Admite Fox que evitó el desafuero de AMLO

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Tras el escándalo del desafuero de AMLO en 2004, Vicente Fox admite su arrepentimiento de impedirlo.

Por medio de la red social Twitter, el expresidente Vicente Fox Quezada, publicó un tuit donde expresa su arrepentimiento de evitar el desafuero del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Cabe recordar que fue un incidente ocurrido durante los años de 2004 y 2005, siendo uno de los procesos legales más famosos de la época, causando polémica por sus causas y desenlace del caso.  

Saben a veces me arrepiento de haberlo liberado del "desafuero"

— Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) September 23, 2022

Cronología del caso 

1969 El predio conocido como “El Encino” fue adquirido por dos particulares a través de la constitución de un fideicomiso conformado en ese mismo año.

1991 La propiedad fue transmitida a un consorcio privado conservando la misma superficie de acuerdo a la normatividad vigente.

1999 inscribieron en el registro público la venta de una fracción del predio en favor del gobierno federal.

1998  Formalizaron el acuerdo de compra-venta entre el gobierno federal y el consorcio dueño para hacer posible la construcción de un tramo de la autopista México-Toluca.

2000 El gobierno del Distrito Federal, encabezado en aquel momento por Rosario Robles Berlanga, realizó la expropiación del predio.

En diciembre de ese mismo año los propietarios promovieron un amparo objetando la acción de la autoridad pública, mismo que ofreció elementos de base que variaban la extensión supuesta del terreno, después en la respuesta que hiciera el gobierno de la ciudad se hizo notar que la extensión alegada por el dueño no correspondía a la escritura pública. Para el desahogo del juicio de amparo tanto el gobierno local como el propietario allegaron a la autoridad judicial competente periciales de topografía sostenido versiones encontradas sobre la verdadera extensión del paraje.

2003 La sala segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó por unanimidad de votos dejar sin efectos la resolución judicial por la cual se ordenaba cesar los trabajos hechos en los predios expropiados en El Encino, y que fue tomada por la Procuraduría General de la República (PGR) como la base para acusar al Jefe de gobierno de desacato, al ser esto cuestionada por la prensa la autoridad ministerial, a propósito de la cruzada empeñada en consumar el desafuero, ésta rehusó responder a por qué de todas maneras prosiguió en su acusación contra el titular del gobierno capitalino

2004 El nuevo Jefe de gobierno de la ciudad; López Obrador, dispuso la realización de obras en el paraje para construir una vía alterna que diera acceso al Hospital ABC, una institución privada de atención médica.

El gobierno capitalino había tenido éxito reciente con la recuperación de 20 hectáreas, en uno de los muchos juicios en que participaba el gobierno de la ciudad, con una sentencia judicial respecto al predio conocido como “La Mexicana”, propiedad del mismo presunto dueño de El Encino, lo que representó un ahorro para el presupuesto de la ciudad de 2 mil millones de pesos, que pudieron ser redirigidos a la vasta obra social realizada en la capital del país.

El litigio sobre “La Mexicana” se resolvió favorablemente para la administración de la ciudad en un juicio que también había sido iniciado por la interposición de un amparo. Los 800 metros de la vialidad que daban el acceso al Hospital ABC fueron inaugurados en presencia de algunas personalidades, como Carlos Slim, y de los directivos de esa institución.

2005 Un subcomité de cuatro diputados permitió el que realizaran el voto del desafuero en el pleno de la cámara de diputados, lo que habría de suceder seis días más tarde, el 7 de abril, en donde en una sesión de la cámara, erigida en jurado de procedencia, se desarrollaron los alegatos legales de la procuraduría y del inculpado.

El representante de la PGR, Carlos Vega Memije, mantuvo su versión de que el enredo del desafuero era solo de carácter legal, aunque él cayera también en arengas políticas llamando a los diputados a aprobar la consumación del proceso. Su exposición duró más de 30 minutos y excedió el tiempo acordado por la cámara, lo que fue permitido discrecionalmente por el presidente de la mesa directiva Manlio Fabio Beltrones, quien tuvo que pedirle a Vega Memije que concluyera una vez que los diputados perredistas reclamaran al percatarse del hecho.

Cabe destacar que el 20 de abril de 2005 dos diputados locales del PAN en la Asamblea Legislativa (Gabriela Cuevas y Jorge Lara) pagaron una fianza de 2 mil pesos fijada por el ministerio público, a fin de que con ello el Jefe de gobierno siguiera su proceso sin ser consignado, sin su conocimiento ni consentimiento, alegando que era para evitar que: “López se hiciera la víctima”.

En días posteriores familiares de personas privadas de su libertad se presentaron a la Asamblea Legislativa exigiendo que el PAN pagara sus fianzas, mientras que el abogado Javier Quijano, defensor del Jefe de gobierno ante el caso, calificó a los diputados de “sonsos” y denunció la ilegalidad del acto.

El proceso de desafuero tuvo en la percepción social un impacto de fraude anticipado, toda vez que se sostuvo como una opinión muy difundida que el impedir al probable candidato más popular participar en una elección presidencial en puerta constituía una violación a la libertad del sufragio.

Un atentado al derecho de los ciudadanos a elegir a sus gobernantes. Existió también la ponderación de que el actuar del gobierno pretendía evitar, ilegítimamente, el riesgo de que el partido incumbente perdiera la próxima elección, sacando de la contienda al principal contrincante. El caso dio pie a una serie de manifestaciones legales y pacíficas que se autodefinieron, en esencia, defensoras de salvaguardar la incipiente democracia electoral mexicana.

Con la abierta opinión en contra del desafuero por parte de la mayoría de los medios internacionales, y tres días después de la congregación de la marcha del silencio, la mayor concentración cívica en la historia del país, el 27 de abril el presidente anunció que aceptaba la renuncia del procurador Rafael Macedo de la Concha. En un mensaje hecho en cadena nacional, Vicente Fox dijo que su gobierno no impediría participar en la próxima contienda federal.

El posterior envío de una iniciativa al congreso para respetar la presunción de inocencia y mantener la vigencia de los derechos políticos de las personas sujetas a proceso fue considerada otra de las victorias del movimiento democrático.

La movilización y la participación ciudadana, el despunte de un movimiento social y de una ciudadanía despierta que buscó poner en el centro la dignidad y el derecho a elegir, fue evaluada como otra de las conquistas que se produjeron a raíz de esta experiencia.

Con información de: tiempo.com