Libres y sin cargos, Ministeriales acusados de abuso de autoridad y robo

Ciudad Juárez.- Con un pago de 308 mil 646 pesos por concepto de reparación del daño y una disculpa pública de entre cinco y once palabras, los agentes ministeriales acusados de robo y lesiones obtuvieron el perdón de sus seis víctimas, incluidas dos adolescentes.

Con dicho perdón, la causa penal 7196/2024 por abuso de autoridad, uso ilegal de la fuerza pública, robo agravado, lesiones calificadas quedó sobreseída por una jueza de control del Distrito Judicial Bravos, pese a las pretensiones del Ministerio Público de la Dirección de Inspección Interna de la Fiscalía General del Estado (FGE) de mantener viva la causa penal, debido a que en los dos primeros delitos no es aplicable el perdón de los ofendidos, pues se persiguen de oficio y no por denuncia, explicaron durante la audiencia inicial.

La sesión estuvo llena de contratiempos. Estaba programada para este viernes a las 10:15 de la mañana en la sala 17 de Ciudad Judicial, pero fue movida a la sala 19, e inició hasta el mediodía aproximadamente.

La primera fase fue el control de detención y retención, en que el juzgado calificaría la legalidad de las actuaciones policiales que llevaron a Ricardo Eduardo B. L., Juan Francisco G. I., Blanca Flor C. P. y Jamir Eduardo C. C. ante el Tribunal.

Dicha fase fue interrumpida en dos ocasiones, con recesos que fueron señalados como cortos pero sumaron más de hora y media sin actividad.

El Ministerio Público expuso que el 3 de diciembre, elementos de Inspección Interna (DII) recibieron un llamado para acudir al Hospital de la Familia, en Malecón 788, colonia Centro, pues había dos personas lesionadas a golpes víctimas, presuntamente, por los agentes aprehendidos.

Una vez en el sitio, los agentes de la DII entrevistaron a una de las lesionadas, Brenda V. C. de 36 años, quien explicó que estaba ahí por lesiones a tubazos que recibieron ella y su hijo de 16 años J. A. C. V., quien no estaba en condiciones de declarar en el momento.

Todos acudieron a la audiencia, y las lesiones del adolescente eran visibles, aún había marcas en su frente.

Las heridas les fueron infligidas en su propia casa, en la colonia Chihuahua, adonde al menos 10 policías ministeriales llegaron gritando “¡Policía Ministerial! ¡COE! (Centro de Operaciones Estratégicas)”, para luego “quebrar puertas y candados”, e ingresar sin orden de cateo.

Golpes con un tubo en cabeza, piernas y brazos le fueron aplicados por personas encapuchadas sin identificación oficial visible que viajaban en cuatro camionetas tipo pickup blancas de reciente modelo y sin placas visibles.

“¿Tienen un problema con los vecinos? Porque ya los pusieron”, escucharon decir a los agentes.

Brenda se dedica a la venta de zapatos tenis, por lo que contaba con algunos pares nuevos en su hogar, mismos que fueron robados y por los que discutieron los agentes allanadores, contó, para luego llevárselos. También se llevaron 52 mil pesos en efectivo que había en la casa, mientras cuatro de los agentes golpeaban al adolescente “por no abrirles”.

“¿Para qué son pendejos?, ¿No están viendo los sicarios que traemos?”, dijo Brenda que los agentes le advirtieron.

El hecho fue denunciado al número de emergencias 911, en un reporte que fue dirigido a la DII, que inició actuaciones al respecto. En la denuncia se detallaba el ingreso sin cateo a la vivienda de Brenda y su hijo, además del robo de otros 30 mil pesos y “otras cosas del lugar”.

Personal de la DII acudió luego al hogar en acciones de investigación ininterrumpida, donde entrevistaron a Jair Alexis C. V. Él contó que cerca de las 2:00 de la tarde estaba en casa cuando entraron personas encapuchadas gritando “¡Policía Ministerial, somos de Narcomenudeo!”, para luego ordenarles tirarse al piso a él y su madre Oralia V. S. y a su tío.

Luego los agentes fueron a otra parte de la casa donde golpearon a Brenda y su hijo, presuntamente, mientras Jair escuchaba gritos pidiendo detener las agresiones, y luego hubo dos disparos con arma de fuego. Brenda dijo que tenía perros bravos, por lo que los disparos fueron para amedrentar a los canes, pero tras detonar las armas el agente que lo hizo fue regañado por otro. Luego se fueron.

A Jair le quitaron mil 500 pesos y un celular Huawei, contó. Los agentes de la DII le pidieron acompañarlos para que identificara a sus supuestos agresores, por lo que terminó en la Fiscalía de Distrito Zona Norte, donde señaló directamente a G. I. y a C. P. en un punto, y en otro a L. B., C. C. y un agente llamado Mario Eugenio Palafox, que huyó corriendo tras el señalamiento. Los cuatro fueron detenidos formalmente cerca de las 6:00 de la tarde.

Les fueron asegurados casi 30 mil pesos en efectivo, diversos celulares, sus armas de cargo, y sus placas que los identifican como agentes del COE. En los vehículos que utilizaban se aseguraron capuchas, más armas oficiales y un control de videojuegos con motivos de Spider-Man.

La jueza consideró que hubo elementos suficientes para considerar legal la detención y retención de los acusados, pero enseguida el defensor particular, Irving Almaraz Ortiz, hizo del conocimiento a la jueza que, antes de la audiencia, se llegó a un acuerdo con las víctimas a través de su asesor particular Salvador Martínez.

El Ministerio Público de la DII luego informó que buscaba formular la imputación por los delitos de abuso de autoridad, uso ilegal de la fuerza pública, robo agravado y lesiones calificadas.

El defensor precisó detalles sobre el acuerdo reparatorio: en total se pagarían 308 mil 646 pesos por concepto de atención psicológica, daños, reparación del robo y lesiones, pero la DII reclamó que con eso no quedaban resuelto los delitos perseguidos de oficio.

Sin embargo, la jueza consideró que dado que las víctimas e imputados estuvieron de acuerdo en las medidas reparatorias, la causa quedaba sobreseída, ningún antecedente penal quedaría para los acusados y no habría decisión qué apelar ante un tribunal de alzada.

Personal del Tribunal precisó a El Diario que esta medida no representa de ninguna manera una aceptación explícita ni implícita de la responsabilidad penal del hecho, sino una aceptación de haber llegado a un acuerdo de reparación.

Junto con el pago, se acordó una disculpa pública que se realizó en el lugar y momento. Blanca Flor C. P. dijo “pido una disculpa por lo ocurrido y espero que se encuentren bien”; Ricardo Eduardo B. L., “me disculpo por todo lo sucedido”; Jamir Eduardo C. C., “me disculpo por lo sucedido”, y Juan Francisco G. I., “pido una disculpa pública por lo sucedido”.

Agentes de la DII se encuentran en posibilidad de continuar con las investigaciones por abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública aunque desde la esfera administrativa, pero al ser cuestionados al respecto señalaron que “eso se ve a través de Comunicación Social”.

Mientras tanto, Comunicación Social de la Fiscalía negó tener conocimiento sobre las siguientes acciones de la DII.

Con información de: eldiariodechihuahua.com