Busca EU extender cierre fronterizo

El gobierno de Trump planea extender de manera indefinida las restricciones fronterizas impuestas para detener la propagación del coronavirus y reforzar sus severas medidas con fundamento en las amplias facultades de salud pública que ya han impedido el ingreso a Estados Unidos de migrantes que buscan protección contra la persecución, según afirman varios funcionarios y el borrador de una orden de salud pública, informó The New York Times.

El 21 de marzo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) impusieron una restricción de 30 días a todos los viajes no esenciales a Estados Unidos desde México y Canadá.

Esa medida cerró los puntos legales de entrada al turismo y estableció el retorno inmediato a México, o a sus países de origen, de los inmigrantes que cruzaran la frontera de manera ilegal. Desde entonces, sólo dos migrantes han podido permanecer en Estados Unidos para solicitar asilo, según un funcionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración.
La orden –que el 20 de abril fue extendida otros 30 días– forma parte de un amplio esfuerzo liderado por Stephen Miller, el arquitecto de la agenda migratoria del presidente Donald Trump, con el fin de utilizar agresivamente las leyes de salud pública para reducir la inmigración mientras el Gobierno lucha contra el virus.

Pero una nueva orden, que se encuentra en proceso de revisión en varias agencias gubernamentales, tiene la intención de extender las restricciones indefinidamente.
Una vez que sea emitida por Robert Redfield, director de los CDC, las restricciones fronterizas permanecerán vigentes hasta que se decida que el virus ya no representa una amenaza.
Esta medida de extensión indefinida se está proponiendo a pesar de que Trump ha estado presionando a los estados para que inicien la reapertura de sus economías, con el argumento de que la amenaza del virus disminuirá rápidamente.

“Voy a extender la duración de la orden hasta que se determine que el riesgo de introducción del Covid-19 en los Estados Unidos ha dejado de ser un peligro para la salud pública”, dice la copia del proyecto a la que tuvo acceso The New York Times.
Si bien los funcionarios de los CDC evaluarán los peligros que representa el virus para el público estadounidense cada 30 días, la nueva orden en esencia significa que la frontera estará cerrada para los inmigrantes hasta que Redfield diga de manera explícita lo contrario, y no los CDC.
El gobierno de Trump ha utilizado los riesgos que plantea el coronavirus para justificar sus restrictivas políticas de inmigración, que incluyen la detención de los vuelos de refugiados, las ceremonias de naturalización y la emisión de muchas green cards para quienes se encuentran fuera de Estados Unidos.

Sin embargo, Trump permitió el otorgamiento de visas temporales para los trabajadores de temporada y además consideró esenciales para Estados Unidos a los trabajadores agrícolas y los empacadores de carne, muchos de los cuales son inmigrantes.
No está claro cuándo planea el Gobierno emitir formalmente la nueva orden, la cual, según los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, es necesaria para prevenir la propagación del virus en los centros de detención a lo largo de la frontera.

Las restricciones existentes expirarán el 21 de mayo. La Casa Blanca declinó hacer comentarios para este reportaje.

Los CDC no respondieron preguntas sobre los criterios que Redfield ha utilizado para extender la medida fronteriza, la cual también ha sido utilizada por los funcionarios para rechazar sin más a los niños que cruzan la frontera solos, en vez de remitirlos a un refugio administrado por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.

La naturaleza indefinida de la orden causó alarma entre los defensores de la inmigración, quienes acusaron a Miller y al gobierno de Trump de usar la pandemia para imponer restricciones de inmigración que siempre habían querido que fueran permanentes.

El Gobierno ya había impuesto una serie de restricciones migratorias en los últimos tres años y, en varias ocasiones antes de la crisis, Miller y otros funcionarios analizaron el uso de leyes de salud pública para reducir aún más la inmigración.