Determinan abuso de gasoducto en la sierra

Chihuahua, Chih.- La empresa Infraestructura Energética Monarca, a cargo de la operación del gasoducto El Encino-topolobampo, tiene casi un mes sin cumplir una sentencia del Tribunal Unitario Agrario de Chihuahua, mediante la cual fue anulado un contrato considerado leonino en contra de la comunidad de San Elías, municipio de Bocoyna.

La autoridad judicial invalidó el acuerdo de arrendamiento entre la privada, subsidiaria de TC Energía, y la población tarahumara, pues pagó apenas 46 mil pesos por el uso de una franja boscosa de más de 51 mil metros cuadrados, donde ocasionó daños ambientales que la empresa se ha negado a reparar.

El abogado Maclovio Murillo, representante de la comunidad afectada, informó que luego de años de litigio, la empresa fue vencida en juicio y fue emitida una sentencia en firme que anula el contrato abusivo; sin embargo, se ha negado a cumplir el mandamiento judicial.

El gasoducto atraviesa por 13 municipios, nueve en Chihuahua y cuatro en Sinaloa: Chihuahua, Santa Isabel, Gran Morelos, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Carichí, Bocoyna, Urique y Guazapares en el estado; y Choix, Ahome, El Fuerte y Topolobampo, en la entidad vecina.

De acuerdo con información disponible en el portal de TC Energía, tiene una extensión de 572 kilómetros. Fue construido para el transporte de gas para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con una inversión privada de alrededor de mil 100 millones de dólares.

Con una capacidad de transporte de 670 millones de pies cúbicos de gas por día, la obra requirió de la adquisición de terrenos por todas las áreas privadas, ejidales o comuneras, desde el año 2014, según información del estudio “Gasoducto El Encino-topolobampo. El derecho a la consulta a los rarámuri”, publicado por María Teresa Guerrero, Diana Villalobos y Hugo Carrillo.

La obra generó controversias en diversas poblaciones que afectó con desmonte de terrenos, excavaciones y trabajos complementarios, lo que derivó en diversos conflictos jurídicos, en su mayoría relacionados con el desconocimiento de las comunidades que dieron permisos o firmaron contratos con la empresa trasnacional, filial de la empresa Transcanada, y el conjunto de entidades privadas involucradas en la construcción y operación.

El cinco de agosto de 2016, la comunidad tarahumara de San Elías, representada por Julián Cruz Mendoza, Lorenzo Cobo Cruz y Hermenegildo Cruz Cruz, firmó un contrato de arrendamiento con Infraestructura Energética Monarca, antes Transportadora de Gas Natural del Noroeste, de la cual fungió como apoderado legal Ramón Eduardo Abarca Millán.

Dicho contrato quedó inscrito en la Notaría Pública número cuatro del Distrito Judicial Benito Juárez, con sede en Cuauhtémoc, a cargo de Federico Hagelsieb, para arrendar una franja de terreno con el fin de construir y operar el gasoducto en el tramo correspondiente a dicha comunidad del municipio de Bocoyna.

El documento signado transmite el uso y goce (arrendamiento) de una “Franja de Uso Temporal” de 15 metros de ancho, por 3 mil 455.27 metros de longitud, con una superficie total de 51 mil 882.82 metros cuadrados.

Asimismo, destina también una superficie de terreno como “Camino de Acceso”, con 270.79 m. de longitud y una superficie total 982.03 metros cuadrados; además, una franja de “Uso Temporal Adicional” con una superficie de mil 872.76 metros cuadrados.

Todo el arrendamiento sería por un plazo de 36 meses, a fin de que se utilizara durante el proceso de construcción de las instalaciones. El gasoducto estaría instalado de forma subterránea, cubierto por completo.

Como contraprestación, fue establecida la entrega por única ocasión y en una sola exhibición de 46 mil 974 pesos con 36 centavos, de los cuales, la mayor parte, 41 mil 506 pesos, serían por la “Franja de Uso Temporal”, mientras que el resto sería por los demás conceptos.

Menos el Impuesto al Valor Agregado retenido, la comunidad tarahumara de San Elías recibió únicamente 42 mil 276 pesos con 92 centavos, mediante el cheque 0005689, de 20 de julio de 2016, a cargo de Banco Nacional de México.

Por esa cantidad, la comunidad dio el aval para las obras y operación del gasoducto en esa zona del estado, afectada, además, por incendios forestales y la sequía, según lo han denunciado los pobladores que años después iniciaron una disputa legal para revertir el contrato.

Anula contrato Tribunal Agrario

La controversia agraria, iniciada con el expediente 258/2018 del Índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 05 con sede en Chihuahua, derivó en la anulación del contrato unos años después. La sentencia del magistrado titular, Rafael Gómez Medina, del cinco de diciembre de 2022, declaró la nulidad del contrato y ordenó al notario público Federico Hagelsieb cancelar la escritura pública del mismo, datada en 2016.

Ante la sentencia del Tribunal Agrario, la empresa recurrió al juicio de amparo, pero perdió dicho intento para invalidar la condena en su contra, que le obligaba a la reparación de daños y a la desocupación voluntaria y “la entrega jurídica y material del inmueble arrendado”, con la advertencia de que podría ser forzada a hacerlo.

El proceso en la justicia federal terminó en el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, por unanimidad de votos de los magistrados José Martín Hernández Simental y José Raymundo Cornejo Olvera, así como del licenciado Irving Armando Anchondo Anchondo, secretario en

funciones de magistrado, quienes determinaron no amparar a la empresa denunciada por el contrato abusivo. La resolución fue desde el 14 de julio de 2023.

Desde entonces, la comunidad ha procedido a buscar que sea ejecutada la sentencia del Tribunal Agrario, que hace poco más de dos semanas resolvió en definitiva la condena contra la subsidiaria de TC Energía, pero la empresa no ha acatado la resolución.

“Es una comunidad tarahumara que accedió a un contrato tremendamente leonino. Al celebrarse el contrato se aprovecharon de la ignorancia extrema de la comunidad”, afirmó el abogado Maclovio Murillo, representante de los afectados, tras dar a conocer el sentido de la sentencia.

“A la fecha existe sentencia firme del Tribunal Agrario, en la cual, entre otras cosas, condenó al pago de rentas, daños y perjuicios en relación a los recursos maderables y a la entrega de los terrenos ocupados con motivo del contrato de arrendamiento por el cual les pagaron en una sola exhibición la ridícula suma de 46 mil pesos”, explicó.

“A la fecha no se ha cumplido la sentencia debido a que la empresa demandada se siente poderosa y respaldada por la autoridades competentes, burlándose así de la sentencia condenatoria dictada en su contra”.

Aseveró que los miembros del Comisariado Ejidal están siendo presionándolos por las autoridades y la empresa para que se den por satisfechos y ya no reclamen el cumplimiento de la sentencia e incluso esas personas han tenido que resguardarse para evitar que los sigan presionando.

Aseveró que a la comunidad de San Elías no se le ha cubierto ninguna indemnización por la servidumbre de paso, pues no obstante que el gasoducto cruza por tierras ejidales de su propiedad, nada se le ha pagado. Además, con la instalación de ese gasoducto se ha causado daños de naturaleza ambiental y ecológica en los terrenos y entorno boscoso de la región.

La empresa fue buscada vía telefónica, por un formato de contacto que dispone en su sitio de internet (https://www.tcenergia. com) y mediante correo electrónico, pero no respondió a la solicitud de información sobre el litigio

“Cada día, más de 500 empleados apoyan a nuestras comunidades como parte de la familia TC Energía. No sólo contribuyen al éxito de nuestra empresa, su trabajo tiene un impacto social y económico positivo en los lugares a los que llaman hogar”, asienta el sitio de internet.

Con información de: eldiariodechihuahua.com