Dejar sus tierras o morir

Chihuahua, Chih.- “Recuerdo bien ese día, era un martes… los sicarios llegaron, se metieron adentro de la casa, sacaron a mi esposo y a mi cuñado los golpearon y los quemaron. A mis nietos y a mi también nos querían matar, nos apuntaron con los rifles pero no se animaron, a mi esposo lo hincaron y también le apuntaron con el arma.

“Nosotros les decíamos que no los mataran y finalmente se los llevaron al monte en donde los agredieron más”, externó Marcela (nombre ficticio por cuestiones de seguridad), con voz entre cortada y lágrimas.

La vida de esta mujer quedó marcada desde el momento en que se convirtió en víctima de despojo de territorio y desplazamiento forzado por parte del crimen organizado en un municipio de la zona serrana.

El hecho cambió toda su rutina de vida, ya que la obligó a modificar todas sus costumbres, sus hábitos alimenticios y además, la orilló a dejar su tierra ancestral.

Sin embargo, ella no es la única afectada, puesto que a este testimonial se suma el de “Carmen”; otra mujer que también tuvo que abandonar sus tierras y quien además perdió a uno de sus seres queridos.

La cifra no termina ahí, ya que según el informe para la Relatoría Especial de la ONU sobre Derechos Humanos de las personas desplazadas internamente en el estado de Chihuahua, hay por lo menos otras mil 703 víctimas que al igual que Carmen y Marcela tuvieron que abandonar sus casas, (648 son mujeres, 508 hombres y 524 niñas y niños).

“Él (su marido), sólo estaba descansado cuando llegaron estos sicarios; ellos afirmaban que en nuestra casa había un muerto, pero no era así. Cuando se lo llevaron yo hablé con un señor y le dije que los dejaran en paz, que sino, le hablaría a los soldados. Al final, les “perdonaron” la vida, pero los dejaron todos golpeados y quemados”, recordó Marcela mientras tocaba su pecho.

En la entrevista, ella contó lo difícil que ha sido todo esto y externó que en realidad nunca han vivido a gusto, y que el miedo siempre ha estado presente aun y cuando ya no viven en la Sierra Tarahumara.

Ellas, al igual que otras personas, han tenido que irse a vivir a otras partes del país, pero eso no ha sido suficiente, ya que las amenazas persisten.

“No podemos salir a trabajar porque sigue el miedo, las amenazas no han parado y eso que estamos lejos de Chihuahua”, señaló Marcela.

Antes de que esto pasara, estas familias se dedicaban a la siembra de frijol y maíz, entre otras cosas; su vida era más natural pues según lo que Marcela recuerda, ellas comían lo que cosechaban, disfrutaban de los atardeceres y de los amaneceres y gozaban de la danza.

“Ahí en el lugar en el que se metieron los malvados nosotros sembrábamos frijol, maíz, chícharos, calabazas, ejotes y otras cosas que nos íbamos a comer. En algunas ocasiones trabajábamos allá; rellenábamos las carreteras, tapábamos hoyos y con eso ya nos ganábamos una despensa y pues, así le hacíamos la lucha. Ahora ya no, ya no se puede”, dijo una de las víctimas agachando la cabeza y entre la tristeza y la nostalgia.

Aunque el esposo y el cuñado de Marcela continuaron con vida, este hecho les causó una serie de afectaciones en la salud ya que de forma constante presentan cuadros de estrés y de ansiedad.

“No nos acostumbramos a estar aquí; allá teníamos el aire libre y podíamos andar en el monte. Acarreábamos la leña y toda el toda el agua es pura allá, ahí nos podíamos bañar a la hora que fuera, bailábamos a la hora que sea y tristemente dónde vivimos ahora no hay ni agua; batallamos mucho para bañarnos y no hay ni para tomar. También a veces se nos acaba el gas y es difícil, allá no pagábamos nada y aquí todo cuesta”, dijo Marcela.

En lo que respecta a la violencia, estas dos mujeres refirieron que evidentemente sigue existiendo y que en realidad nunca ha cesado.

“Pos nosotros ya ni sabemos si todo lo  que está pasando va a tener solución o va a seguir peor; creemos que en la Sierra ya nunca va a ver seguridad o no sé, porque ya mucha gente se está desplazando; se están viniendo de allá porque no tienen trabajo, porque no tienen que comer y porque no tienen en que trabajar”, expresó otra de las entrevistadas.

LA TALA CLANDESTINA, UNA REALIDAD

Una de las problemáticas más severas, según integrantes de las comunidades indígenas es la tala clandestina; una actividad que ha sido liderada por el crimen organizado desde hace varios años. 

“Ahorita están tumbando madera; van a acabar con la madera y al rato, van a querer abrir las mineras y la gente de ahí no quiere, y por eso se están viniendo a la ciudad y los que están sacando la madera según ellos reparten el dinero allá y no es cierto, hasta ahorita no Nos dan nada. La madera no es de una persona, es de toda la comunidad”, dijo Marcela.

En enero de este año, El Diario de Chihuahua realizó una entrevista a Citlali Quintana, becaria del Fondo para la Resiliencia de la Iniciativa Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional, (Global Initiative Against Transnational Organised Crime), quien señaló que pese a esta grave situación, -la cual persiste desde hace más de siete años-, las autoridades federales y estatales no han podido medir con cuánto se benefician los grupos delictivos por la tala clandestina.

“La tala clandestina tiene muchísimos años y ésta comienza desde que inician los aprovechamientos legales e ilegales, pero la diferencia que ahora vemos, es que a partir del 2015 y 2016 se convirtió en la entrada del crimen organizado a la explotación ilegal forestal; entonces, esta es la situación que nos parece más grave porque es la apropiación de uno de los medios ilegal, criminal y violenta, de uno de los medios que es de vida para los pueblos originarios”, expresó Citlali en aquella ocasión. Además, según la becaria, esto representa también una pérdida para el estado y para las zonas que la Sierra Tarahumara provee de agua.

“Estamos hablando de las zonas bajas de los estados que son como las zonas de riego de Delicias y Meoqui, pero no hay que olvidar que la sierra también provee de agua al estado de Sinaloa y de Sonora por las diferentes presas que captan, entonces esto es sin duda, una pérdida muy lamentable y que nosotros no tenemos la capacidad para medir las dimensiones de esto”.

Aunque como se dijo con anterioridad, la tala clandestina siempre ha existido de acuerdo con Global Initiative Against Transnational Organised Crime, anteriormente era algo que se denunciaba y se atendía de forma esporádica, pero a raíz del crimen organizado, actualmente es muy difícil llevar un control y una estadística.

“Esta es una fuente de ingresos muy alta, e incluso, no sé si mucho más en este momento que el propio tráfico de narcóticos es una fuente de lavado de dinero. Lamentable ni el Estado ni la Federación está dando la atención, la diligencia, ni la voluntad política debida para atender la problemática, y aunque hemos tenido reuniones, la respuesta siempre es la misma, no te dan una cifra, no saben cuánto representa ese dinero y ese era un compromiso que se tenía. Tenemos unas condiciones de estado en donde su presencia es violenta, es tibia, e incluso,”, expresó Citlali Quintana. 

 En ese mismo sentido, Marcela dijo que antes la lucha era cuidar el bosque, pero que ahora tienen que luchar por todo su territorio. “El bosque no se da en el aire, tenemos que cuidar la tierra también; ahora, si la madera se diera en el aire pues no pelearíamos la tierra ni el territorio. Ahora tenemos que pelear por la madera y la tierra ya que ha habido muchos robos allá; nos robaron chivas, vacas, quemaron las casas y no se puede denunciar porque por ejemplo, una señora fue a poner una demanda y la mataron y le robaron sus quesos, sus tortillas y además la dejaron sin ropa”.

UN MENSAJE A LAS AUTORIADES

Tras esta problemática, Marcela y Carmen dijeron que es importante que las autoridades le “echen” ganas con la gente mala y que ojalá que algún día todos los que andan robando se crucen de brazos y ya no hagan nada porque ya es mucho. “Ojalá que algún día estén como los pinos, ahí sin poder moverse. Los pinos no se defienden, por eso se están aprovechando también; matan a todos los defensores y ahora están matando también a los pinos, ellos no tienen la culpa. Ojalá algún día las autoridades puedan hacer algo, que los castiguen también, o no sé qué se puede hacer, que los pongan a sembrar más pinos”, refirió Marcela.

Entre los anhelos de estas personas, está el poder regresar algún día a la sierra y morir en su tierra.

“Nosotras en veces sí nos dan ganas de regresarnos a la sierra pero no podemos; queremos estar a gusto y no podemos, sólo estamos piense y piense todos los días en regresar. Hace como tres días mi esposo me estaba diciendo “vámonos, qué estamos haciendo aquí, hay que ir a morirnos allá cerquita”.

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

Ante esto, Néstor Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), refirió que esto es una vulneración a los derechos humanos de estas personas ya que tienen que emigrar de su lugar de origen y con ello, dejar sus propiedades, sus inmuebles, sus medios de trabajo, sus tierras y sus cultivos.

“Son muchos los derechos que se les vulnera y bueno, también por lo general estas personas tienen que llegar a zonas urbanas donde no saben de qué van a vivir, dónde van a vivir sus hijos, dónde van a estudiar, todo eso. Entonces es una situación de mucha vulnerabilidad y una situación que se ha dado desde mucho tiempo atrás”.

De los eventos y casos de desplazamiento documentados en el informe de la ONU, se desprendió que la mayoría de estos están vinculados con la violencia ejercida por integrantes o grupos del narcotráfico, ya sea para el desarrollo de actividades propias de la producción y tráfico de drogas, así como para diversificar fuentes de ingreso, o bien como mero mecanismo de control del territorio. 

Otras de las causales identificadas fueron: la violencia basada en género en donde en algunas situaciones, los agresores tenían vínculos con la delincuencia; el control territorial mediante la violencia para el aprovechamiento de concesiones mineras.

En el caso de las mujeres, ellas expresaron sentir temor y angustia pero no sólo por su integridad y seguridad personal sino también por sus hijas y las demás mujeres de su familia ya que, de acuerdo con sus palabras; siempre están expuestas a sufrir violencia sexual, e incluso, en al menos tres de los casos documentados, se registraron estas agresiones como parte de las que les hicieron salir de sus comunidades. 

Entre otras de las razones por las que las personas se ven obligadas a emigrar, se encuentran la violencia generalizada en la comunidad, el intento o reclutamiento forzado, el despojo de sus tierras para el cultivo de drogas, la tala ilegal del bosque para su comercialización, el robo de sus bienes y ganado, las extorsiones así como las agresiones físicas.

De igual manera, se detectan como violencias la quema de sus viviendas, propiedades o pertenencias, las amenazas de muerte, la matanza de sus animales con extrema saña, las desapariciones, secuestros y asesinatos, la violencia sexual, la violencia basada en género en todas sus variantes, el impedimento a la salida o el acceso a la comunidad y la suspensión del suministro de servicios y la apropiación de los apoyos gubernamentales que estaban destinados a las comunidades.

Según el informe y análisis expuesto en el documento anteriormente mencionados, los hechos de violencia sufridos, aunado a la falta de respuesta efectiva de las autoridades gubernamentales frente a éstos, son las condiciones necesarias para que ocurra el desplazamiento forzado.

Para ello, Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC), el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM), la Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (CONTEC), Derechos Humanos Integrales en Acción A.C. (DHIA) y la Parroquia de la Virgen de Guadalupe en la Diócesis de la Tarahumara, con sede en la localidad de Baborigame, en el municipio de Guadalupe y Calvo, trabajaron en conjunto para identificar cuáles eran las razones, obstáculos o circunstancias existentes para que el Estado como responsable del orden, la paz y seguridad pública, no respondiera como su naturaleza lo demanda.

Entre las observaciones, se dio a conocer que en las comunidades rurales más alejadas de centros urbanos, no existe presencia de instancias estatales, las fuerzas de seguridad se limitan a acudir a las comunidades para la realización de diligencias por homicidios; además de que, para hacer del conocimiento de otros delitos, son las víctimas quienes suelen trasladarse durante varias horas para interponer las denuncias. Así mismo se refiere que, para las comunidades indígenas este trayecto generalmente tiene que realizarse a pie e implica en algunos casos más de 10 horas de camino.

De igual manera, la inacción de las autoridades en hechos de violencia, sea por falta de voluntad o por incapacidad, inhibe la presentación de denuncias por considerar que no tendrá ningún resultado, frente a un enorme temor de sufrir represalias por parte de los perpetradores directamente en su persona o en contra de algún familiar que permanece en la comunidad. Por otro lado, una de las razones expresadas de forma generalizada y consistente por parte de las víctimas es la desconfianza en las autoridades encargadas de la seguridad o de la procuración de justicia, esto por la colusión con integrantes de grupos criminales, incluso en algunos de los casos documentados, se identificaron directamente a funcionarios públicos como los generadores de la violencia que motivó el desplazamiento.

En el caso particular de niñas, niños, mujeres y personas indígenas; el informe refiere que, la política de atención a víctimas no cuenta con un enfoque que incluya la intersección de discriminaciones múltiples y no se cuenta con las condiciones si quiera mínimas para la atención con pertinencia cultural de los pueblos indígenas, ni tampoco se tiene a personas asesoras victimales que tengan conocimiento de la lengua o cultura indígena. 

Adicionalmente, es frecuente que la condición de desplazamiento en el que se encuentran las niñas y niños termina afectando su desempeño escolar, no sólo por los sentimientos adversos que surgen ante la situación familiar, sino incluso en ocasiones presentan cuadros de desnutrición ante la precariedad en la que se vive. 

Si alguien quiere o puede contribuir a impulsar el trabajo de Carmen y de Marcela puede donar tela (mínimo tres metros), hilos y estambres. Por cuestiones de seguridad, este material se recibirá en El Diario de Chihuahua en un horario de 9:00 a las 13:00 horas, y de 15:00 a 19:00 horas

Con información de: eldiariodechihuahua.com