Desplazados siguen sin volver a sus pueblos

Guadalupe y Calvo.- Las familias desplazadas de comunidades de Guadalupe y Calvo no han podido regresar a su lugar de origen, por lo que permanecen en un punto que por cuestiones de seguridad no puede revelarse su ubicación, afirmó el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) Néstor Armendáriz.

Confirmó que estas personas son asistidas a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceave), así como por la secretaría General de Gobierno.

El ombudsman afirmó que se trata de dos grupos, uno de ellos integrado por cerca de 58 personas y otro es más pequeño, perteneciente a un núcleo familiar, y que ambos se encuentran bajo resguardo del estado para garantizar su seguridad.

Cabe señalar que el desplazamiento forzado ya es considerado un delito y se castiga con pena de cárcel de uno a siete años, según el Código Penal del Estado, lo cual facilita su investigación.

De acuerdo con los registros periodísticos del 2023, se presentaron reportes de desplazamiento forzado en diversas comunidades de Guadalupe y Calvo como La Sierrita y Santa Tulita, esto debido principalmente a irrupciones del crimen organizado que han generado enfrentamientos, lo que obligó a los pobladores a salir de sus hogares.

El marco legal del estado establece que, a quien por medio de la violencia física o moral provoque que una o varias personas abandonen su lugar de residencia habitual, se le pondrá una sanción de uno a siete años de prisión y una multa de cien a 400 días. Además, la pena se incrementará en un tercio cuando el agente tenga el propósito de ejercer el control o dominio del territorio en el que se asienta la residencia de las víctimas.

El titular de la CEDH afirmó que han realizado diversas visitadurías a las comunidades, en las que les han reportado el desplazamiento forzado.

Dijo que “justamente hoy”, acudirán al municipio de Guadalupe y Calvo, en compañía de personal de la Ceave a fin de verificar las condiciones en las que se encuentran los pobladores. Resaltó que si bien las víctimas de desplazamiento forzado reciben la asistencia de las autoridades, el problema de origen aún no está resuelto, que es la presencia del crimen organizado en esas regiones, por lo que es necesario fortalecer los operativos para evitar que estas situaciones continúen presentándose.

De acuerdo con los registros de la Ceave, en los últimos años se han reportado desplazamientos forzados en 56 comunidades de diversos municipios como Guadalupe y Calvo, Uruachi, Balleza, Saucillo, Delicias y Guachochi, mientras que, organizaciones no gubernamentales reportan que este fenómeno también se ha presentado en municipios como Madera, Guazapares, Batopilas, Urique y Bocoyna.

Con información de: eldiariodechihuahua.com