Con ampliación de controversia, Peña Nieto quiere anular El Conejazo
La controversia que presentó la Presidencia de la República, pretende también anular la investigación contra Antonio Tarín y Gerardo Villegas, quienes presuntamente operaron el desvío de 250 mdp.
En el escrito que presentó la Consejería Jurídica, a cargo de Misha Leonel Granados, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solicita que declare “invalidas” las investigaciones de la Fiscalía de Chihuahua, pues invade competencias que son exclusivas del Gobierno Federal, por lo que alega conflicto competencial para el artículo 20 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la que definen las competencias para las investigaciones de los delitos del fuero común.
Expone: No hay que perder de vista que, a raíz de las consignaciones llevadas a cabo por el Gobierno del Estado de Chihuahua en la causa penal 780/2017 del índice del Juez de Control de Distrito Judicial Morelos del Tribunal Superior del estado de Chihuahua, el gobernador manifestó en reiteradas ocasiones que existen diversas investigaciones por parte de la Fiscalía local, en las que relacionan a diversos funcionarios federales”, expone el documento que publicó Aristegui Noticias.
También la Presidencia impugna el artículo 7 del Código Penal del Estado de Chihuahua, que determina la competencia y el principio de territorialidad para investigar los delitos del fuero común.
Las investigaciones por el desvío de 250 mdp son contrarias al pacto federal, pues los estados no pueden someter a la Federación al control político, defendió la Consejería Jurídica.
“Las entidades federativas no pueden someter a juicios del orden penal a funcionarios federales puesto que, de lo contrario, sometería al orden federal al control político y judicial de la entidad federativa, cuestión contraria al pacto federal y sus reglas”, dice el documento.
Fue este 11 de octubre, cuando la Presidencia de la República a través de su consejería jurídica interpone controversia constitucional y reclama la competencia sobre las investigaciones del caso de Alejandro Gutiérrez, a quien la Fiscalía de Chihuahua lo acusa de desvíar 250 millones de pesos.
Lo anterior, en base a que también el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, señaló en ocasiones previas, afirmó que sería ilógico pensar que estos desvíos, que forman parte de la Operación Zafiro, no tuviera conocimiento el presidente de la república, Enrique Peña Nieto.
Fuente: http://www.tiempo.com.mx