Vinculan a proceso a exfuncionarios de Hacienda por delito electoral

Por considerar que existieron retenciones ilegales, juez vinculó a proceso a los exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda y secretario del PRI por el presunto desvío de 14.6 mdp a dicho partido.

Hoy realizaron la audiencia de vinculación a proceso a la cual asistió el exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera, el exdirector de Egresos, Jesús Olivas, al director de Programación y Control de Pagos, Miguel Ángel Mezquitic y Pedro Mauli,, este último secretario de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional.

Ahí, el juez consideró que existen elementos suficientes para sospechar que los exfuncionarios de Hacienda retuvieron los salarios de los trabajadores para entregarlos al PRI, lo que representa delito según la ley, además, el secretario de Finanzas del PRI cometió ilícito al momento que recibió esos recursos y cambiarlos.

Durante la acusación, los agentes de la FEPADE señalaron que durante el 2015 realizaron doce pagos de entre 1.2 y 1.6 millones de pesos a favor del Revolucionario Institucional, lo que sumó la cantidad de 14.6 millones de pesos los que recibió dicho partido a costa de la retención de parte del salario de los trabajadores.

En contraste, la defensa de dichos exfuncionarios y secretario del PRI basó en que el dinero que transfirieron no son recursos públicos, pues es el salario de los trabajadores, además, de que no existe prohibición que los militantes de algún partido político otorgue parte de su salario para cumplir con las cuotas.

Ante esto, el juez consideró que pese a que no existe prohibición para otorgar cuotas a los partidos, estas deben de funcionar de manera voluntaria, es decir, que los militantes acudan a las instalaciones del partido o alguna institución financiera a pagar por ellos mismos, por lo que calificó la retención como ilegal y determinó vincularlos a proceso.

Detalló que a difencia a los ciudadanos comunes, los que trabajan en la administración pública su actuar debe configurar en lo que dice la ley, no en contrario, por lo que al no existir la capacidad de retener salarios para cuotas partidistas, caen en ilegalidad.

En el caso de Pedro Mauli, la autoridad judicial consideró que el recibir los recursos públicos encaja en el supuesto, por lo que al conocer que venían de los salarios de los trabajadores su obligación era rechazar ese dinero.

Con información de: tiempo.com