A dos años de la masacre y fuga masiva en el Cereso 3 de Ciudad Juárez, no hay justicia ni reparación

El 1 de enero del 2023 un motín y una fuga masiva en el Cereso 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, dejó 17 muertos. A la fecha, familias de las víctimas siguen a la espera de justicia.

La madrugada del 1 de enero del 2023, Jorge César Lares Nicolas y Edgar Echeverría Rodríguez fueron asesinados en medio del motín y la fuga masiva de reos registrada en el Centro de Readaptación Social para Adultos (Cereso) número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, que en total dejó 17 homicidios entre reclusos, custodios y guardias de seguridad.

A dos años de esos hechos, los crímenes prevalecen en la impunidad y las familias de Jorge y Edgar dudan que alguna vez se materialice la justicia para ellos, ni hablar del daño causado que reclaman al Gobierno de Chihuahua por la actuación irregular y omisiones de la Fiscalía de Chihuahua ante ese hecho que desató la masacre.

“Fue una perdida muy grande, primero nos lo quitan sin pruebas, sin nada (lo detienen), y supuestamente ya estaba para salir (del penal) cuando me lo mataron”, comentó María del Rosario Rodríguez Reyes mamá de Edgar.

Las respuestas siguen pendientes para las familias de las 17 personas asesinadas, pues el caso sigue en la impunidad. La investigación de la Fiscalía no ha concluido y no se han emitido órdenes de aprehensión en contra de ninguna de las personas que se desempeñaban como funcionarios públicos del sistema penitenciario.

Además las autoridades han expresado información contradictoria durante el tiempo transcurrido.

Hace un año, en diciembre del 2023, el fiscal en la zona Norte, Carlos Manuel Salas, aseguró que había órdenes de aprehensión giradas por ese hecho, aunque evadió responder sobre el número de personas bajo investigación.

Sin embargo, el pasado 19 de diciembre de 2024 Salas declaró: “No hemos terminado con eso (la investigación) y cuando no se termina y no se formula imputación, no hay todavía órdenes de aprehensión”.

El funcionario también indicó que es una investigación larga, que “se junta también con el hecho conocido como el jueves negro porque, aseguró, los responsables de ambos hechos son los integrantes de la pandilla Los Mexicles”, una pandilla identificada como aliada del cártel de Sinaloa.

El jueves negro hace referencia a la jornada violenta ejercida contra los ciudadanos, que se vivió el 11 de agosto del 2022 y que dejó 11 homicidios, tras una reyerta ocurrida en el mismo penal.

Además las autoridades han expresado información contradictoria durante el tiempo transcurrido.

Hace un año, en diciembre del 2023, el fiscal en la zona Norte, Carlos Manuel Salas, aseguró que había órdenes de aprehensión giradas por ese hecho, aunque evadió responder sobre el número de personas bajo investigación.

Sin embargo, el pasado 19 de diciembre de 2024 Salas declaró: “No hemos terminado con eso (la investigación) y cuando no se termina y no se formula imputación, no hay todavía órdenes de aprehensión”.

El funcionario también indicó que es una investigación larga, que “se junta también con el hecho conocido como el jueves negro porque, aseguró, los responsables de ambos hechos son los integrantes de la pandilla Los Mexicles”, una pandilla identificada como aliada del cártel de Sinaloa.

El jueves negro hace referencia a la jornada violenta ejercida contra los ciudadanos, que se vivió el 11 de agosto del 2022 y que dejó 11 homicidios, tras una reyerta ocurrida en el mismo penal.

Casi cinco meses después del jueves negro, el primero de enero del 2023 un interno identificado como Ernesto Piñón de la Cruz y otros reos protagonizaron una rebelión que dejó un saldo de 17 personas asesinadas – diez de ellos oficiales de seguridad y custodia penitenciaria, y siete reclusos, así como 13 reos lesionados–, y posteriormente se evadieron 30 presos. En las calles se desataron dos enfrentamientos.

Otras de las inconsistencias en la información oficial proporcionada por el fiscal Salas en entrevista es que actualmente está por iniciar una investigación contra el financiador de la pandilla Los Mexicles, a quien identificó como Braulio Raúl.

Aunque datos periodísticos indican que Braulio Raúl Ornelas Contreras, alias “Beethoven”, ya falleció. Fue encontrado sin vida el 25 de noviembre de 2023 en una celda del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 12, en Ocampo, Guanajuato.

Braulio Raúl fue trasladado a ese reclusorio después de que se le formularon cargos por el motín y fuga de reos sucedida en el penal 3 de Juárez; se le acusó de ser una de las personas que ingresó las armas de fuego, los chalecos antibalas y los cascos utilizados por Ernesto Piñón de la Cruz, “El Neto”, y los otros reos que se evadieron el primero de enero del 2023.

Al momento del motín y la fuga, la Fiscalía General del Estado (FGE) administraba el Cereso número 3 así como el resto de los centros penitenciarios en Chihuahua. Ahora es la encargada de la investigación.

Como director del penal estaba Alejandro Alvarado Téllez, quien fue destituido el 3 de enero de 2023 bajo investigación; Luis Alfonso Harris Arrondo, era el director general del sistema penitenciario, él fue cesado el 11 de enero de ese año; y Roberto Fierro Duarte, era el fiscal General del Estado, pero 16 días después de la fuga masiva de reos fue enviado a desempeñarse como secretario particular y jefe de la oficina de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, lugar en el que se mantuvo hasta el 13 de junio de 2023, cuando dejó el cargo para reaparecer casi dos meses después como director jurídico de la Secretaría de Hacienda estatal. Actualmente Fierro Duarte es Secretario de la Función Pública.

Hasta el momento no se ha iniciado ningún proceso penal contra ninguno de ellos.

Justicia y reparación de daño, la demanda

Para las familias de dos de los internos asesinados, Jorge César y Edgar, está claro que la justicia no ha llegado y dudan que alguna vez se materialice.

“Se me hace ilógico que un grupo armado entre a las instalaciones que deben estar protegidas y maten a la gente así nomás (sic)” dijo un familiar de Jorge César, quien tenía 20 años y estaba sentenciado a cuatro años de cárcel.

Durante el motín él recibió un impacto de bala en el cráneo, desde una torre de vigilancia.

“El gobierno no dio apoyo, no nos dio la cara”, expresó el pariente del interno asesinado, quien pidió reservar su identidad por seguridad.

La mamá de Jorge César es una de las familiares de víctimas más afectadas, aseguró. “Que maten a un hijo está canijo, sufre mucho”.

Expuso que Jorge César no tenía nada que ver con ningún grupo delictivo y fue recluido en el penal porque la mamá de su novia lo acusó del delito de violación.

Pero no solo la familia de Jorge reclama justicia. María del Rosario Rodríguez Reyes también lo hace por su hijo Edgar.

La mujer recordó que su hijo fue sacado de su casa ilegalmente el 4 de enero del 2021 y posteriormente acusado de un feminicidio. Además, dijo que tiene datos que indican que a él lo dejaron morir, pues permaneció casi siete horas lesionado esperando asistencia médica.

“En todos los videos que vi sale donde lo dejaron morir, no le dieron ni auxilio ni nada… él duró horas, le dispararon a las 8:15 de la mañana y vino muriendo a las 3 de la tarde, así dice en el acta de defunción” expuso. “Murió con su propia sangre”.

La mujer aseguró que testigos de los hechos le dijeron que a uno lo mataron por pedir auxilio, “”e dispararon los soldados, entraron los soldados disparando a diestra y siniestra… estaban todos hincados y donde tenían a mi hijo lo tenían tirado en el suelo, amotinado como los demás”.

Las familias de ambos internos interpusieron demandas de responsabilidad patrimonial por daño moral en contra del Gobierno del Estado, aunque saben que la vida de ambas personas no se va a recuperar, no han renunciado al anhelo de justicia y de que se repare el daño que les causaron.

“Estoy viva de milagro, me dio diabetes, depresión; tuve que ir a terapia, me volvía loca y me dijeron que tenía que controlarme. En donde quiera veía a mi hijo, me tenían sedada. A ellos (a la Fiscalía) no les importa”, reclamó María del Rosario.

Inicialmente nueve familias de víctimas interpusieron demandas de responsabilidad patrimonial por daño moral y posteriormente se sumó otra familia. Por cada una se está demandando al Gobierno de Chihuahua por 40 millones de pesos.

Los internos muertos en el motín y evasión son Juan Carlos Nurias Gómez, José Luis Oliván García, Mario Enrique Falcón Herrera, Jorge César Lares Nicols, César Vega Muñoz, Edgar Echeverría Rodríguez y Cristian Reyes Navarro.

Con información de: animalpolitico.com