México, primer lugar en impunidad

Las deficiencias en el funcionamiento y estructura de los sistemas de justicia y seguridad, así como en el respeto a los derechos humanos, posicionan a México en primer lugar de impunidad a nivel continente y en cuarto sitio, a nivel mundial, con 69.21 puntos, revela el Índice Global de Impunidad (IGI) 2017, realizado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

En la presentación, Luis Ernesto Derbez, rector de esa casa de estudios, aseguró que la impunidad tiene que ser resuelta si queremos resolver el problema de violencia, inseguridad y corrupción en el País.

Señaló que de cada 100 delitos que se comenten y son denunciados, sólo 0.7 por ciento llega a una etapa de sentencia.

El estudio que compara la información relacionada con los indicadores en materia de seguridad, justicia y derechos humanos, analizó la situación de 69 países, de 139 miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ya que el resto no aporta información suficiente.

CUARTO LUGAR

Los 13 países con muy alta impunidad fueron Filipinas, con 75.6 puntos; India, 70.94; Camerún, 69.39; México, 69.21; Perú, 69.04; Venezuela, 67.24; Brasil, 66.72; Colombia, 66.57; Nicaragua, 66.34; Federación de Rusia, 65.49; Paraguay, 65.38; Honduras, 65.04; y El Salvador con 65.03.

En contraste, las naciones con el menor índice de impunidad fueron Croacia, con 36.01 puntos; Bulgaria, 37.19; Eslovenia, 37.23; Suecia, 39.15; Noruega, 40.90; Montenegro, 42.13; República Checa, 42.83; Grecia, 44.56; Alemania, 45.10; y Países Bajos con 45.31.

El primer análisis que presentó la Universidad de las Américas y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla fue en 2015, se analizaron 59 países miembros de la ONU, México se ubicó en la posición 58; en esta ocasión la muestra aumentó a 69 naciones. Aunque se utilizó la misma metodología, se debe tener cuidado en comparar ambos estudios porque la muestra aumentó.

El índice tiene el respaldo institucional del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) que alberga la UDLAP; representa un punto de partida para el pensamiento e investigaciones estratégicas de carácter universitario, que se consolida como un think tank con alcance global.

Encabezado por el rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez, y los coordinadores del IGI, Juan Antonio Le Clercq Ortega y Gerardo Rodríguez Sánchez, el estudio refiere que México ocupa, nuevamente, el primer lugar de impunidad a nivel continente, seguido de Perú, Venezuela, Brasil, Colombia, Nicaragua, Paraguay, Honduras y El Salvador.

El IGI se construyó utilizando un total de 12 variables: cinco que conforman la dimensión estructural, seis la dimensión funcional y un único indicador integrado para la dimensión de derechos humanos. Se logró estimar los grados de impunidad para 69 países, diez más que en el reporte correspondiente a 2015.

El rector de la UDLAP explicó que la impunidad se genera a partir de factores como la desigualdad social, corrupción y un sistema de procuración de la justicia fallido.

Al ejemplificar con algunos casos, dijo que existe un trato diferenciado que genera impunidad; si usted se llama Rafael Márquez le congelan sus activos, no así “si usted se apellida Lozoya”, al hacer alusión al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

ENTÉRESE

Los 10 países con más alta impunidad fueron:
Filipinas: 75.6 puntos.
India: 70.94
Camerún: 69.39
México: 69.21
Perú: 69.04
Venezuela: 67.24
Brasil: 66.72
Colombia: 66.57
Nicaragua: 66.34
Rusia: 65.49

El informe del IGI 2017 alerta sobre las deficiencias en el sistema de justicia, una de ellas es aumentar el número de jueces para mejorar la impartición de la ley.

En cuanto a la funcionalidad del sistema de justicia hay deficiencias, 43 por ciento de la población detenida no ha recibido sentencia.

Destaca son las graves violaciones a los derechos humanos, un factor crítico para entender los altos grados de impunidad que caracterizan a México.

Para reducir la impunidad, el documento recomienda tomar medidas urgentes, como dotar de mayor presupuesto a los sistemas de seguridad, justicia y penitenciario; evitar la violación a los derechos humanos, porque agrava los niveles de ésta y profundiza las fracturas sociales.