El Segundo Tribunal Colegiado de Toluca dejó insubsistente otra orden de aprehensión en contra del ex gobernador César Duarte Jáquez por un presunto pago de 2 millones 420 mil pesos al diputado local Fernando Reyes, para que este aprobara la bursatilización de bonos carreteros, según información de la agencia nacional Reforma.
El Tribunal ordenó a un juez de control local de Chihuahua valorar otra vez si se debía o no autorizar el mandato de captura, pues consideró que esta orden de aprehensión fue un fallo que cuestiona el uso de testigos de identidad reservado por parte de la Fiscalía General del Estado, ya que en la Carta Magna solamente se está autorizado en casos de delincuencia organizada.
Se explicó que la Constitución establece específicamente que el único supuesto en que podría mantenerse en reserva el nombre y datos del acusador es en casos de delincuencia organizada, según sentencia del amparo en revisión 296/2018.
Por tal motivo, la autoridad responsable deberá exponer los fundamentos y motivos que le permitan decidir si la reserva de identidad por la que optó la Fiscalía para solicitar la orden de captura, es legal y a partir de aquí pormenorizar los razonamientos para justificar si existe o no adecuación entre los hechos atribuidos al imputado por parte de testigos protegidos y si estos se encuentran corroborados con sustento probatorio que obra en la carpeta de investigación.
Hace una semana se cayó otra orden de aprehensión en relación al desvío de los 250 millones de pesos del erario de Chihuahua a las arcas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues un tribunal estableció que no podía ser girada una orden de aprehensión por un juez local si el asunto a tratar correspondía al índole federal, es decir los recursos desviados tenían como víctima a la federación.
Por tal motivo se instruyó a un juez federal conocer los detalles de la carpeta de investigación que involucran al ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, para determinar si se libera o no otra orden de captura.