Solaparon corrupción de estatales 4 meses

Chihuahua.- Nueve policías adscritos a la Comisión Estatal de Seguridad (CES) fueron detenidos el pasado miércoles acusados de abuso, robo e investigados por homicidio, y presuntamente solapados por el excomisario Óscar Alberto Aparicio Avendaño, y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) actual, Emilio García Ruiz.

Los hechos se dieron tras la detención ilegal de un menor de 14 años en la frontera y el presunto robo de joyería y una caja fuerte con 400 mil pesos de dinero en efectivo en una vivienda, así como el asesinato del denunciante, lo que destapó una presunta red de corrupción en el interior de la corporación y complicidades, solapadas por el extitular de la CES, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, y el actual secretario de Seguridad Pública estatal, Emilio García Ruiz.

El 30 de enero del presente año, los referidos agentes a bordo de vehículos oficiales estuvieron involucrados en la privación ilegal de la libertad del hijo de José Ángel M. M., dueño de la propiedad en la que se cometió el robo, quien tras haber interpuesto la denuncia correspondiente en contra de los policías estatales, apareció asesinado el 22 de marzo en el Camino Real de Ciudad Juárez, situación que ya conocían los altos mandos de la CES, pero no hicieron nada.

Con la llegada de Emilio García Ruiz a la SSPE el 7 de febrero de este año, la dirección de Inspección Interna, encargada de investigar las quejas y denuncias en contra de los elementos, siguió sin intervenir ni suspender a los policías involucrados.

Los policías fueron ingresados desde la noche del pasado miércoles a las instalaciones del Cereso estatal número 3 de Ciudad Juárez en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

Los policías de la CES acusados fueron identificados como Francisco Javier H. L., José Luis C. C., José S. L., José Antonio R. G., Julián Antonio G. A., Manuel G. C., Ricardo G. C., Cristóbal Isaac A. V. y Luis Alfredo A. C., todos ellos pertenecientes al Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la CES.

En conferencia de prensa conjunta celebrada ayer en esta ciudad, el gobernador Javier Corral Jurado, el fiscal del Estado, César Augusto Peniche Espejel, y el secretario de Seguridad Pública estatal, Emilio García Ruiz, precisaron que fueron once las órdenes de aprehensión que se solicitaron al juez de Control, y que se liberaron en contra de igual número de servidores públicos, mismas que se ejecutaron en ceremonias de pases de lista a los elementos para que no se evadieran.

Sin embargo, dos de los agentes estatales involucrados en el robo recibieron un “pitazo” y lograron escapar. Hasta antes del cierre de esta edición permanecían prófugos de la justicia.

En la rueda de prensa se informó que la captura de los nueve agentes de la CES, ocho en Juárez y uno en la capital, es por la comisión de los delitos de robo, abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza, pero sin embargo, no se les responsabilizó hasta ayer del delito de homicidio agravado en contra del propietario de la casa.

El mandatario estatal afirmó que no se va tolerar ningún acto de corrupción en lo que resta de su administración, por lo que reconoció que la captura de los servidores públicos, les llenaba de vergüenza, “no se va solapar los actos de corrupción”, señaló.

Según el parte oficial, los hechos que se les imputan a los agentes ocurrieron la tarde del 30 de enero de este año, alrededor de las 14:43 horas, cuando interceptaron al hijo de la víctima mortal al momento que este salió de la escuela.

Abordo de al menos tres patrullas, los elementos ejercieron violencia sobre el menor a quien obligaron a subir a uno de los vehículos, para que los llevara al domicilio de su padre ubicado en la colonia 16 de septiembre en Ciudad Juárez.

Una vez en el lugar, los imputados se apoderaron de diversos artículos como una caja fuerte con 400 mil pesos y dólares, facturas, escrituras del domicilio, pedimentos de automotores, joyería por un valor superior a los cien mil pesos, botellas de alcohol, teléfonos celulares y ropa, ocasionando daños a circuitos de cámaras de vigilancia del domicilio.

Posteriormente los agentes subieron al adolescente a un vehículo marca Ford, 2011, arena, que se encontraba en el domicilio y lo trasladaron a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, por la supuesta comisión de un delito contra la salud, específicamente posesión de droga.

Un día después, el 31 de enero el propietario José Ángel M.M., acudió a interponer la denuncia correspondiente por robo, teniendo pruebas en las imágenes captadas por su sistema de seguridad, sin embargo, no prosperó mientras fungió al frente de la CES Óscar Alberto Aparicio Avendaño.

De igual manera el titular de la dirección de Inspección Interna (mejor conocida como Asuntos Internos), Rafael Martínez, quien había sustituido en julio de 2019 a la llamada “Fiscal de Hierro”, Éricka Jasso, no actuó para suspender y sancionar a los elementos involucrados, pese al cúmulo de pruebas y videograbaciones actuando en el momento los policías.

Fue en el mes de julio del año pasado cuando se llevaron a cabo cambios en la Fiscalía de Control, Análisis y Evaluación, cuando Erika Jasso, quien era directora de Inspección Interna, pasó a tomar la dirección de Asuntos Penales y Amparo, pero en el mes de octubre renunció al cargo por presiones del Gobierno y se fue, dijo a El Diario, para atender compromisos de trabajo con la Embajada de Estados Unidos.

Cabe recordar que Érika Jasso Carrasco tuvo una serie de conflictos internos con personal de la FGE, toda vez que detenía a elementos de seguridad en investigación, sin importar parentesco o cercanía que mantenía con mandos internos.

También encabezó una investigación en contra de 15 agentes de la CES que un año antes habían abandonado sus responsabilidades de garantizar seguridad a la población en el municipio de Valle de Zaragoza por órdenes de Aparicio ante el incursión de un comando de narcotraficantes que atacó a la población civil.

El mismo Óscar Aparicio fue citado a comparecer pero fue absuelto por las propias autoridades.

Tras su cambio en julio del área de Inspección Interna, Érika Jasso fue sustituida por Rafael Martínez, quien llegó a esa dependencia para tomar las investigaciones contra agentes, pero no tuvo resultados y abandonó la dirección en marzo.

La actual responsable de la dirección de Inspección Interna de la FGE, la licenciada Edna Alvídrez fue quien retomó los expedientes e investigaciones hace tres meses y logró acelerar los procesos de sanción en contra de los presuntos responsables.

El resultado las órdenes de aprehensión cumplimentadas. Ante todas estas irregularidades y con la llegada de García Ruiz, el pasado 5 de mayo Óscar Alberto Aparicio Avendaño dejó la titularidad de la CES y cuyo puesto recayó en el también comisario Álvaro Serrano.

El pasado 6 de mayo El Diario publicó un amplio reportaje en el cual refirió que en los 3 años, 7 meses y 4 días en que Óscar Alberto Aparicio Avendaño estuvo al frente de la desaparecida Policía Estatal Única –que se convirtió el 6 de diciembre de 2017 en la Comisión Estatal de Seguridad-, fue duramente cuestionado por la falta de resultados e ineficacia en el combate a la delincuencia en Chihuahua. De 2017 a 2019, la CES fue además ampliamente vulnerada y blanco frecuente de ataques por parte de integrantes de la delincuencia organizada, principalmente en Chihuahua, Juárez y la Sierra, con saldo de decenas de policías asesinados en emboscadas y enfrentamientos.

Con más de 2 mil 800 policías y dotada con un “súper” presupuesto que pasó desde su creación de 368 millones 805 mil 335 pesos en el año 2017, a 875 millones 565 mil 719 pesos en el 2019 –un incremento de 137 por ciento en recursos públicos–, la institución resultó cara e ineficiente.

Lo anterior a que se disparó consecutivamente la comisión de delitos en la entidad, pues Chihuahua se colocó al 31 de diciembre de 2019, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), entre los primeros ocho estados del país con mayor número de delitos denunciados por sus habitantes, con 71 mil 836 averiguaciones.

La responsabilidad de Emilio García Ruiz, fue haber permitido en casi tres meses desde su llegada y al tener conocimiento de los hechos, revelaron fuentes extraoficiales de la SSP, que los agentes involucrados en la frontera continuarán laborando, exponiendo a la ciudadanía en convertirse nuevamente en víctimas de abusos y delitos.

Con información de: eldiariodechihuahua.com