Acusan a Osiel de asesinar familiares de testigo protegido

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República acusó ante un juez federal al capo Osiel Cárdenas Guillén de haber ordenado el asesinato de seis personas, entre ellas a familiares de uno de los primeros testigos protegidos que rindió declaraciones en su contra.

Al capo le atribuyen las ejecuciones de Guadalupe y Juan Rosendo Vázquez Guzmán, hermanos de Francisco Vázquez Guzmán, testigo protegido con nombre clave “Rufino”, registradas el 4 de julio de 2002 en Matamoros, Tamaulipas.

En esta causa penal, también le acusan de haber ordenado la masacre de Trinidad del Carmen Ramos Ovando y las hermanas Gabriela, Karina y Romana Antonio Ramos -estas últimas menores de edad-, el 21 de enero del 2002 en Coatzacoalcos, Veracruz.De acuerdo con fuentes federales, por este asunto el capo compareció ayer en la audiencia de declaración preparatoria ante Francisco Reséndiz Neri, juez séptimo de Distrito en Materia Penal de Jalisco.

En la diligencia, que inició a las 12:30 y concluyó a las 14:37 horas, “El mata amigos” decidió reservarse su derecho a declarar y solicitó la duplicidad del plazo constitucional para que le definan la situación jurídica.

A más tardar el próximo lunes a las 20:20 horas el juez Reséndiz resolverá si le dicta o no la formal prisión por el delito de homicidio calificado.Según la FGR, dos de las víctimas del traficante son hermanos de Francisco Vázquez Guzmán, quien fue detenido el 12 de enero en las Lomas de Chapultepec, de esta capital, y se convirtió en el testigo “Rufino”.

A más tardar el próximo lunes a las 20:20 horas el juez Reséndiz resolverá si le dicta o no la formal prisión por el delito de homicidio calificado.Según la FGR, dos de las víctimas del traficante son hermanos de Francisco Vázquez Guzmán, quien fue detenido el 12 de enero en las Lomas de Chapultepec, de esta capital, y se convirtió en el testigo “Rufino”.

También está sujeto a siete procesos penales que quedaron suspendidos cuando en 2007 fue extraditado a Estados Unidos y que ahora serán reactivados.

Dos de estas causas judiciales son por delincuencia organizada en la modalidad de cometer delitos contra la salud y lavado de dinero, respectivamente; y las otras por delitos contra la salud; lavado; acopio, portación y posesión de armas de fuego y de cartuchos de uso exclusivo del Ejército; posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército y cohecho.

En ninguno de los juicios ha sido sentenciado, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dijo que el capo podría alcanzar hasta 730 años de prisión, en caso de ser hallado culpable por todos estos ilícitos que le atribuyen.

Con información de: reforma.com