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Ciudad de México (Proceso).- Cinco meses después de asumir las funciones por mandato de un juez, la nueva administración de la Cooperativa La Cruz Azul adelanta que el quebranto a la cementera del anterior director general, Guillermo Billy Álvarez Cuevas, asciende a 45 mil 480 millones de pesos.
Y puntualiza que aun cuando ese agravio es parcial, supera con creces la llamada Estafa Maestra –el mayor escándalo de corrupción en el país–, mediante la cual el gobierno federal empleó en 2017 a 186 empresas para el desvío de 7 mil 670 millones de pesos de contratos que violaron la Ley General de Adquisiciones.
El agravio a la cooperativa, según los documentos consultados por Proceso, se evidenció como resultado de la auditoría –aún en curso– practicada por la firma Process and Compliance Joint, una empresa de auditores certificados contratada por la actual administración de la cementera.
El equipo de auditores comprobó que 42 mil 300 millones de pesos en activos fueron transferidos a Afianzadora Fiducia, S.A. de C.V., cuyos administradores (comité técnico) eran el propio Álvarez Cuevas, su hijo Guillermo Robin Álvarez Joan y sus colaboradores Raúl Antonio Enríquez López, Mario Sánchez Álvarez, Noé Calvo Morales, Ángel Jiménez García, Armando García Lugo, Apolinar Ortiz Hernández y Jorge Fernández Rodríguez.
Todos están prófugos, junto con el abogado Ángel Martín Junquera Sepúlveda, otro de los aliados de Billy Álvarez.
Apenas en agosto pasado un juez de control de la Ciudad de México libró una nueva orden de aprehensión contra Álvarez Cuevas y nueve personas más, entre ellos los involucrados en el referido fideicomiso, acusados del delito de administración fraudulenta.
Esto, un mes antes de la primera orden de aprehensión contra el otrora hombre fuerte de la cooperativa, librada el 29 de julio anterior por un juez federal con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, por la presunta comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Respecto al desvío de recursos que forma parte de la auditoría ordenada por la actual administración de la cementera, otros 2 mil millones de pesos pasaron directamente a la cuenta del abogado Junquera por pago de honorarios, y 80 millones al corredor público Misael Dehesa Pulido, como responsable de valuar los activos desviados.
También se determinó que la mayor parte del desfalco se reflejó en los bienes de la Cooperativa La Cruz Azul, en específico en dos de sus plantas: la del estado de Hidalgo y la de Lagunas, Oaxaca, ambas con un valor de 43 mil 200 millones de pesos.
“Este asunto nadie lo ha visto con la dimensión que tiene, la catástrofe de lo que implica el daño a la cooperativa en cuanto a montos y la afectación económica que esta persona (Guillermo Álvarez) fue capaz de causar a los cooperativistas.
Si nos vamos a las cifras, este robo es siete veces más grande que el de la Estafa Maestra”, alerta uno de los directivos de la cementera.
