Forenses argentinos analizarán restos hallados en fosas clandestinas en Chihuahua

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) analizará más de cien restos óseos localizados en dos fosas y una brecha de los municipios colindantes de Cuauhtémoc, Cusihuiriachi y Carichí.

Así lo anunció el grupo durante la firma del convenio con el gobierno de Javier Corral y añadió de antemano que hay interés por evidenciar a quienes obstaculizaron la investigación en el sexenio anterior.

La Fiscalía Zona Occidente tiene 527 carpetas de investigación de personas desaparecidas, aunque hay varios sin denunciar por temor o desconfianza hacia las autoridades, coincidieron familiares de desaparecidos, autoridades actuales y activistas.

El gobernador Javier Corral Jurado reconoció que las investigaciones de desapariciones forzadas en la región no serán fáciles, porque hay demasiadas complicidades desde el poder e intereses que permitieron que creciera el “funesto delito”.

“Vengo primero a dar un abrazo solidario (…) frente a ese trabajo arduo que realizan, en el que muchos de ustedes han sustituido en los hechos a los Ministerios Públicos, a los policías, a las autoridades.

“Vengo también para asumir el deber legal de la responsabilidad frente a una realidad que se ha querido ocultar (…) vamos a batallar mucho más de lo que pensamos, porque hay muchos hilos y hay tejidas muchas complicidades, y porque hay profundos intereses y complicidades hondas que tenemos que ir desbaratando poco a poco”, dijo en su mensaje a las familias de personas desaparecidas.

Durante la firma del convenio de colaboración entre el gobierno del estado y el EAAF, liderado por Mercedes Doretti, ella recordó que en dos intentos anteriores por firmar el acuerdo, en el sexenio de César Duarte Jáquez, se los impidieron porque estaban aferrados a incluir cláusulas que les impedían acceder a los expediente y dar información a los familiares.

El encargado del área de Personas Desaparecidas en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Gabino Gómez Escárcega, denunció durante su participación en la firma del convenio, que aún hay funcionarios de la anterior administración empeñados en impedir que se investiguen las desapariciones forzadas en el municipio de Cuauhtémoc. Incluso dos días antes intentaron de nuevo intimidar y dividir a los familiares para que no lo exigieran.

Doretti se congratuló de firmar “por fin el convenio porque puede aportar luz y justicia a las familias que buscan un familiar desaparecido” y confirmó el intento de funcionarios de la Fiscalía General del estado de impedir el trabajo del equipo argentino.

“Para el equipo argentino, si no podemos hablar con la familia, no podemos hablar con los representantes legales y no les podemos dar los resultados, no tiene razón de ser la intervención. No podemos firmar convenios donde se nos diga que no hagamos eso. Hubo intentos por impedirlo recientemente pero finalmente lo hemos firmado”, agregó la especialista argentina.

La antropóloga explicó que su trabajo consistirá en analizar los restos localizados en dos ranchos y una brecha y crear una base de datos de datos genéticos de los familiares. “No son muestras fáciles, vamos a ver hasta dónde podemos llegar”.

Mercedes Doretti refirió que la organización a la que pertenece es sin fines de lucro y se dedica a aplicar ciencia forense a graves violaciones de derechos humanos desde 1984, cuando iniciaron buscando los desaparecidos de Argentina. En Ciudad Juárez contribuyeron en el 2004, en casos de feminicidio, con organizaciones de Chihuahua y Juárez.

“Firmamos este acuerdo, gracias a esta enorme terquedad de familias y activistas, y ahora hay voluntad del estado que permite firmarlo. Es la tercera vez que lo intentamos y ahora sí lo vamos a firmar”, refirió.

Y es que desde 2013 organizaciones civiles solicitaron la presencia del EAAF para intervenir en el análisis de los restos localizados en los municipios mencionados. En octubre de 2011 se localizó una fosa clandestina en el rancho Dolores, Cuauhtémoc, con numerosos cadáveres calcinados. En noviembre de ese año se hallaron más restos en El Montero (municipio de Cusihuiriachi), y en febrero de 2012 se detectó una tumba ilegal más en el poblado El Porvenir, del municipio de Carichí.

Luego de varios intentos a partir de 2011 para que solicitaran el apoyo del EAAF, el 25 de marzo de 2013, el Movimiento Estatal de Mujeres logró que el exgobernador accediera, firmaron acuerdos y nombraron como encargada de contactar al equipo argentino a María del Refugio Dowz Torres, de la Dirección General Jurídica de la Fiscalía General del estado.

Dowz se encargó de insistir a Mercedes Doretti que firmaran el convenio con las cláusulas de opacidad, pero ella no accedió.

El 19 de noviembre de 2015, Doretti respondió: “Lamentablemente, observé con preocupación que la mayoría de las solicitudes fundamentales para la realización de nuestro trabajo, como el acceso a los expedientes correspondientes, la libre selección de muestras óseas, la transmisión de los resultados a los familiares de víctimas involucradas y sus representantes legales, el diálogo con servidores públicos intervinientes en la investigación, los plazos de trabajo, la reciprocidad en las cláusulas sobre obligaciones y derechos de cada una de las partes, entre otras, han sido todas retiradas de su versión en el contrato.

“En particular, la cláusula donde el gobierno prohíbe al equipo compartir los resultados del trabajo con las familias involucradas y sus representantes legales desafía el mismo propósito de nuestra intervención, toda vez que estamos realizando este trabajo a pedido de ellos”.

Cuando parecía que las autoridades de la administración pasada accedían a firmar el acuerdo conforme lo pedía el EAAF, se retractaban. En un par de ocasiones hicieron viajar a Doretti a Chihuahua y la dejaron plantada.

De manera simultánea, a partir de febrero pasado y ante la presión internacional sobre la problemática de desaparición forzada en Cuauhtémoc, el municipio con la mayor tasa de ese delito en el país, la fiscalía comenzó a buscar a las familias de personas desaparecidas, incluidos los representados por el Cedehm, para que firmaran y permitieran procesar los restos, con el fin de conseguir resultados genéticos, pero sin ninguna obligación de informar a los parientes familiares de las víctimas de desaparición forzada (Proceso 2056).

El Cedehm promovió nueve amparos para evitar que se procesaran los restos, y varios juzgados federales les otorgaron la suspensión provisional. También la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió medidas cautelares que se mantendrán hasta que peritos independientes los analicen.

El Cedehm demandó a la coordinadora del Ministerio Público porque en el documento que les dieron a rubricar se incluía una renuncia a la coadyuvancia, es decir, nadie los podría asesorar formalmente. Esa funcionaria continúa y dos días antes de este sábado, intentó dividir e intimidar a familiares de desaparecidos, para que no permitieran la firma del convenio. La funcionaria aún continúa.

Otra anomalía de las autoridades anteriores, es que en agosto del año pasado, cuando la familia de Gustavo Parra Perea pidió llevar una ofrenda floral a la fosa donde las autoridades encontraron sus restos, en el rancho privado Providencia -propiedad de Julio Escárcega-, encontraron la tierra removida y el terreno limpio, refiere Gabino Gómez.

De acuerdo con un agente ministerial de la Fiscalía Zona Occidente, quien pidió permanecer en anonimato, un día antes el exdirector de la Policía Estatal Única, Pablo Ernesto Rocha Acosta (actual director de la Policía Municipal de Juárez), mandó limpiar todo.

“Encontraron como tres mil restos y nadie dijo nada. Había cráneos, casquillos, embolaron todo y dejaron limpio (…) Darinel, el exdirector de la Policía Investigadora, le habló al segundo comandante para darle la orden de Rocha. Le dijo: ‘saquen esas osamentas porque no quiero que encuentren evidencia’”, agregó el agente.

Testimonios de familiares

A nombre de las familias de desaparecidos en Cuauhtémoc, la maestra Olaya Dozal resumió la impotencia y el dolor que enfrentaron durante la anterior administración estatal, con complicidades de autoridades omisas y corruptas:

“La voluntad (de las autoridades) no se compra, se tiene (en el caso de la administración anterior), si hubiéramos comprado un pedacito de voluntad del gobernador anterior. Gracias (por el convenio) también a nombre de las familias, porque tienen miedo, sí, tenemos miedo porque hemos pasado por muchas situaciones. Aquí vamos a estar siempre (…) ni siquiera tenemos derecho a saber si viven o no”, expresó la mujer.

Su hija desapareció hace siete años, salió de su casa en Cuauhtémoc, a la preparatoria donde estudiaba y no regresó.

“Nos escucharon después de una larga lucha, después de años de pedir el apoyo en diferentes instituciones gubernamentales, porque todos los que son padres nos comprenderán que hasta el último aliento vamos a buscar a nuestros hijos. Agradecemos al Equipo Argentino por cada kilómetro recorrido”.

En entrevista, la mujer de Cuauhtémoc, afirma que a la mayoría de los desaparecidos en esa región se los ha llevado el crimen organizado:

“¿Quién más, si el crimen organizado actúa donde no hay autoridad, puede hacer y deshacer por las más diversas causas, desde las implicaciones, denuncias, porque son quiénes tienen el mando y hacen con las personas que quieren y no les pasa nada”.

Durante su intervención en la firma del convenio, Olaya Dozal agregó:

“Tenemos dos años pidiendo que se reconozcan esos restos de personas que se han encontrado, de personas de esta región. Quisiéramos que no estuvieran ahí nuestros hijos, que no fuera ninguno de nuestros hijos, de nuestras hijas, pero sabemos que de alguien son y sabemos que hay un padre o una madre esperando.

“Tenemos años esperando que se reconozcan esos restos, que se haga lo que se deba hacer para liberarnos de este martirio. El anterior gobierno fue sordo”.

En el teatro de cámara del Centro Cultural San Antonio lleno, estaba la familia Muñoz, a quien le desaparecieron ocho hombres durante un festejo del Día del Padre en el 2011; la familia Ibarra, a quien le faltan otros cuatro integrantes, entre otras familias que no cesan de buscar a sus familiares desaparecidos por policías, agentes de tránsito, militares, entre otros.

Corral, apoyo al EAAF

Javier Corral dijo en su intervención durante la firma del convenio, que el trabajo del EAAF permitirá identificar el ADN de los restos localizados y brindar por lo menos a los familias de las víctimas, la certeza del paradero sus familiares desaparecidos.

Se comprometió a permitir el trabajo del equipo de expertos en antropología y el gobierno estatal será su coadyuvante.

“Porque sé que aunque muchas o todas y todos ustedes, esperan ver vivos a sus familiares, reencontrarse con ellos, también sé, que hay quienes quieren encontrarse de cualquier forma con ellos”, agregó.

“Por eso teníamos que firmar con todas sus consecuencias políticas y jurídicas, aquí el grupo argentino no será molestado, aquí el gobierno estará como su aliado y coadyuvante”, afirmó.

El gobernador recordó que el 26 septiembre de 2014, “el mundo se estremeció con desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, del municipio de Iguala, en el estado de Guerrero y a raíz de la presión internacional, invitaron al EAAF, además de otros expertos, quienes se confrontaron con las autoridades federales y finalmente los echaron del país.