Duarte pidió para elecciones hasta 500 mdp en 2015 y hasta 800 mdp en 2016: Testigo

De acuerdo a una declaración ministerial recabada el 30 de junio del 2017 al testigo protegido identificado con el número 95A219W35L0M/2017, el ex gobernador César Duarte Jáquez solicitó entre 400 y 500 millones en el 2015, y entre 600 y 800 millones en el 2016, con el fin de financiar las campañas electorales.

Durante la audiencia de vinculación o no a proceso en contra del empresario Jaime Agustín Fong Ríos, el Ministerio Público dio lectura a la entrevista realizada al testigo que ocupó un alto cargo dentro de la administración estatal entre 2012 y 2016, por lo que tuvo la oportunidad de conocer cómo se desviaban los recursos públicos a través de procedimientos simulados de licitación, para fines patrimoniales y electorales.

Esta persona detalló que en una de las reuniones en Casa de Gobierno, el ex mandatario pidió a sus subordinados la extracción de entre 400 y 500 millones de pesos para campañas electorales de diputaciones federales del 2015, mediante “mecanismos aparentemente legales a través de los procedimientos licitarios que eran siempre adjudicaciones directas, buscando empresas idóneas que se dedicaban a facturar servicios no eran prestados”.

Estas empresas “idóneas” son identificadas como Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (Efos) y Empresas Deductoras de Operaciones Simuladas (Edos), según el SAT, y eran contactadas a través de “brokers”, como Antonio Tarín García, entre otros.

El entrevistado añadió que durante esta época se favoreció a diversos proveedores, entre ellos a Grupo Fritag, propiedad del imputado Fong Ríos.

Elecciones 2016

Posteriormente, a finales del 2015, Duarte Jáquez llamó nuevamente a sus allegados para planear el proceso electoral del 2016 a la guberantura, y les expuso que era necesario extraer el erario entre 600 a 800 millones de pesos, ya que en dichas elecciones también se votarían diputaciones y alcaldías.

Para esta operación se pretendía realizar todos los procedimientos en el 2015 para que fuera auditado ese mismo año y fuera aprobado por el Congreso del Estado, sin embargo, no fue posible hacerlo de esta manera y se tuvo que concretar en el 2016, alterando las fechas de las aprobaciones de suficiencias presupuestales y de contratos, a fin de que pareciera que se hicieron antes de que iniciara la veda electoral.

También se sugirió que para la simulación de contrataciones se realizaran a través de diversas dependencias como la Fiscalía, la Secretaría de Salud, entre otras, ya que ya no era posible que todos estos procedimientos salieran de la Secretaría de Hacienda.

De igual manera se hizo uso de organismos descentralizados como Pensiones Civiles del Estado y el Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), ya que este aparato manejaba 40 mil millones de pesos anualmente y este volumen operativo haría factible extraer entre 500 y 600 millones de pesos.

Finalmente, el testigo puntualizó que el mandatario les decía que él “no iba a tener ninguna responsabilidad y que no quería verse involucrado en los hechos e iba a negar cualquier situación de lo que se estaba planeado aunque él estuviera dando la instrucción de la operación y autorizando que se utilizaran esas dependencias u organismos”.

Con información de: entrelineas.con