Nuevos crímenes en Madera, también por tala ilegal
Madera.- La Fiscalía de Distrito Zona Occidente no descartó que el asesinato de dos transportistas en el municipio de Madera, ocurrido hace unos días, pudiera tener relación con la tala ilegal, aunque aún no ha establecido un móvil oficialmente, como tampoco ha tenido avances en otro caso similar, el de cuatro trabajadores de aserraderos que fueron “levantados” y privados de la vida.
El primer caso se registró el pasado 6 de octubre y otro el día 18 del misml mes; en el caso del homicidio múltiple de los cuatro choferes, el fiscal general, César Jauregui Moreno, adelantó en su momento como línea de investigación adeudo por la tala ilegal y legal.
El Diario publicó el diez de octubre que “Una de las versiones fue que el móvil de la desaparición de estos cuatro hombres obedecería a un supuesto adeudo que tenían con otras personas, dejando entrever un conflicto por la tala del bosque, tanto legal como ilegal, ya que todos trabajaban en aserraderos”.
Hasta el momento, las investigaciones sobre la muerte de los conductores dedicados al transporte no han tenido avances ni ha podido definirse si los casos, con cuatro y dos víctimas, tienen alguna relación entre sí.
La instancia investigadora reportó que las pesquisas dentro de las carpetas de investigación siguen abiertas y probablemente en las próximas horas el fiscal general, César Jáuregui, pueda presentar avances en torno a lo ocurrido.
En un primer caso, entre los días 26 y 28 de septiembre fueron privados de la libertad cuatro hombres empleados en aserraderos de Madera, quienes una semana después fueron encontrados muertos a un lado de la carretera entre dicho municipio y Temósachi, en el entronque de La Concha.
Las víctimas fueron identificadas como Axel Javier Pérez Monge, de 22 años y Brayan Emilio Sandoval Arreola, de 23, quienes fueron vistos por última vez el 27 de septiembre en el Ejido Largo Maderal; además de Armando Olivas Domínguez, de 27 años, quien desapareció ese mismo día en la comunidad de El Pinal, de donde fue privado de la libertad, el día anterior, Isaac Armando Rodríguez Pérez, de 23 años.
El seis de octubre, la FGE informó del hallazgo de los cuatro cadáveres, que fueron encontrados desnudos y apilados a un lado del camino; según el reporte de la necropsia realizada por el Servicio Médico Forense, los cuatro fueron asesinados a golpes.
Días después de los hechos, el fiscal Jáuregui aseguró que estaba por ser establecido el móvil del multihomicidio y que sería dado a conocer los días siguientes, así como del grupo criminal considerado presunto responsable del crimen. Hasta la fecha no ha sido así.
Por otra parte, el pasado miércoles por la mañana, la Fiscalía Zona Occidente, informó del hallazgo de dos cadáveres en la carretera Madera-guerrero, a la altura del kilómetro 109. Los cuerpos estaban semicubiertos con un plástico en color negro y presentan heridas de arma de fuego en la cabeza.
Ayer por la mañana, la misma instancia reportó que las víctimas fueron identificadas como Raúl Armando Maldonado Sandoval y a José Reydesel Cruz García, quienes estaban desaparecidos desde el 13 de octubre.
El último punto donde ambos fueron ubicados con vida ese día, fue en Yepómera, municipio de Temósachi, cuando regresaban de Chihuahua a El Largo Maderal, municipio de Madera, a bordo de un camión tipo torton.
Con estos casos, suman seis transportistas asesinados, todos empleados en la actividad maderera en esta región de la sierra, sin que existan más avances públicos de las investigaciones.
FOCOS ROJOS EN TALA ILEGAL; MADERA NO FIGURA
En operativos contra la tala clandestina, ha sido asegurada madera con valor de 15.2 millones de pesos en lo que va de este año, según un reporte de la mesa de trabajo creada para atender este problema e instalada por la Secretaría General de Gobierno; Madera no tiene una sola denuncia por dicho delito.
Los operativos han alcanzado siete de los 12 municipios considerados como focos rojos en este delito ambiental, pero Madera no ha sido incluido en las intervenciones estatales y federales, dado que no hay denuncias acerca de este ilícito.
En la mesa de trabajo que ha organizado los operativos participan la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, así como la Guardia Nacional, el Ejército, los gobiernos municipales y las instancias estatales y federales relacionadas con la protección de los recursos naturales.
La mesa ha determinado que los municipios donde se registra la tala clandestina son: Balleza, Batopilas y Bocoyna, en las regiones de San Juanito y el ejido Arroyo de la Cabeza; además de Guachochi y Guadalupe y Calvo, en las comunidades de Nobogame, Mala Noche, Baborigame y ejido Pino Gordo en Choreachi. Asimismo, ha detectado el problema en Guerrero, Madera, Maguarichi, Moris, Ocampo, Urique y Uruachi.
Hasta el pasado mes de agosto, los operativos se habían focalizado en atender las denuncias consideradas más urgentes, en Guerrero, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Bocoyna, Parral, Uruachi, Moris y la capital del estado, debido a una queja específica de delitos ambientales, pero no relacionados con la tala, sino con la vida silvestre.
Los aseguramientos realizados por los operativos, han sido de trozas de pino y arbolado de pino y encino, con un volumen de tres mil 776 metros cúbicos de madera, que tienen un valor comercial de 8.3 millones de pesos.
Asimismo, mediante estas intervenciones han sido detectadas evidencias de explotación clandestina por casi tres mil metros cúbicos de madera, lo que tiene un valor comercial de 6.5 millones de pesos; otros productos detectados representan el resto de la explotación que suma 15.2 millones de pesos en total.
Además del decomiso de madera y algunos vehículos, durante el año han sido detenidos cinco personas detectadas en flagrancia, además de que se han realizado 31 aseguramientos precautorios de formatos de embarque para transporte de madera y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha iniciado procedimientos administrativos contra ejidos o predios forestales por irregularidades en la explotación del bosque.
Por otra parte, de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los delitos ambientales muestran una incidencia de 23 casos en Chihuahua hasta el mes de agosto pasado, mientras que a nivel nacional hay registro de mil 650 casos.
En todo el año pasado, a nivel estatal, la incidencia fue de 27 casos; en 2021 de 102 casos; en 2020 de 87 casos, mientras que los años previos la cifra había sido de 59 (en 2019) y de 32 (en 2018).
Con información de: eldiariodechihuahua.com