A cinco años de la Operación Justicia para Chihuahua, total injusticia para Chihuahua

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A un año de la detención de César Duarte en los Estados Unidos de Norteamérica, la defensa del exgobernador hace del conocimiento de la sociedad que su privación de la libertad no obedece a ningún acto ejecutado por el gobierno estatal, ni tampoco obedece a ningún acto de autoridad de alguno de los poderes del Estado Mexicano, ni mucho menos corresponde mérito alguno al Gobierno del Estado de Chihuahua; simple y llanamente la referida detención corresponde a una solicitud del Estado Mexicano realizada por la vía Diplomática al gobierno Estadounidense, sin que haya existido intervención directa por parte del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

Los abogados defensores aclaran que Duarte no ha sido capturado y no se encuentra “detrás de ninguna reja”; sino que está detenido en un centro de detención provisional, sin ninguna “reja” de por medio, estando solo a la espera de que la Autoridad Judicial Norteamericana valore las circunstancias jurídicas bajo las cuales el Gobierno de Chihuahua lo ha requerido conforme al derecho interno y el derecho internacional.

A casi cinco años del ejercicio administrativo y judicial de la Secretaría de la Función Pública, la cual es la entidad especializada de la vigilancia y sanción del actuar de los servidores públicos, ésta no ha podido, ni podrá jamás acreditar el actuar ilegal del exmandatario, aseguran.

La fijación personal manifiesta, en un odio y/o animadversión personal sin escrúpulos por parte de quien encabezó el aparato estatal los últimos cinco años, no produjo resultado de impartición de justicia alguno, sino por el contrario, sembró solo en el colectivo social un odio que traerá consecuencias jurídicas de tipo civil, penal y administrativo en todos los funcionarios que se prestaron a dicha “vendetta” personal encarnizada, la cual no produjo beneficio alguno para la sociedad, insisten, sino que por el contrario, sembró enormes consecuencias para todos los que fueron partícipes de este odio y animadversión.

La defensa del exgobernador informa que el día de ayer 07 de julio, el Juzgado Octavo de Distrito otorgó la suspensión definitiva de las acciones del Juzgado Octavo Civil por Audiencias y Especializado en extinción de Dominio, procedimiento judicial donde se pretendió extinguir del dominio de algunas propiedades pertenecientes a Duarte Jáquez, violando todas las garantías mínimas constitucionales a las que todo ciudadano tiene derecho por el solo hecho de serlo.

“En cuanto a la supuesta recuperación de 700 millones para el pueblo de Chihuahua, invitamos al Gobierno del Estado a que le explique a la ciudadanía, cómo logró la recuperación de esos bienes y destinarlos a un fideicomiso público creado especialmente para dichos fines, así como para que haga del conocimiento público, en caso de que realmente lo haya hecho, cuál es dicho fideicomiso”, manifiestan.

Lo anterior se expone, toda vez que el Congreso del Estado, en los últimos cinco años, en ninguno de los siete fideicomisos públicos creados, tiene como objeto o fin el poner a disposición del pueblo de Chihuahua la supuesta fortuna que César Duarte dispuso de los ciudadanos a los que sirvió en su sexenio.

Si la operación “Justicia para Chihuahua” era llevar a los tribunales un odio y/o animadversión personal, la misma no resultó en beneficio alguno del pueblo de Chihuahua, explican.

“Así como los procedimientos administrativos no mostraron culpabilidad alguna, y de la misma manera, el procedimiento de extinción de dominio de bienes de nuestro representado es imposible de concretarse, por tratarse de bienes adquiridos anteriormente al hecho de que el Lic. Duarte fuera gobernador; las violaciones al Debido Proceso mostrarán que la animadversión personal del ahora titular del ejecutivo sólo fue un gran odio y/o animadversión contra César Duarte, que solo trajo odio y división a la sociedad chihuahuense y perversión a las instituciones encargadas de conservar el Estado de Derecho como base de la armonía social”, se puede leer en el comunicado enviado a medios de comunicación.

“El odio personal en contra del Lic. Duarte, lejos de acreditarle al pueblo de Chihuahua la certeza de que las instituciones del Estado actúan en su favor y su beneficio en aras de alcanzar el bien común, lo cierto es que únicamente ha generado más cuestionamientos en cuanto a su funcionamiento y propósito, alejándose del fin para el cual fueron creadas”, indican.

Por último, el Lic. Juan Carlos Mendoza Luján, representante legal y abogado defensor de César Horacio Duarte Jaquez, expresa que la defensa del exgobernador confía en que el Estado de Derecho, lesionado en este momento por intereses ajenos a la Justicia, y cuyo poder ha sido utilizado al servicio de intereses personales, tendrá eco en la Justicia Federal como órgano rector de la Constitucionalidad del actuar de las Instituciones.