Abandona FGE comandancias en zona serrana

Los destacamentos de la Policía Ministerial en la región serrana, donde se cometió el homicidio del estadounidense Patrick Braxton, permanecen cerrados u operan con un mínimo de elementos, con incapacidad de hacer frente a los embates del crimen organizado, denunciaron ayer agentes de la corporación.

En Creel, la presencia de los Ministeriales disminuyó de 24 a sólo dos elementos, a raíz de la emboscada que sufrieron el pasado 6 de septiembre y en la que tres oficiales perdieron la vida.

Mientras que el llamado Distrito Rayón con cabecera en San Rafael, no más de 10 agentes se encuentran a cargo de la persecución de un delito en los poblados de Témoris, Urique, Bahuichivo y San Rafael. Situaciones similares se extienden a otras comandancias como Namiquipa, con sede en el poblado de Santa Catalina, donde según los agentes los gastos de hospedaje y otros apoyos corren a cargo del diputado federal Eraclio Rodríguez.

Cuestionada al respecto, la vocería de la zona Occidente rechazó los señalamientos y apuntó que las comandancias operan con normalidad; sin embargo, el legislador confirmó ayer el apoyo que se brinda a los destacamentados que pertenecen a la zona que él representa.

“No hay condiciones óptimas para dar atención a los policías”, criticó el diputado federal por Morena y líder barzonista, quien desde hace mes y medio apoya directamente con vivienda a 20 agentes estatales.

De ese caso específico, la mayoría de esos elementos son originarios de Chihuahua capital, a quienes enviaron a Namiquipa para colaborar en tareas de seguridad; es decir, se encuentran a 180 kilómetros de distancia de su casa.

Por ello deben pagar hospedaje. Hasta hace mes y medio se encontraban en un hotel en ese municipio, pero dos factores hicieron que lo dejaran: la falta de dinero enviado desde su corporación, y que no les expedían factura para poder comprobar el gasto.

Frente a esas circunstancias, Eraclio “Yako” Rodríguez, apoyó con vivienda a los agentes y se les gestionó quedarse en unas oficinas de propiedad ejidal.

Las condiciones son más severas en los destacamentos de la zona serrana. En Creel, aseguraron, sólo permanecen dos agentes ministeriales, mientras que el proyecto de reabrir y consolidar uno nuevo sigue a la espera.

A mediados del pasado mes de octubre, el fiscal César Peniche informó que realizaban tareas de adecuación del espacio del Centro de Alto Rendimiento en Creel, en el que –dijo– operarían entre 100 y 150 elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, Agencia Estatal de Investigaciones y de la Policía Turística, pero el proyecto aún no se ha consolidado.

Según los elementos ministeriales entrevistados, a raíz de la emboscada que sufrieron en Bocoyna la corporación retiró al grueso de los agentes que integraban el destacamento.

“Por eso cuando se dan los enfrentamientos nadie acude, somos sólo unos cuantos, es impensable hacerles frente”, dijo ayer uno de ellos, pidiendo la reserva de su nombre. Aseguró que el grupo más numeroso lo integran los llamados “Rangers” – cuyo nombre se deriva del apellido de quien los comanda, un ministerial de apellido Rangel–  y que está compuesto por poco más de 40 elementos y 14 unidades para el patrulleo. Ellos son a los que se movilizan “cuando alguna zona se calienta”, explicó.

“Ése es el grupo que llegó a Urique, después de la muerte del turista. Es falso que hayan enviado a cien elementos, y una razón, cada vez hay más bajas, y menos interesados en ser policías”, refirió la fuente.

La comandancia de Madera también enfrenta déficit de policías, cuenta con poco menos de 20 ministeriales, y un número similar sirve para operar el destacamento de Ignacio Zaragoza.

“De ese número de elementos, cada semana descansan un promedio de 6 a 8, según el turno, y entonces el número se reduce todavía más”, dijeron elementos.

Para Madera, la Fiscalía anunció también la construcción de una comandancia, cuyos trabajos según la información que brindó el Fiscal, mantenían en octubre un avance de entre el 30 y 40 por ciento.

El funcionario estimó que estaría concluida a finales del presente año o a más tardar en febrero de 2019. Peniche indicó que ahí albergarán entre 100 y 150 elementos.

“La pregunta es de dónde los sacarán, si cada vez somos menos”, dijo uno de los elementos que se quejan del poco apoyo recibido. A pesar de que este año se presupuestaron poco más de 4 mil 700 millones de pesos al rubro de “justicia y seguridad” en el estado, con un desglose de 44 millones para viáticos, existen elementos de la Coordinación Estatal de Seguridad Pública enviados a zonas inseguras sin recurso para vivienda ni alimentación, y deben sufragar esos gastos de su propio sueldo.

“Los vemos que batallan con viáticos para su alimentación, para combustible. ¿Cómo les pides buenos resultados bajo esas condiciones? ¿Cómo los pueden evaluar si los tienen con esas carencias? ¿Cómo se les exige que no se corrompan si traen hambre?”, cuestionó el legislador.

La falta de apoyo es palpable también en otras zonas. Apenas el pasado mes de septiembre la Fiscalía liquidó el adeudo que mantenía desde inicios del presenta año por concepto de renta de una vivienda (4 mil pesos mensuales) en el municipio de General Trías, donde hospeda a un grupo de seis elementos.

“Es algo que pasa en todas partes”, dijeron los denunciantes, quienes aseguraron que en el caso de la sierra a la falta de elementos ministeriales se suma el bajo número de policías municipales.

“Hay elementos de la federal, aunque no muchos y también del ejército, pero ellos no acuden en apoyo a menos que sea una orden de sus mandos”, indicaron.

De acuerdo con información proporcionada por Fiscalía, en proyecto está también un destacamento en Guadalupe y Calvo, con terreno asignado, pero en fase de proyecto ejecutivo, y todavía en la búsqueda del esquema de recursos para operarlo. En San Juanito, Bocoyna ya se autorizó la adquisición de un predio para instalar otra comandancia, en Guachochi se cuenta con un terreno y en Baborigame se encuentran valorando la posibilidad de crear un destacamento.

En tanto avanzan esos proyectos, Eraclio “Yako” Rodríguez, consideró que el Gobierno del Estado debe aplicarse, pues a su criterio no se trata de un asunto presupuestal ni administrativo, sino de voluntad por tener elementos con buenas condiciones.

Fuente: eldiariodechihuahua.mx