Hoy, sentencia por jueves negro

El asesinato de 11 personas el 11 de agosto de 2022 a manos de integrantes del crimen organizado fue un evento que marcó a Ciudad Juárez y la antesala de un 2023 violento que inició con la fuga de varios de ese grupo del Cereso 3.
En relación con ese día, el “jueves negro”, fueron detenidas 10 personas, de las que luego sólo fueron vinculadas a proceso seis: una por daños y ataques a la paz pública (Jorge Antonio C. B., por el incendio de un camión en Riberas del Bravo) y cinco más por homicidio en grado en tentativa y daños. Hoy será definida la verdad histórica sobre la acusación que recae sobre estos últimos.
Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado evidencia precisa que vincule a los cinco –Ezequiel A. C., Jorge Adrián V. L., José Antonio L. E., Manuel Alfredo L. G. y Víctor Hugo L. T. – directamente con los asesinatos de nueve civiles, dos reclusos del Cereso 3 o en los diversos incendios que hubo en la ciudad aquel día.

Lo que sí se ha expuesto ante el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento son declaraciones de 29 testigos, entre peritos, civiles, funcionarios municipales y las víctimas, para juzgar lo que presuntamente sucedió la madrugada subsecuente al fatídico “jueves negro”, el 12 de agosto de 2022 a las 3:30 horas.
Las audiencias para determinar la verdad histórica de este hecho iniciaron el 14 de junio, hace 31 días. En esa primera sesión de alegatos de apertura el Tribunal, conformado por tres jueces, ordenó a los medios de comunicación la reserva de las identidades de intervinientes, víctimas y los acusados.

Todo empezó el ‘jueves negro’
La narrativa oficial empezó a tomar forma en la segunda audiencia, el 17 de junio de 2024 con la declaración de César Omar Muñoz Morales, titular de la SSPM, y dos de las víctimas, agentes de la corporación que atendieron el llamado aquella madrugada.
De acuerdo con el relato de las dos víctimas y Muñoz Morales, todo inició el “jueves negro”, el 11 de agosto de 2022. Los agentes iniciaron turno a las 10:00 de la mañana, a bordo de la unidad 930 del Distrito Sur, y cerca del mediodía fueron llamados al Cereso 3 por un conflicto interno.
Policía Estatal, Ministerial, soldados, un helicóptero del Estado y las patrullas municipales se abocaron al Cereso 3. La versión oficial de la Fiscalía fue que Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, líder de la organización delictiva “Los Mexicles” ordenó el asesinato de dos hombres dentro del penal, pertenecientes a un grupo contrario.
Tras retomar el control del reclusorio, los agentes volvieron a las calles, pero iniciaron los llamados de emergencia por ataques ordenados contra la población civil en toda la ciudad. Fue un día que dejó nueve civiles muertos y la ciudad desierta a partir de las 8:00 de la noche.
Los dos internos del Cereso 3 asesinados fueron Kevin Alan Campos Aguilera y Raúl Abraham Sepúlveda Olivas. Fuera del penal, se reportó la muerte de María del Refugio Gómez Ramírez (54 años) y Saira Janeth de Santiago Castro (18) en la tienda Rapiditos Bip Bip ubicada en calles Hiedra y Cártamo, tras un incendio provocado; el asesinato a tiros en un Circle K de Christian Omar Zúñiga Morales (13).
También con arma de fuego el homicidio de Yovanni Varo Otaño (22) en Parajes de Oriente; el ataque armado contra José Manuel Balderas Ruiz (54) cerca de las oficinas de la Coordinación General de Seguridad Vial, y un ataque contra integrantes de una radiodifusora y contra una pizzería en la avenida Ejército Nacional desde donde realizaban un enlace en vivo, del que resultaron personas lesionadas y muertos Allan Izaskun González Escobar (42), Armando Guerrero Armendáriz (46), Lino Andrés Flores González (35) y Alejandro Arriaga Salazar (42).
Sin descanso, los agentes siguieron laborando hasta la madrugada del 12 de agosto. Cerca de las 3:30 horas, su jefe inmediato les dio aviso: se reportó en el cruce de las calles Ajenjo y Copaiba una camioneta Chevrolet Tahoe guinda sin placas de circulación con hombres armados al interior. Lo atendieron en binomio las unidades 930 y 920, esta última liderando.
Llegaron al punto y vieron el vehículo en movimiento; le marcaron el alto, y éste atendió sólo hasta acercarse a la vivienda 9714 de la calle Ajenjo. Se bajó un hombre, presuntamente Ezequiel A. C. en supuesta posesión en una de sus manos de un arma corta, que según los agentes disparó y corrió al interior de la vivienda. Ya lo esperaban otros hombres, que le abrieron el barandal, para luego cerrarlo y empezar una balacera.
Un agente que iba a bordo de la unidad 920 resultó lesionado de gravedad, mientras el resto repelía el ataque y recurría al botón de pánico para pedir apoyo a todas las corporaciones. El primero en llegar fue Muñoz Morales a bordo de la unidad que la Secretaría le ofrece como jefe policiaco, con la que embistió el barandal de la vivienda, logrando tumbarlo. Era momento de entrar para terminar con el enfrentamiento.
Ingresaron y había tres hombres en la sala/comedor apuntándoles, presuntamente Manuel Alfredo L. G., Ezequiel A. C. y José Antonio L. E., a quienes ordenaron tirar las armas y lo hicieron justo en esa habitación para luego intentar huir, sin éxito.
Desde la detención, José Antonio L. E. aseguró que él únicamente estuvo ahí porque uno de los restantes le pidió un viaje por aplicación móvil.
Otros tres escaparon por el techo, entre las casas contiguas, según contaron los oficiales que declararon en la tercera y cuarta audiencias, el 18 y 19 de junio respectivamente.
Fueron detenidos en la calle Anémona Víctor Hugo L. T., Jorge Adrián V. L. y un sexto hombre, William Serafín L. P. y/o Francisco Alejandro M. A., quien según los agentes había caído desde el techo de un segundo piso hasta un Nissan Altima gris oscuro, propiedad de un vecino de la zona, lo que le causó heridas considerables que lo llevaron a la muerte antes de ser presentado siquiera a la audiencia inicial.
Algunos de los oficiales entrevistados ante el Tribunal coincidieron en que William Serafín señaló tras ser detenido ser “comandante Mexicle”, de la misma agrupación criminal que horas antes causó caos en Ciudad Juárez por órdenes desde el penal varonil.

Más pruebas,  más preguntas
A partir de la quinta audiencia (del 20 de junio), peritos de la Fiscalía empezaron a dar detalles de los aseguramientos, que más que dilucidar la versión de los elementos de la SSPM, parecía a ratos contrariarla.
Se expuso que las armas aseguradas estaban en la cocina y en un cuarto del segundo piso; se habló del aseguramiento del automóvil Nissan Altima sobre el que presuntamente cayó William Serafín; se establecieron los costos de los daños a las dos unidades oficiales de la Policía; se mostró un altar a la “Santa Muerte” al interior de la vivienda.
El 26 de junio habló una perita en balística forense, con 12 años de experiencia, adscrita a la FGE. Explicó que a su poder llegaron para el análisis las tres armas aseguradas, así como dos cargadores metálicos en color negro y cinco cartuchos útiles calibre .223 Rem.
La primera arma mostrada fue una marca Great Lakes Firearms and Ammunition (GLFA), hecha en Sparta, Estados Unidos, modelo GL-15 con número de serie 41.7590, para balas calibre .223.
La siguiente fue un arma Anderson Manufacturing modelo AM-15 calibre .223 con número de serie 16353129 que se aseguró con un cargador y tres de las balas.
Finalmente, se expuso un rifle Bushmaster modelo XM-15-E2S calibre .223 con el número de serie 2269420, que también llevaba un cargador y dos balas útiles.
Con esas armas la perita hizo disparos para ver si eran funcionales y para generar casquillos de muestra que sirvieron a un perito que compareció en la novena audiencia.
Posteriormente habló el ciudadano cuyo coche quedó dañado por la supuesta caída de William Serafín desde el segundo piso de una casa hasta el cristal trasero del auto, y enseguida un perito que analizó la trayectoria de las balas en las camionetas de la Policía.

Hubo tiros de 18 armas, incluido Ejército
El 28 de junio, en la novena audEl 28 de junio, en la novena audiencia, fue cuando sirvieron los disparos de muestra de la perita en balística de la séptima sesión, además de que se presentó el séptimo agente participante en el enfrentamiento, quien resultó herido de gravedad, hospitalizado por 35 días con un pronóstico reservado y varias declaratorias de muerte, lo que derivó en que fuera pensionado de manera permanente.
Hubo disparos que le dañaron el intestino grueso, que a la postre le causaron peritonitis, embolia pulmonar e infección generalizada en el cuerpo.
Dijo que era difícil estar ahí, contando el momento más traumático de su vida.
Luego, sin que le fuera solicitado, pidió a los jueces la oportunidad de mostrarles sus heridas. Marcas de disparos, cicatrices notables y una hernia del tamaño de una pelota de softbol es lo que se pudo ver. 
Durante esta audiencia compareció un segundo declarante, un perito en balística forense con 30 años de experiencia quien mostró un análisis minucioso de las marcas en los casquillos encontrados con lo que concluyó, a preguntas de uno de los jueces del Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento, que hubo 18 armas distintas durante el enfrentamiento que, se había dicho, ocurrió entre seis presuntos agresores y siete policías municipales.
Esto se derivó de un análisis con microscopio de las marcas en los casquillos, con las que se detectan similitudes y se hacen “grupos” de balas con marcas iguales. Había 311 restos balísticos por analizar en más de 17 grupos.
En el grupo 14 se reunieron siete cartuchos percutidos con características similares a las de una bala “testigo” (de prueba) disparada por la Bushmaster XM15-E2S. Habían sido hallados los casquillos en el patio de la vivienda intervenida.
De las otras dos armas aseguradas, una Great Lakes Firearms and Ammunition GL-15 y una Anderson Manufacturing AM-15, no se halló coincidencia con las balas estudiadas.
Otro grupo, sin embargo, incluyó una bala calibre .223 con la marca “SDN”, que utiliza exclusivamente la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército Mexicano, del cual no se dio constancia de haber participado activamente en el enfrentamiento armado, sino sólo en el acompañamiento a los policías locales.
Sobre este disparo, el perito recordó perfectamente que, según la cadena de custodia que a él hicieron llegar para continuar con el debido proceso en el análisis de las evidencias, ese cartucho estaba marcado dentro del grupo 17, que fueron embalados y levantados de la carpeta asfáltica sobre la calle Ajenjo.
Fue hasta el 2 de julio que se retomaron las audiencias en la décima sesión, que reunió a un médico del Hospital Star Médica, quien habló sobre las lesiones del agente municipal que duró 35 días internado en peligro de morir en varias ocasiones.
La sesión del 3 de julio fue con el mismo testigo que el día 5. Compareció en estas audiencias número 11 y 12 un perito táctico forense que trabajaba para la Fiscalía pero ahora lo hace para la Policía del Estado.
Este perito extrajo mensajes de texto, audios, videos, fotografías y detalles de las llamadas de los seis teléfonos celulares asegurados tras la detención de los cinco, de los que sólo cuatro sirvieron para poder extraerles información con software especializado.
Entre el material se encontraron videos como el de un hombre lanzando una granada tomado el “jueves negro” cerca de las 4:00 de la tarde, o el de un grupo de hombres armados (con caras similares a las de algunos acusados) gritando “a la orden, pa’l desorden”, y otras fotografías, audios y mensajes probablemente incriminatorios, de no ser porque el experito de la Fiscalía fue insistente en que su trabajo no era interpretar o revisar el material recuperado, sino únicamente extraerlo y ponerlo a disposición del Ministerio Público.
A quien correspondía analizar el contenido, no obstante, ya no laboraba en la Fiscalía, y fue imposible localizarla dado que dio información falsa sobre su posible paradero.

Sigue la defensa
Después de las pruebas del Ministerio Público, siguió el turno de la defensa, en la audiencia número 12, el 8 de julio, en que un médico del Cereso 1 de Aquiles Serdán compareció. Él trató a los imputados en aquel penal, puesto que fue ahí a donde fueron enviados inmediatamente tras su detención por supuestas razones de seguridad, el 12 de agosto de 2022, para ser presentados el día 14 de aquel mes y año ante una jueza de Control del Distrito Judicial Morelos. Sin embargo, esta testimonial no generó controversia.
En la audiencia 13, el 9 de julio, finalmente José Antonio L. E. vio una oportunidad para demostrar su inocencia con la comparecencia del dueño del carro Chevrolet Beat 2020 naranja que supuestamente conducía como chofer de las plataformas DiDi e InDriver.
El dueño del carro dijo que el acusado era una persona responsable, de familia y un buen hombre.

Hubo tortura, asegura perito
Relatos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes tendientes a la autoincriminación o a inculpar a otros salieron a flote en la audiencia 14, el 10 de julio, con la comparecencia del perito en Psicología del Instituto de Estudios Psicológicos y Socioeconómicos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con 10 años de experiencia en el puesto y encargado de aplicar el Protocolo de Estambul.
Expuso los resultados de cada uno de los cinco imputados. En todos los casos, en mayor o menor gravedad, los estudios arrojaban depresión, ansiedad y Síndrome de Estrés Postraumático (SEPT), un alto grado de concordancia entre la narrativa y los hechos de que se tiene conocimiento, preocupaciones por su bienestar y futuro, y pronóstico favorable si llevan terapia psicológica.
Según los resultados del protocolo, en particular Ezequiel A. C. aseguró haber sido detenido desde el 11 de agosto. Fue víctima desde entonces de golpes, asfixia con métodos secos y húmedos, privación sensorial, choques eléctricos. Luego de su detención, oficiales de la Guardia Nacional lo llevaron a un punto que dijo desconocer, le dispararon a quemarropa en la nalga izquierda, le metieron el cañón del arma en la herida y rozaron con el cañón caliente al detenido causando quemaduras en la zona anal.
Además, William Serafín, aseguraron, no murió sólo por sus heridas. Según las versiones recabadas por el perito, el sexto detenido, que tenía un traumatismo en la cabeza visible, fue amarrado a una camilla como de hospital para que agentes le brincaran encima, para luego pasear su cuerpo inerte mientras los agentes amenazaban con “a ver quién sigue”.
Dijeron al psicólogo que aparte de todo les hicieron firmar sin leer lo que luego fue expuesto como sus declaraciones por lo ocurrido.
Esas pruebas, con mayor detalle, fueron escuchadas por los jueces del Tribunal Colegiado, quienes hoy escucharán los argumentos finales de ambas partes para luego emitir un fallo.
La acusación es por el delito de daños por casi 200 mil pesos a dos camionetas tipo pickup propiedad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPM), que acarrea penas de entre tres y seis años de prisión; así como el de homicidio calificado en grado de tentativa que establece penas de entre 16 años y medio y 46 años y tres meses.
De haber condena, sería la segunda por hechos relacionados con el 11 de agosto luego de los más de 30 años que recibió Jorge Antonio C. B. por el incendio al camión, aunque a él le retiraron la acusación por “ataques a la paz pública”.
Por otra parte, de los agentes de Custodia Penitenciaria señalados como partícipes en el ataque al interior del penal que inició con aquella catástrofe no se han dado mayores detalles por parte de la Fiscalía. 

Con información de: eldiariodechihuahua.com