Preocupante continúas agresiones a periodistas en Parral

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Parral.- En los últimos días, al menos tres periodistas han sido amedrentados de diversas maneras, ya sea mediante amenazas o atentados contra sus bienes patrimoniales, todo derivado de no ser “tapaderas” de ciertos funcionarios a quienes no les gusta que se den a conocer algunos aspectos del quehacer político y gubernamental.

Hace unos meses, Óscar Ramos Ozaeta, un experimentado comunicador de la prensa escrita y radiofónica, dimitió de su tarea como conductor de un noticiero de radio y lo hizo al aire, manifestando únicamente que por la seguridad propia y de su familia, dejaba el ejercicio periodístico.

El pasado 24 de octubre, el domicilio del Licenciado Fernando Lara Guerrero, sufrió el ataque cuando sin previa amenaza su casa fue lapidada, causando los autores del ataque severos daños a la vivienda, principalmente en los vidrios del inmueble.

Y este sábado por la noche, el automóvil oficial de Código 13 sufrió daños en el vidrio trasero, mismos que fueron ocasionados premeditadamente y al parecer con un bate de béisbol.

Estos hechos vienen a sentar un precedente negativo para los periodistas en la ciudad, y coinciden con la información que el medio de comunicación emite, respecto al mal actuar de ciertos funcionarios, principalmente municipales.

Y lo que es más importante y urgente de mencionar, nunca antes en la historia del periodismo en la ciudad de Parral, un reportero o locutor había recibido amenazas o agresiones por ser crítico en sus publicaciones.

Así que aunado al problema de inseguridad que sufre la sociedad en su conjunto, ahora el gremio periodístico en Parral, otrora ciudad en la que se podía emitir cualquier posicionamiento o crítica sin temor a amenazas o ataques, deberemos ser muy cuidadosos de la falta de control de quienes se sienten “aludidos o exhibidos”.

Vale recordar a esos personajes el Artículo 6 de nuestra Carta Magna.

“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado”.

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