparos otorgados.