Aprueba CERESO de Guachochi evaluación internacional
El Centro de Reinserción Social número ocho ubicado en Guachochi obtuvo una calificación de 100 por ciento en la auditoría practicada por la American Correctional Association, con lo cual podría obtener la primer re-acreditación ante este organismo internacional.
Este jueves y viernes, personal de ACA acudió al CERESO estatal número ocho con la finalidad de auditar los estándares tanto obligatorios como no obligatorios, con los que se evalúan las condiciones de un centro.
La comitiva encabezada por la Fiscal Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, Nora Angélica Balderrama Cano y el líder del grupo de auditores, recorrieron las instalaciones del Penal como: estancias, cocina, área deportiva, escuela, talleres y oficinas administrativas.
Es importante mencionar que esta es la primera evaluación para la re-acreditación del Centro Penitenciario, la cual se realiza cada tres años, con el propósito de mantener vigentes los protocolos.
Durante la auditoría, la Fiscal Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, Nora Balderrama Cano, explicó que este Centro Penitenciario es modelo a nivel nacional ya que se dentro del proceso de reinserción social, se fomenta y promueve los usos y costumbres de la población rarámuri.
En esta auditoria se cumplió con el total de 136 estándares divididos en siete áreas, cada una con metas y resultados medibles, en: 1) Seguridad –proveer un ambiente seguro; 2) Protección – proteger contra daños; 3) Orden – mantener un ambiente ordenado; 4) Cuidado – proveer las necesidades básicas y atención personal; 5) Programa y Actividades – ayudar a las personas privadas de la libertad a reintegrarse exitosamente a la comunidad; 6) Justicia – tratar a la población de forma justa y con respeto de sus derechos legales; 7) Administración y Gestión- administrar y manejar los centros de forma profesional y responsable.
La American Correctional Association por sus siglas en inglés, es una institución internacional fundada en 1870 por profesionales del área de prisiones, quienes se encargaron de desarrollar los principios fundamentales para el trato a las personas privadas de la libertad.