Sin acuerdos indígenas y Estado por aeropuerto de Creel

Exigen el pago de más de 102 millones de pesos como remediación por los daños ambientales
* Mantendrán plantón hasta platicar con el Juez Octavo Federal

Al no recibir una contrapropuesta por parte Gobierno del Estado, ni la aprobación del pago de 93 millones de pesos por el daño ecológico que causó la construcción del aeropuerto internacional de Creel, los indígenas de la comunidad de Repechique manifestaron su intención de continuar con el plantón y aumentar el monto económico para resarcir los daños.

Así lo explicó Luis Pérez, representante de los rarámuris de la región, al detallar que fue desde el viernes que se giró un pliego petitorio con 11 puntos en los que explicaron las afectaciones materiales e inmateriales ocasionadas por la obra, con base en un peritaje avalado por especialistas de la UNAM, no obstante, al paso de cinco días, el Gobierno no llegó a la comunidad con una contrapropuesta, por lo que agregaron una cuota del 10 por ciento en el pago que mostraron inicialmente.

Es decir, que a los 93 millones de pesos iniciales, se les agregaron 9.3 millones adicionales, con lo que la suma cerró en 102 millones de pesos.

La propuesta fue desechada de forma inmediata por los funcionarios, al considerarla como una táctica que evidencia el interés económico sobre la remediación natural o la preservación del ecosistema virgen de la región.

Miguel Ángel González, coordinador de la Tarahumara, indicó que los 80 miembros de la comunidad de Repechique no son los únicos perjudicados por la construcción del aeropuerto, sin embargo, por ser los que interpusieron el recurso federal son los que perciben prioridad en la demanda, aunque hasta el momento muchas de sus propuestas carecen de solvencia.

Para ejemplo, la construcción de un túnel en las inmediaciones del aeropuerto, el cual tiene un costo de 30 millones de pesos y no tendría mayor funcionalidad que el flujo de personas por la parte posterior del aeropuerto, por ende deberán de analizarse las propuestas y desecharse aquellas que no beneficien a los pobladores indígenas.

En total, el censo del Gobierno sobre los habitantes de la localidad mostró a más de 600 habitantes de grupos étnicos pertenecientes a 27 comunidades, los cuales fueron integrados a los proyectos de remediación, condición que disgustó a los habitantes de Repechique.

Entre las exigencias del pliego petitorio destacó también la ampliación del perímetro desde el aeropuerto hasta la zona donde radican las comunidades, punto que se aplicó con un margen de 4 kilómetros, asimismo, la rehabilitación de los aguajes que fueron contaminados e interrumpidos por la obra y que se utilizaban por la comunidad de Repechique para consumo personal.

En el punto de reforestación, fue particularmente en el que se mostraron más inconformidades, dado que se contrataron a indígenas de comunidades en la Sierra para el trabajo desde hace mes y medio y no se entregó el recurso a la comunidad para que se responsabilizaran de los trabajos ambientales.

Las inconformidades y la falta de apertura por parte de Repechique fueron catalogadas como una especie de recurso dilatorio con el que se busca terminar los tiempos del Gobierno ante la orden del juez federal para remediar los daños, externó Miguel Ángel González.

Por otra parte, el Gobierno del Estado acatará la resolución que emita el Juez que conoce la demanda de los habitantes de Repechique, pero la decisión se aplicará en 37 comunidades rarámuris por daños causados en la construcción del aeropuerto regional de Creel, cuyas obras están bloqueadas por habitantes de Repechique, quienes exigen un monto de 93 millones de pesos por daños a caminos, aguajes y otras áreas colindantes con el aeródromo.

El vocero de los habitantes de Repechique, Luis Pérez, manifestó que después de una breve consulta con sus compañeros y los asesores, la decisión tomada sería que el Gobierno del Estado tendría que cubrir los 93 millones de pesos y de no hacerlo este día la cifra amentaría en un 10 por ciento.

Luego de platicar con los manifestantes, de que se sentaran a discutir punto por punto la propuesta presentada por los afectados, para luego así avanzar en el proceso de reparación de los daños, el vocal ejecutivo de la Coordinación Estatal de la Tarahumara, Miguel Ángel González, explicó que existe la mejor de las disposiciones para facilitar que los ejidatarios no sigan soportando duras condiciones de clima y techo por buscar un recurso económico, mismo que hace falta para repartir entre las comunidades.

UN JUICIO DE POR MEDIO QUE SE HA IDO DESAHOGANDO
La comunidad, en uso de los derechos que le conceden las leyes nacionales e internacionales, planteó una demanda en contra de quien construye el aeropuerto, el juicio procede y el Juez ordena realizar una consulta pública, misma que se realizó, pero aun cuando los de Repechique la pidieron, no participaron en la misma.

El Juez ordenó dos pagos, uno material y otro inmaterial. El primero consistió en reforestar 60 hectáreas de tierra, pero el Estado estaba dispuesto a reforestar 90 hectáreas, y como la comunidad no estuvo de acuerdo en la forma en que se reforestaría, se detuvo esa actividad.

Asimismo, la resolución ordenó recorrer la malla perimetral de la pista y se redujo en 4 hectáreas. También incluía la reparación de algunos aguajes que estaban dañados por las obras. El plazo perentorio para la realización de lo determinado es de 6 meses a partir del 30 de diciembre por lo que ese lapso termina el 30 de junio.

En el sitio del bloqueo funcionarios del Estado acudieron a plantear la posibilidad de una negociación, consultada con el Juez, y que permitieran seguir trabajando. Sin embargo, el vocero mantuvo su posición y no fue posible llegar a ningún acuerdo.

“No podemos, no debemos y no lo vamos a hacer por ningún motivo fuera de la instancia judicial. Nos tenemos que poner de acuerdo con ellos”, resaltó el funcionario. Agregó que no es posible negociar con base en la propuesta de 93 millones de pesos y 10 por ciento más por la tardanza en la negociación.

El monto económico que el Juez determine, mayor o menor a la solicitud, será el que se acate, dijo. Reconoció que los habitantes de Repechique fueron quienes interpusieron la demanda, por lo que es de esperarse que tengan más amplios beneficios en la indemnización ordenada.

El Juez tendrá que revisar los elementos aportados por las partes, y decidir a quién le corresponde más o menos. “Lo único que venimos a decirles es que estamos de acuerdo en lo que diga el Juez. Si tenemos que esperar a que el Juez venga, esperaremos, pero nosotros venimos con la intención de ir abonando a la reposición de los daños”, acotó.

El pliego petitorio entregado por los ejidatarios con base en un estudio realizado por expertos de la UNAM, que propone acciones como la construcción de un túnel por debajo del aeropuerto con un costo de 30 millones de pesos para que los pobladores puedan trasladarse de un lugar a otro, sin embargo habría que ver la viabilidad del proyecto ya que mantiene un costo de 30 millones de pesos.

La corrección de linderos del aeropuerto con costo de 2 millones de pesos, se está haciendo y está por terminarse. El problema fue que se contrató gente de otras comunidades y no les agradó a los de Repechique. Asimismo, la lista de peticiones incluye la reforestación del bosque, la reparación de aguajes, un sistema de transporte para que los niños vayan a la escuela y las personas se trasladen desde sus comunidades, políticas de desarrollo, instauración de nichos de mercado y reconocimiento del territorio de la comunidad, por eso el vocero dijo que eso no estaba incluido en la propuesta de los 93 millones de pesos.

En el diálogo celebrado en la entrada al aeropuerto estuvieron también el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Eduardo Esperón; así como funcionarios del fideicomiso Barrancas del Cobre, Secretaría de Economía y de la Dirección de Gobernación estatal.

Con información de: omnia.com.mx