No hay cifras acertadas sobre desplazamiento forzado, porque no hay protocolos: CEDH

Tras la consulta pública realizada a las comunidades indigenas por parte del Congreso de la Unión para la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), José Luis Armendáriz González, refirió que uno de los temas que debe atender este instituto tiene que ver con el desplazamiento forzado, pues son las comunidades indígenas las más afectadas por este fenómeno generado por el crimen organizado.

El ombudsman de Chihuahua refirió que a la fecha no se puede contar con cifras acertadas o que se acerquen a la realidad del problema del desplazamiento forzado en el estado, ni en el país. puesto que no existen protocolos de salida de sus comunidades y regreso, y por lo tanto no hay un conteo real de las víctimas del desplazamiento forzado a causa de la violencia en sus regiones.

Desde hace algunos años, el presidente de este organismo ha señalado la importancia de que la Fiscalía General en la entidad cree dichos protocolos para garantizar la seguridad de los desplazados al momento de salir y al momento de retornar a sus comunidades, sin embargo no se ha hecho nada en desplazamiento forzado por parte del Estado y los organismos derechohumanistas pese a que es un problema grave en la entidad.

De acuerdo con el último informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 80 por ciento de los casos de desplazamiento forzado en el país se ha dado por causas de violencia y según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, durante el 2016, hubo al menos 4 mil 747 personas desplazadas en el estado de Chihuahua, las cuales se registraron con tres desplazamientos masivos, cada uno con la movilización de diez o más familias.

Chihuahua es parte de los doce estados que más han sido afectados por el desplazamiento forzado y el 90 por ciento de las víctimas fue a causa directa de la violencia, en el periodo comprendido entre 2009 y 2017 al menos 310 mil personas en el estado se han visto obligadas a dejar sus lugares residencias por estas causas.
Uno de los ejemplos de esto es que el año pasado decenas de familias tuvieron que abandonar la comunidad de Baborígame, en el municipio de Guadalupe y Calvo, cuando un grupo delictivo tomó el control del poblado, capturando a ciudadanos, quemando varias viviendas y autos, dándose también situaciones similares en Las Varas, Las Vírgenes o El Manzano, en Urique.

Con información de: entrelineas.com