Asesinato de líder rarámuri demuestra falta de protección estatal para personas defensoras de derechos humanos

El asesinato del defensor indígena rarámuri, Julián Carrillo, en el estado de Chihuahua ayer demuestra una vez más la falta de protección, así como la ineficiencia de las medidas de protección brindadas por las autoridades mexicanas a las comunidades indígenas de la sierra Tarahumara; así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

“Nuevamente queda demostrado que sin cambios que aborden las causas estructurales de la violencia contra personas defensoras de derechos humanos, la provisión de un policía acompañante o un teléfono no es suficiente para parar la oleada de violencia que enfrentan quienes osan alzar la voz para defender su territorio”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Nuevamente queda demostrado que sin cambios que aborden las causas estructurales de la violencia contra personas defensoras de derechos humanos, la provisión de un policía acompañante o un teléfono no es suficiente para parar la oleada de violencia que enfrentan quienes osan alzar la voz para defender su territorio
Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional

Julián Carrillo, líder de la comunidad de Coloradas de La Virgen, fue perseguido y asesinado por agresores no identificados la noche del 24 de octubre. Su asesinato es el punto culminante de la crónica de muertes en su familia: el 5 de febrero de 2016 fue asesinado su hijo Víctor Carrillo; el 31 de marzo de 2017 fue asesinado uno de sus sobrinos, Antonio Alberto Quiñones; el 30 de julio de 2017 fue asesinado otro de sus sobrinos, Guadalupe Carrillo Polanco; y, finalmente, el 1 de julio de 2018 fue asesinado su yerno, Francisco Chaparro Carrillo.

“El asesinato de Julián Carrillo no debe quedar en la impunidad. Es imperativo que las autoridades mexicanas identifiquen a los autores materiales e intelectuales de este crimen y los presenten ante la justicia civil ordinaria”, dijo Erika Guevara Rosas.

“Las autoridades nacionales y locales deben tomar medidas adecuadas de protección inmediatamente para proteger la vida e integridad de la familia de Julián Carrillo y de los integrantes de la comunidad, y para defender su derecho al territorio en Coloradas de La Virgen”.

El asesinato de Julián Carrillo no debe quedar en la impunidad. Es imperativo que las autoridades mexicanas identifiquen a los autores materiales e intelectuales de este crimen y los presenten ante la justicia civil ordinaria
Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de A

Desde 2007, la comunidad de Coloradas de La Virgen viene dando una batalla jurídica ante el Tribunal Unitario Agrario por explotación de Recursos Naturales en su territorio ancestral. El trabajo de defensa de su territorio ha generado un sinnúmero de amenazas contra las personas integrantes de la comunidad, así como de la organización Alianza Sierra Madre AC (ASMAC), que los ha acompañado en este proceso de reivindicación de derechos.

La gravedad de las amenazas contra Julián Carrillo llevó a que en 2014 fuera integrado al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, pero los ataques en contra de él y la comunidad no se detuvieron. En diciembre de 2016, la casa de Julián Carrillo fue quemada; en distintas ocasiones grupos fuertemente armados han hostigado a la comunidad y han amenazado a integrantes de la misma; y varios integrantes de la comunidad han sido forzados por los niveles de violencia a salir de su territorio.

El asesinato de Julián Carrillo fue cometido pocas semanas después de que miembros de la comunidad denunciaran a distintas autoridades de gobierno la existencia de una concesión minera en su territorio a tres particulares. De acuerdo con la comunidad, dicha concesión habría sido otorgada sin realización de una consulta previa libre e informada.

Según el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, entre enero y octubre de 2018 fueron asesinadas 16 personas defensoras de derechos humanos en México. Ayer, Julián Carrillo se convirtió en el decimoséptimo.

“Es responsabilidad de todas las autoridades del Estado brindar las condiciones necesarias para que quienes defiendan derechos humanos no tengan que dejar su trabajo ante esta escalada de terror”, dijo Erika Guevara Rosas.

Información publicada en Amnistía Internacional/ amnesty.org.