Con Calderón y Peña, México dejó pasar la mercancía pirata

Las administraciones del panista Felipe Calderón y del priista Enrique Peña Nieto dejaron pasar mercadería falsificada y pirata destinada a terceros países.

Esa política enfrentó a la Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pues la primera argumentó que no había razón legal para impedir esa circulación, mientras el segundo arguyó lo contrario.

El gobierno de Calderón resolvió no ejercer acción alguna contra los productos falsificados o pirata, como consta en el oficio VG/1916/2011 del 24 de junio de 2011, de la Visitaduría General de la PGR, a cargo de César Chávez Flores, sobre las indicaciones a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Intelectual (UEIDDAPI).

“Para el caso de que se advierta del conocimiento de embarque, guías aéreas y/o documentación aduanal que las mercancías presuntamente apócrifas son del régimen de transbordo o tráfico en tránsito internacional, el agente del Ministerio Público no ordenará la retención, inmovilización o suspensión del libre tránsito de esas mercancías”, cita el documento, consultado por Apro.

Por ello, prosigue, el agente del MP deberá girar oficio a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR para que actúe “conforme a sus atribuciones y facultades” y, de estimarlo procedente, informe por vía diplomática al país del destino que corresponda respecto de las mercancías presuntamente apócrifas.

Su asidero legal era el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas inglesas) –predecesor de la Organización Mundial del Comercio (OMC)–, la Ley General de Navegación, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, vigente desde 1883, y la Declaración de Marrakech de 1994, que estipula la rebaja de los aranceles, apertura de mercados y protección de los derechos de propiedad intelectual.

Esa decisión contrastó con otras políticas aplicadas por Calderón, como la ejecución del Acuerdo Nacional contra la Piratería que su predecesor, el también panista Vicente Fox, suscribió el 30 de noviembre de 2006 -un día antes de entregar la banda presidencial a Calderón-, con dependencias gubernamentales, gobiernos estatales y cámaras empresariales. La PGR publicó ese acuerdo en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2007, ya bajo la gestión calderonista. Además, el combate a la piratería fue una de las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006-2012.

El SAT, dirigido en 2011 por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena –actual ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación–, discrepó de la nueva postura calderonista.

En el oficio 800-00-00-00-00-2011-12593, del 29 de septiembre de 2011, el administrador central de Regulación Aduanera del SAT señaló que no existe disposición en la legislación nacional o tratados internacionales que obligue al país a ignorar medidas al tránsito de mercaderías sobre las cuales se tenga sospecha de violar derechos de propiedad industrial.

“En los casos en que la mercancía falsificada sea detectada, incluso bajo la figura de transbordo, el agente del MP deberá ordenar su aseguramiento”, plantea el documento.

El tema desapareció del debate hasta 2014, cuando el titular de la Unidad Especializada, Arturo Ancona García López, argumentó que era necesario que la Visitaduría General emitiera un criterio que anulara el mandato dispuesto en 2011, según otro documento del 27 de abril de ese año dirigido a la esa dependencia.

Debido a la magnitud del fenómeno, la presión sobre la PGR se intensificó tres años después, cuando la Administración General de Aduanas del SAT ratificó, en el oficio 800-02-00-00-2017-2047 del 13 de marzo de 2017, la posición expresada en 2011, respecto de la ausencia de disposiciones en tratados internacionales que prohíban medidas contra el tránsito de mercancías o transbordo presuntamente violatorias de derechos de propiedad intelectual.

En otro oficio, el 800-02-00-00-2017-5419, fechado el 27 de junio de ese mismo año, esa dependencia planteó que el nuevo criterio de la Visitaduría General precise que, al detectarse el transporte e introducción al país de mercancías para su posible comercialización, no debe haber dudas sobre su destino comercial.

El cambio de postura de la Visitaduría General empezó a gestarse en 2016, durante la 88 reunión del Comité Interinstitucional para la Atención y Protección de los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, instancia que aglutina a representantes gubernamentales y de cámaras empresariales.

Como consta en el Quinto Informe de Labores 2016-2017 de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, a la cual está adscrita la UEIDDAPI, uno de los temas de la agenda se refirió a la situación jurídica de los contenedores en transbordo.

En esa junta del 19 de diciembre, representantes de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial (AMPPI), la Cámara Americana de Comercio de México y la Confederación de Cámaras Industriales argumentaron que era incorrecto el criterio de la Visitaduría General. “No se encuentra fundada la improcedencia de medidas provisionales contra la mercancía en tránsito o transbordo. La falsificación de mercancías es un delito que no sólo afecta intereses de particulares, sino que vulnera los derechos de diversos sectores de la sociedad y al propio Estado que deja de percibir importantes ingresos en impuestos”, cita el oficio PGR/VG/0133/2018, del 22 de enero último.

Ese documento, dirigido por la visitadora general Adriana Campos López a Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, encargado de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, resalta que la PGR “ha dejado de ejecutar las facultades de investigación y persecución de delitos relacionados con contenedores en transbordo”, principalmente por omisión de los agentes del MP en la integración de averiguaciones previas y en las consignaciones correspondientes.

No fue sino hasta enero de este año, cuando la Visitaduría General cambió el criterio mantenido desde junio de 2011. En el oficio citado, de ocho páginas de extensión, Campos, quien asumió la Visitaduría en septiembre de 2016, arguyó que “procede la tipificación prevista” en la Ley de la Propiedad Intelectual y el Código Penal Federal respecto de la introducción, almacenamiento o transportación de mercancía ilícita presuntamente violatoria de derechos de autor o propiedad industrial.

“El Estado mexicano no debe permitir que su territorio sea utilizado para el tráfico en tránsito de mercancía ilegal”, por lo que el agente del MP debe realizar la investigación y persecución del delito referido, sostuvo la funcionaria.

Paraíso comercial

México es una de las naciones de origen e intermediación de productos falsificados y pirateados, como consta en varios reportes.

El estudio El mercado sombra en México, comisionado por Amcham y elaborado en 2015 por el Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC), estimó que el mercado pirata representó para el país una pérdida de más de 43 mil millones de pesos, sin considerar el valor de las mercancías confiscadas, las pérdidas de empleo y de ingresos y los impactos en la salud y la seguridad de los consumidores.

El CIDAC calculó una pérdida de ingresos de unos 6 mil millones de pesos en cuestión de impuesto al valor agregado y halló que los productos más consumidos en el país son música, películas, ropa y calzado; cosméticos, productos eléctricos, de limpieza y medicamentos, software, juguetes, videojuegos, productos de cuidado personal y electrónicos; y cigarros y bebidas alcohólicas.

Por ese contexto, la Oficina del Representante Comercial (USTR, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos incluyó a México en su Lista Prioritaria de Observación, junto a otras 23 naciones, en abril último.

“Países como México no proveen de aplicación de la ley adecuada o efectiva contra el contra la falsificación y la piratería de mercancías. Adicionalmente, autoridades aduanales carecen de la facultad para tomar medidas ex oficio para decomisar y destruir esos bienes en la frontera o para adoptar tales acciones para la mercadería en tránsito”, acusa USTR en su Informe Especial 301, sobre la situación del respeto a la propiedad intelectual en el mundo.

Esa agencia, responsable de recomendar y desarrollar la política comercial de Estados Unidos mediante negociaciones comerciales bilaterales y multilaterales, señala que el cumplimiento de la ley nacional contra mercadería presuntamente violatoria de derechos de autor y propiedad intelectual en la frontera permanece “entorpecido por políticas abiertamente restrictivas”.

La PGR ha determinado que “no actuará contra el cargamento en tránsito de esas mercancías, a menos que haya una definición del impacto económico sobre el país, lo cual es virtualmente imposible de establecer dada la naturaleza de los movimientos en tránsito”.

Otro reporte de 2017 de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos y la Oficina de la Unión Europea (UE) para la Propiedad Intelectual expone el rol de México como puente de mercancías ilícitas para el mercado de Estados Unidos.

El informe Mapeando las rutas reales del comercio de mercancías falsas indica que China produce juguetes, juegos y equipo deportivo de imitación, uno de cuyos puntos intermedios es México, hacia América del Sur, por medios postales, aéreos y marítimos. India y Pakistán realizan esa misma actividad, con destino a Estados Unidos, la Unión Europea, Kuwait, Arabia Saudita y México, que también sirve de puente hacia otras plazas. Así operan también falsificadores de China y Hong Kong.

Estadísticas de la UEIDDAPI indican sobresaltos en el combate contra la piratería, pues en 2014 las autoridades catearon 680 inmuebles, cifra que bajó a 455 en 2015 y a 189 en 2016. A junio de 2017, esa cantidad se recuperó a 354.

Los operativos realizados sufrieron también esa caída, pues totalizaron 63 en 2014, crecieron a 256 al año siguiente y resbalaron a 82 en 2016. En junio de 2017 iban 50.

Además, las autoridades llevaron a cabo 57 operativos en aduanas, 10 en vía pública, desmantelaron tres laboratorios clandestinos para la elaboración de videogramas, aseguraron mil 77 aparatos para reproducir CDs y 3 millones 170 mil 640 artículos; 5.01 toneladas de ropa, 86 kilos de bolsas, cinturones y calzado y detuvieron en flagrancia a 215 personas.

La UEIDDAPI abrió 578 carpetas de investigación por delitos contra derechos de autor y propiedad industrial.

Negocio corrupto

Debilidad institucional, corrupción y falta de cumplimento de acuerdos internacionales subyacen en la decisión de la PGR de permitir el paso de mercadería en tránsito sospechosa de violar derechos de propiedad intelectual, a criterio de expertos.

José Luís Ramos, asociado senior del despacho Uhthoff Gómez Vega & Uhthoff –miembro de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual–, recuerda la diferencia entre el combate a la piratería antes y después de 2011.

Al aseguramiento de mercadería en tránsito “surgió una oposición muy fuerte, especialmente de las navieras, que rentan el contenedor para trasladar la mercadería, y también se quejaron las embajadas de Guatemala y El Salvador”, rememora para Apro.

“También hubo corrupción dentro del MP, para liberar contenedores asegurados. Se dejaron de investigar y asegurar contenedores en transbordo. Nos decían que era un criterio técnico y que los MP estaban obligados a cumplirlo. Tratamos de revertir eso, fue un proceso muy largo, pero había reticencia muy fuerte dentro de la PGR”, señala el experto.

No existen cifras fiables sobre el volumen de la mercadería pirata en tránsito hacia terceros países, pero Ramos calcula que 25 o 30% del total de contenedores pertenece a ese ramo.” Hubo un impacto fuerte para los titulares de derechos, hubo momentos en que no había aseguramientos mensuales” de las marcas de sus clientes, asegura.

Para Juan Pablo Aguirre, investigador del Instituto Belisario Domínguez -adscrito al Senado-, es un crimen transnacional y con colusión de autoridades de otros países. “Hay proveedores, autoridades, vendedores y distribuidores involucrados. Hubo un abuso de acuerdos comerciales e implicó aumentar el delito y el fortalecimiento de las mafias”, dice el autor del estudio de 2016 Piratería en México y sus efectos en la sociedad a Apro.

Para el especialista, el problema persiste, pues los “los productos apócrifos están a la vista de todos, en cualquier plaza del país se pueden encontrar”.

En su reporte anual, USTR señala que “las largamente esperadas actualizaciones a la ley de derechos de autor y su aplicación, así como el cumplimiento ineficaz de la propiedad intelectual –particularmente con respecto a imitación de mercancías y piratería en línea–, se mantienen desafiantes”.

Por ello, instó a México a otorgar a las autoridades aduaneras la facultad exoficio para proceder contra la falsificación o la piratería de bienes en tránsito o en transbordo.

Con información de: proceso.com