Policías del Estado actúan con total impunidad

Desapariciones forzadas, tortura y asesinatos cometidos por servidores públicos marcan la presente administración estatal por el elevado índice de impunidad que prevalece, indican datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Estos tres delitos acumulan mil 82 carpetas de investigación integradas, sin llegar aún a una sentencia condenatoria, revelan.

La institución reporta que son los empleados estatales los que enfrentan el mayor número de denuncias por probables actos de tortura, al registrar 542 denuncias; seguidos por empleados municipales, de toda la entidad, que acumularon 519; los datos oficiales corresponden a los años de 2017 al 2020.

En Juárez, uno de los casos más emblemáticos que sigue impune es el de la desaparición forzada y homicidio agravado en perjuicio de Fátima López, de 18 años, e Irving Adolfo Zaragoza Ruiz, de 27, desaparecidos desde el 27 de diciembre de 2020.

Por estos delitos fueron acusados los exagentes Juan Manuel N., Luis Edgar N., Jesús Martín N., Marco Antonio N. y Jacobo Eulogio N. que estaban a cargo de Ricardo Realivázquez, titular de la Dirección General Operativa de la CES en esta frontera. Todos cuentan con orden de arresto desde el pasado mes de enero, sin que se logren cumplimentar aún, confirma personal de la FGE.

Datos oficiales indican que en la actual administración estatal familiares de 15 personas, con residencia en diferentes municipios del estado, han denunciado a servidores públicos como responsables de la desaparición forzada de igual número de víctimas.

Además, mil 554 personas denunciaron a servidores públicos por probables actos de tortura, por lo que el Ministerio Público inició mil 63 carpetas de investigación, de las cuales ninguna ha llegado a sentencia.

También la representación social indaga 7 asesinatos cometidos supuestamente por servidores públicos. En estos casos también se abrió la carpeta de investigación y sólo un expediente está en proceso de ser judicializado, refiere el documento oficial.

El caso de la pareja conformada por Irving y Fátima fue investigado inicialmente por la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) en esta frontera, al recibir el reporte por ausencia de la mujer de 18 años.

Fue durante el transcurso de la indagatoria como los investigadores acreditaron que los agentes acusados utilizaron la tecnología de la CES para rastrear la información de Irving, a quien uno de los elementos le atribuyó el asesinato de su hermano Israel Castillo de la Cruz.

Fátima fue localizada muerta el 13 de enero en una brecha de la avenida Manuel Talamás Camandari y fue hasta el día 30 de ese mismo mes cuando fue avistado el cadáver de Irving unos cuantos metros más adelante del sitio donde arrojaron el cuerpo de la mujer, dio a conocer el fiscal del Distrito Norte, Jorge Nava López.

El pasado 22 de enero el fiscal general César Augusto Peniche Espejel dijo que los cinco oficiales inculpados se encontraban sustraídos de la acción de la justicia.

“Por esa razón, tomando en consideración la gravedad de los hechos y la necesidad de que no haya impunidad, especialmente cuando se trata de agentes que forman parte de una corporación policiaca, es que necesitamos el apoyo de la ciudadanía para ubicar a estas personas”, dijo el funcionario el mismo día que anunciaba sus aspiraciones políticas para contender por la alcaldía de esta ciudad.

Irving Adolfo Zaragoza Ruiz, de 27 años, desapareció junto a otro hombre y Fátima López, su pareja sentimental, el pasado 27 de diciembre entre las 19:00 y 20:00 horas, en el fraccionamiento Las Montañas. La última vez que los vieron fue en la calle Montes Apalaches.

Peniche dijo que la orden de aprehensión había sido obtenida por la FEM desde el martes 12 de enero, y que la corporación había iniciado el proceso administrativo para separarlos de los cargos.

Violaciones a los derechos humanos, una constante en corporaciones

“Alfredo”, nombre ficticio de una persona detenida por elementos de la CES en enero pasado, afirma que la tortura entre los agentes es recurrente al hacer “sus investigaciones”, al menos así ocurrió durante las dos veces que ha sido arrestado este año.

“Cuando me presentaron ante el Ministerio Público el agente les dijo que se les había pasado la mano conmigo, que ya no debían poner a disposición a las personas tan golpeadas. Cuando me preguntaron qué me hicieron, me amenazaron con ‘chingarse’ a mi esposa, a la que ya le habían pedido dinero. Yo contesté que me caí y negué la tortura… me iba a ir peor”, dice aún con el trauma de la detención.

Para el fiscal general, las mil 63 denuncias por tortura interpuestas ante el MP, de las cuales mil 22 siguen abiertas, no significa que el acto delictivo sea verídico.

“En cualquier caso, el avance en la determinación de una carpeta de investigación se establece en función de los datos de prueba que permitan determinar si un hecho ocurrió y si se le puede atribuir a una persona la responsabilidad. No todas las denuncias entrañan la existencia de un delito”, dice.

En ocasiones, agrega, las personas formulan una denuncia y ello no implica que el delito que se denuncia se cometió.

“Un ejemplo muy claro son las denuncias por tortura… En un gran número de casos los abogados defensores aconsejan a sus defendidos que digan ante el juez que fueron torturados o golpeados. En otros casos el simple arresto y tener que soportar las condiciones de una detención y que no tengan ningún tipo de privilegio los lleva a denunciar tortura”, resume.

Y si bien reconoce que estos casos engrosan el número de denuncias, en realidad la inmensa mayoría no son actos de tortura, sino estrategias para desvirtuar una detención o un hecho que se les atribuye como delito.

Peniche Espejel dice que hay otros casos que no se llega a configurar una tortura, pero sí puede tratarse de un delito de lesiones o un abuso de autoridad.

Por eso la gran desproporción entre las denuncias por “tortura” y el número de casos en donde formalmente se determina que la hubo, explica.

“En relación a la desaparición forzada, se están atendiendo las denuncias. Hay un gran número de denuncias en las que los indicios nos marcan que los responsables son en realidad miembros del crimen organizado”, agrega.

Asegura que no se descarta el hecho de que en algunos casos pudiera darse la participación de alguna autoridad –especialmente de policías municipales.

“Insisto, lo que determina el resultado de una carpeta es el material probatorio”, refiere.

Los datos oficiales indican que en Chihuahua, las corporaciones más denunciadas son las estatales.

Con información de: eldiariodechihuahua.com