Líderes de asentamientos indígenas denuncian despojo y amenazas de dirigente

Las gobernadoras indígenas de los asentamientos de la ciudad de Chihuahua –Carlos Díaz Infante y Pájaro Azul– denunciaron al presidente de la asociación de Asentamientos Tarahumares, Eleazar Sánchez, por despojo y amenazas contra las familias rarámuri de los asentamientos, por negarse a pagar renta.

Isabel Hernández Pérez, gobernadora del asentamiento Carlos Díaz Infante; María del Refugio Romero Espino, gobernadora del asentamiento Pájaro Azul y Cristina Nava Churo, capitana del primer asentamiento, informaron el domingo pasado en la plaza Hidalgo de la capital, que ambas comunidades localizadas al sur de la ciudad, eran ejemplo de organización hasta que llegó Eleazar Sánchez.

“Estábamos muy bien hasta que llegó un señor que se llama Eleazar Sánchez, él no es rarámuri y no entiende nuestras costumbres. Cuando era director (del albergue Carlos Arroyo) sacaba las cosas de la gente de sus casas y los dejaba afuera. A otras gentes les decía que los iba a llevar a una casa mejor y los dejaba tirados en las orillas de la ciudad, como el caso de Catalina, a quien se le murió su hijo después de que la desalojaron. Eleazar ahora dice que él es el presidente de la asociación y quiere vendernos las casas o sacarnos de nuestra comunidad”, denunciaron en un comunicado que leyeron frente al palacio de gobierno.

Las gobernadoras detallaron que hace más de veinte años, varias familias tuvieron que salir de la Sierra Tarahumara y llegaron a la ciudad de Chihuahua, porque en sus pueblos no había oportunidades de trabajar ni de estudiar.

Llegaron a la capital, se instalaron en un asentamiento que estaba ubicado en El Palomar, en zona céntrica de Chihuahua, pero durante la administración del exgobernador Patricio Martínez García, mandó desalojarlos.

Las familias se fueron a unos terrenos abandonados al sur de la ciudad. Los sacerdotes jesuitas, como el padre Carlos Díaz Infante, los apoyó y consiguió los terrenos donde comenzaron a construir las casas con material reciclable y madera.

Posteriormente, el jesuita Óscar Reynal continuó con el proyecto de la construcción de cuatro casas recicladas y la ocupación de otras ya construidas, donde viven actualmente.

“Desde entonces los padres nos dijeron que podíamos quedar a vivir aquí hasta que quisiéramos, si no rompíamos las reglas como no tomar, tener un trabajo, cuidar a nuestros hijos e hijas y mandarlos a la escuela y otras reglas”, explicaron.

En los asentamientos han hecho su vida, comenzaron a construir su patrimonio, formaron sus familias, hasta hacerlos ejemplo de otros asentamientos.

“Los padres jesuitas Óscar Raynal, Carlos Díaz Infante y Carlos Arroyo, entre otros, hicieron una asociación para que consiguieran recursos y nos siguieran ayudando con lo que necesitaría la comunidad”, explicaron

Cuando llegó Eleazar Sánchez, indicaron, les aseguró que quería ayudarles, pero ya no le creen.

“Cuando uno quiere ayudar de verdad, no deja a la gente tirada, ni te obliga a pagarle la gasolina, ni te saca de tu casa. Eleazar lo único que hace es queremos vender las casas y decirnos que si no las pagamos nos va a sacar, nos amenaza. Ese señor ya no tiene respeto, no respeta a las autoridades indígenas. Entra, hace y dice lo que quiere, nos contradice y nos falta al respeto como autoridades indígenas y como personas”.

Advirtieron que se niegan a que Eleazar Sánchez o cualquier emisario enviado por él, entre a sus comunidades o lo sutilice para pedir dinero o cualquier tipo de recurso, porque en nada les beneficia.

“Cualquier muestra de solidaridad para con nuestras comunidades es bienvenida pero siempre con dignidad y respeto a nuestros usos y costumbres.

“Es por eso que pedimos su apoyo como gobierno, otros pueblos indígenas, asociaciones civiles, medios de comunicación y personas que apoyan esta asociación para defender nuestras comunidades y nuestras casas que es lo único que tenemos desde que llegamos aquí”, agregaron.

En entrevista con Apro, María del Refugio Romero Espino dijo que después de lo que hicieron en el asentamiento Carlos Arroyo, donde dividieron a la comunidad y vendieron las viviendas, la gente del asentamiento que ella dirige está preocupada por lo que harán con los otros.

“Nos quieren sacar, quieren cobrar rentas. Nosotros somos como 70 familias”, dio a conocer la gobernadora indígena.

Isabel Hernández Pérez dijo que el problema inició hace alrededor de cinco años, cuando Eleazar Sánchez se hizo cargo del asentamiento Carlos Díaz Infante, porque él no respeta a las gobernadoras, ha vendido las casas y no avisa de los proyectos a las autoridades indígenas, como si trabajara sólo él. En ese asentamiento son alrededor de 36 casas y unas 40 familias.

En febrero pasado, un grupo de mujeres y hombres indígenas acudieron a una reunión con integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso, en la que los diputados desayunaron frente a ellos sin invitarlos. Ese hecho causó indignación en la sociedad. Después algunos legisladores decidieron apoyarlos.

Desde 2012, los indígenas del asentamiento Carlos Díaz Infante han sido desalojados de asentamientos tarahumaras que fueron construidos por los jesuitas para preservar sus costumbres y tradiciones

Los afectados han denunciado sus casos ante la Fiscalía General del estado (FGE) y ante la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, sin resultados hasta ahora.

Apro publicó una serie de testimonios de familias desalojadas de los asentamientos, que han perdido seres queridos y pertenencias durante los despojos de sus respectivas viviendas, a partir de que cambiaron el esquema para vivir en los asentamientos.

ONG exigen respeto a los asentamientos

Un grupo de organizaciones civiles reprobaron la imposición de esquemas de compra-venta de viviendas y las amenazas de despojo de la asociación Asentamientos Tarahumares, contra las dos comunidades mencionadas.

En un comunicado de prensa emitido después de la denuncia de los indígenas en la plaza Hidalgo, los activistas repudiaron las acciones que promueve el director y presidente de la asociación, Eleazar Sánchez.

“Obliga a las familias asentadas a ‘comprar su vivienda’ a condición de no ser desalojadas. Este esquema ya fue puesto en marca en el asentamiento Carlos Arroyo, donde fueron desalojadas varias familias sin acceso a una defensa o juicio alguno, lo cual representa una violación al debido proceso”.

Las organizaciones hacen énfasis en que hasta ahora no se han reparado los daños causados a la dignidad, vida y patrimonio de las familias expulsadas de ese asentamiento.

“Tenemos la convicción de que el objeto original y presente de los espacios en estos asentamientos, es el ofrecer una vivienda accesible a la población perteneciente a los pueblos y comunidades indígenas que arriban a la ciudad en condiciones de enorme adversidad, para darles la posibilidad de establecerse en condiciones dignas.

“Esta oportunidad que les fue otorgada fue aceptada por los ahora habitantes y hasta ahora les ha permitido continuar con sus proyectos de vida y proteger su cultura, permitiéndoles regresar a sus territorios serranos cuando se generen las condiciones adecuadas sin causar la ruptura de su proyecto cultural y de su red social”, añadieron.

Señalaron que la misma asociación que en el pasado les ofreció de manera incondicional la oportunidad de tener un espacio de asentamiento indefinido, de la noche a la mañana les obliga a adquirir un crédito ante instituciones financieras privadas sin el acceso adecuado a la información, al diálogo ni a la consulta previa.

“Ante el escenario de no adaptarse a las rígidas condiciones impuestas, la amenaza de desahucio significa no sólo el incumplimiento de los acuerdos originales, sino una violación al derecho a la vivienda, a la cultura y a la dignidad propia de la persona rarámuri migrante de un espacio seguro, donde se dé continuidad a la identidad y a la cultura, así como a la cohesión de la colectividad amplia a la que pertenecen”.

Advirtieron que para los firmantes del comunicado la postura de Asentamientos Tarahumares, es la reproducción de una discriminación institucional y paternalista, que subestima a los pueblos originarios y sus comunidades y miembros, y toma decisiones unilaterales sin la menor consideración a los derechos consagrados en el sistema de derecho nacional e internacional.

Llamaron a Eleazar Sánchez y al consejo de la asociación, a respetar las decisiones tomadas por las comunidades y que sean ellas las que decidan lo mejor para la continuidad del proyecto de los asentamientos, así como a respetar el espíritu que le dio origen.

Con información de: proceso.com