Se deslinda Estado de muerte de activista

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Mientras las dependencias oficiales justifican su actuación en el caso de Julián Carrillo, Amnistía Internacional les reprocha su proceder y les exige que esclarezcan quiénes son los verdaderos responsables del asesinato.

La Comisión Ejecutiva Nacional de Atención a Víctimas y la Agencia Estatal de Investigación señalaron de manera oficial ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos que sus actuaciones en el caso del activista Julián Carrillo fueron las adecuadas y que no hubo violación de derechos que le pudieran perjudicar.

A pesar de que dicha opinión oficial fue presentada luego del fallecimiento violento del líder indígena, dejaron en claro que el desempeño de ambas instancias siempre fue acorde a los estipulado.

En la queja de oficio que fue integrada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se desprende que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como la Agencia Estatal de Investigación, fueron coincidentes en informar que Julián Carrillo Martínez se encontraba incorporado al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde el 20 de febrero de 2014.

Se activó dicho mecanismo en consecuencia a las agresiones, amenazas e incidentes de riesgo que había sufrido derivado de su oposición al robo de sus tierras y a la explotación de los recursos forestales en la comunidad de Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Cavo.

La incorporación de Julián Carrillo al mecanismo de protección le permitió contar con medidas de seguridad como teléfonos satelitales y acompañamiento policiaco cuando se realizaran desplazamientos a las comunidades derivadas de su labor como defensor de derechos humanos.

No obstante, después del asesinato la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como la Comisión Estatal de Seguridad le expresaron a la CEDH que a la familia de Julián Carrillo le proporcionaron respaldo y apoyo para su sepultura.

Asimismo, con la finalidad de salvaguardar su seguridad e integridad física los familiares fueron trasladados por elementos de la Agencia Estatal de Investigación a otra ciudad.

Finalmente, las autoridades que integran el Sistema de Protección no Jurisdiccional señalaron de manera oficial que no se tuvo por acreditada ninguna violación a los derechos humanos que sea atribuible a elementos adscritos a la Fiscalía General del Estado en torno a los trágicos hechos.

A pesar de ello, Amnistía Internacional, organismo defensor de los derechos humanos y con representación en 150 países, emitió un posicionamiento donde manifiesta su opinión sobre este trágico caso.

“Nuevamente queda demostrado que sin cambios que aborden las causas estructurales de la violencia contra personas defensoras de derechos humanos, la provisión de un policía acompañante o un teléfono no es suficiente para parar la oleada de violencia que enfrentan quienes osan alzar la voz para defender su territorio”.

“Las autoridades mexicanas deben realizar una investigación exhaustiva que permita determinar quiénes son los responsables en su caso y en todos los ataques contra personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en México, dijo Amnistía Internacional.

“Las valientes personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente enfrentan un peligro constante en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador debe reconocer públicamente su invaluable contribución a la protección de los recursos naturales y su gobierno debe tomar acción contundente para garantizar que puedan trabajar de manera segura”, dijo Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Con información de: eldiariodechihuahua.com