Critican falta de transparencia en el uso de recursos tras reforma a la Ley Federal de Derechos
El diputado federal Noel Chávez Velázquez, representante del IX Distrito por el PRI, manifestó su oposición a la reforma de la Ley Federal de Derechos (LFD), recientemente aprobada, al considerar que carece de transparencia en el destino de los recursos generados por el incremento de derechos en sectores como el turismo, la minería y los servicios migratorios.
Según Chávez, esta reforma permite la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos, lo que, aseguró, se ha convertido en una característica del actual gobierno federal.
El legislador ejemplificó su preocupación con el caso del cobro del derecho a los visitantes extranjeros con fines turísticos, del cual el 33% de lo recaudado será manejado por la Tesorería de la Federación. Chávez cuestionó la falta de claridad sobre el destino de este dinero y propuso que dichos recursos se inviertan en el desarrollo de los Pueblos Mágicos, lo que beneficiaría a municipios del Noveno Distrito como Parral, Guachochi, Batopilas, Creel y Casas Grandes.
En cuanto al sector minero, Chávez destacó que la reforma incrementa la tasa del derecho especial sobre minería de 7.0% a 8.5% sobre los ingresos derivados de la actividad extractiva, y la tasa del derecho extraordinario sobre minería de 0.5% a 1.0% sobre los ingresos obtenidos por la venta de oro, plata y platino. Señaló que este aumento tendrá un impacto significativo en su distrito, por lo que exigió transparencia en la distribución de estos recursos para garantizar beneficios concretos para las comunidades afectadas.
Finalmente, el diputado criticó lo que calificó como un patrón en las decisiones del actual gobierno, señalando ejemplos como la eliminación de instituciones como Financiera Rural y recortes en sectores como medio ambiente y protección civil. Según Chávez, estas acciones permiten al grupo político en el poder disponer de los recursos públicos sin un control adecuado ni rendición de cuentas.
El legislador hizo un llamado a que se aclaren los mecanismos para la utilización de los nuevos ingresos generados, a fin de evitar su uso discrecional y garantizar que estos recursos sean utilizados para el beneficio de la población.