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Falla en Michoacán estrategia federal
Posted On 10 Ago 2019
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Ciudad de México.- El estado de Michoacán suma desde 2006 más de veinte operaciones federales de seguridad “integrales”, “conjuntas” o “coordinadas”, pero ninguna ha sido efectiva.
Por el contrario, en 11 años los homicidios dolosos se incrementaron 163 por ciento, al pasar de 527 denuncias en 2007 a mil 388 en 2018.
Con distintos nombres, los operativos han sido encabezados por el Ejército, la Marina y la Policía Federal, que en diferentes momentos acusaron contubernio de las autoridades de Michoacán con el crimen organizado.
En diciembre de 2006, el ex Presidente Felipe Calderón puso en marcha el operativo “Michoacán Seguro”, con más de 5 mil elementos federales, en un intento por pacificar al Estado, en ese momento azotado por La Familia Michoacana y otras agrupaciones criminales.
“En una palabra, (se busca) recuperar la normalidad y la tranquilidad de los mexicanos que habitan en ese Estado”, expresó entonces el ex Mandatario.
Tres años después, en 2009, el Ejército envió otros 2 mil efectivos a Michoacán para el reforzamiento de la seguridad en 10 municipios; en tanto que mil 300 policías federales arribaron a Morelia.
Para enero de 2014, el Gobierno de Enrique Peña Nieto nombró a Alfredo Castillo como Comisionado federal de Seguridad en Michoacán con el objetivo de frenar la aparición de grupos de autodefensa armados que se expandieron principalmente en la zona de Tierra Caliente.
La misión de Castillo, financiada desde la Secretaría de Gobernación, fue plantear la estrategia militar para recobrar la paz y tranquilidad en la entidad, también mediante un nuevo “Operativo Conjunto Michoacán”.
Castillo creó un cuerpo policial llamado Fuerza Rural para “regularizar” a los grupos de autodefensa, pero éste fue rápidamente infiltrado por criminales integrantes de Los Viagras, los Caballeros Templarios y otros grupos, según denuncias ciudadanas.
En este periodo de 11 años, un ex Gobernador –Jesús Reyna– y un hijo de otro ex Gobernador –Fausto Vallejo– fueron procesados penalmente por presuntos vínculos con el crimen organizado.
