Diputados aprueban reformas a la Ley Federal del Trabajo; desaparecen Juntas de Conciliación y Arbitraje

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con 417 votos a favor, uno en contra y 29 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, entre las que destaca la libertad y transparencia sindical.

La reforma laboral también visibiliza a los trabajadores del campo, respeta los derechos de seguridad social de las empleadas del hogar y elimina las Juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA).

Con la reserva de 104 artículos en lo particular, los cambios realizados dan cumplimiento a los acuerdos 87 y 98 de la Organización Internacional del trabajo (OIT), que se refieren a la democracia y libertad sindical. Y se cumple con el anexo 23 del tratado de libre comercio conocido como T-MEC, relativo al derecho de sindicación y negociación colectiva.

Con 417 votos se aprueba en lo general la #ReformaLaboral ‼️
Más democracia sindical y mejores condiciones para las y los trabajadores mexicanos. pic.twitter.com/jJHAqQgBxl

— Mario Delgado (@mario_delgado) April 11, 2019

Únicamente el Partido del Trabajo, a través de su coordinador Reginaldo Sandoval Flores, lamentó que no se incluyera la discusión de la subcontratación, conocida como outsourcing.

Desde tribuna, el también petista Gerardo Fernández Noroña resaltó que, al establecerse el compromiso de abordar dicho tema en el próximo periodo ordinario de sesiones, decidieron respaldar la reforma. El Movimiento Ciudadano se abstuvo de votar (29 diputados) y la panista Sylvia Garfias lo hizo en contra.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), en voz del dirigente sindical de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas, manifestó que “la libertad sindical y democracia sindical corren en paralelo a lo que la vida contemporánea ha impuesto. No se puede obligar a nadie a que forme parte de una federación o sindicato… los tiempos han cambiado”, puntualizó el secretario general de la CROC desde hace 14 años.

Desde su nacimiento, en 1952, esa Confederación –brazo político y sindical del PRI– sólo ha tenido dos dirigentes: Alberto Juárez Blancas e Isaías González. Y durante todo este tiempo el tricolor siempre se opuso a establecer en la Ley Federal del Trabajo la libertad y democracia sindical, y menos aún la rendición de cuentas.

René Juárez Cisneros, coordinador del PRI en San Lázaro, dio la bienvenida a las reformas y apuntó: “Ya muchos liderazgos nos dimos cuenta de que, o nos adecuamos a los tiempos de la nueva realidad o nos quedamos fuera”.

René Juárez, diputado por el PRI. Foto: Eduardo Miranda

Por ello, ese partido se convirtió en uno de los defensores más vehementes para que se hicieran cambios a la Ley Laboral, que ahora permitirá lo que se convirtió en un tabú para los sindicatos afiliados al PRI: hacer públicos sus estatutos y contratos colectivos de trabajo, y evidenciar el contenido de sus finanzas.

“La transparencia y rendición de cuentas garantiza certeza, confiabilidad y legalidad para la rendición de cuentas que todos estamos obligados a hacer, (incluyendo) los estatutos, los reglamentos interiores de trabajo y el contenido del contrato colectivo de trabajo, garantizando que los trabajadores tengan acceso directo a estos documentos y puedan exigir el cumplimiento de sus derechos”, dijo Isaías González.

Con los cambios, agregó, “se van a eliminar los contratos de protección y los sindicatos blancos”. Al fin se da cumplimiento a los compromisos firmados con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que obligan a la libertad sindical, apuntó.

En su discurso –impensable aun en tiempos de gobierno panista–, el priista manifestó que su partido “no puede objetar la democracia, rendición de cuentas, transparencia y libertad sindical… la nueva visión de la sociedad exige información puntual de la autoridad a los sindicatos”.

Pero lo que nunca mencionaron los priistas, que hoy defendieron la reforma laboral, es que ésta no toca a los trabajadores del apartado B del artículo 123 y que son todos los empleados del Estado. Y, por lo mismo, los cambios no afectan a los sindicatos que representan a esos trabajadores, muchos de ellos líderes que se han eternizado y se han mantenido en la opacidad financiera.

Los intocados por estas reformas son, por ejemplo, los aliados al PRI, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que en los hechos sólo ha contado con tres líderes: Carlos Jonguitud, Elba Esther Gordillo Morales y Juan Díaz de la Torre.

En la misma situación está el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que tuvo como líderes a Joaquín Hernández Galicia (La Quina) y a Carlos Romero Deschamps. O el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros (STFRM), que desde 1995 encabeza Víctor Flores.

El Partido Acción Nacional (PAN), aunque votó a favor de la reforma, reclamó que no se toque a dichos sindicatos.

Arturo Espadas Galván, integrante de la Comisión del Trabajo, soltó:

“Estamos en deuda también, y hay que reconocerlo: la reforma es del apartado A, el que usted me comenta es el apartado B, son los sindicatos, digamos así, de gobierno: IMSS, ISSSTE, CFE, entre muchos otros. Esa es una gran deuda con este país, y si uno le pregunta a cualquier ciudadano qué piensa de los sindicatos y de los líderes, no sé si se les ocurra nombrar a alguien, voy a decir un nombre así, al azar, Elba (Esther Gordillo). Alguien la ha de conocer, es un sindicato que no se regula por esta reforma y no le han querido entrar al apartado B y tenemos necesariamente que entrarle y sin miedo”.

La reforma laboral aprobada este jueves en lo general elimina la Junta de Conciliación y Arbitraje por ser considerada una instancia con altos grados de corrupción, y es sustituida por tribunales federales en materia laboral que dependerán del Poder Judicial.

Además, se creará el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), que se encargará de las conciliaciones para la solución de controversias entre trabajadores y patrones, o entre trabajadores y sindicatos, o bien entre sindicatos, y registrará a nivel nacional los contratos colectivos, contratos-ley, los reglamentos interiores de trabajo y las organizaciones sindicales.

El titular será designado por el Senado de la República de una terna propuesta por el presidente de la República.

El Congreso tendrá 180 días para expedir la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, e iniciará labores en un plazo no mayor de dos años a partir de la entrada en vigor del decreto.

La reforma también visibiliza a los trabajadores del campo, ya que el CFCRL tendrá la obligación de llevar un padrón especial de los trabajadores agrícolas contratados por periodos. También deberá inscribir a las empleadas del hogar en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y pagar las cuotas correspondientes.

Durante la discusión, el diputado y coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, consideró insuficiente la citada reforma, debido a que, puntualizó, no aborda el tema de las empresas que subcontratan servicios, las llamadas outsourcing.

Morena se comprometió a discutir el tema en el siguiente periodo ordinario, y los petistas apoyaron la propuesta.

Gerardo Fernández Noroña recriminó a todas las fracciones que sea la propia Cámara de Diputados la que recurra a este tipo de contrataciones (outsourcing), donde los trabajadores no tienen derecho de antigüedad, ni jubilación y con salarios humillantes.

“La reforma es insuficiente porque no abroga la subcontratación, el outsourcing… aquí, en la Cámara de Diputados, cada año cambia de razón social la empresa de limpieza, no les reconoce su antigüedad, no tienen pensión ni vacaciones, les da un salario miserable y no les paga la quincena en tiempo. Nosotros, la casa del pueblo, no debemos desconocer los derechos de los trabajadores. Hay en todas partes outsourcing, y el juez por su casa empieza”.

Puso otro ejemplo: la empresa Volkswagen cuenta con 32 mil trabajadores y solo 8 mil tienen todos los derechos, porque el resto están bajo el régimen de outsourcing. “Se les escamotean sus derechos”.

El PAN, a través del diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, manifestó su apoyo al dictamen y consideró que las reformas “propician un mejor entorno social y económico, eficiente en el mundo de la innovación.”.

La justicia laboral, añadió, era una deuda, y abundó: “Necesitamos un nuevo modelo sindical basado en la democracia sindical y acabar con el que viene del viejo régimen y las actitudes perversas de los dirigentes… Anhelo que esta ley sea un detonador económico, que sirva para crear un sindicalismo democrático, independiente, alejado del corporativismo. Desaparece la Junta de Conciliación y transita a tribunales para acabar con la corrupción. Habrá votaciones libres y directas, pero la reforma se queda corta al no incluir el apartado ‘B’ del 123 constitucional”, concluyó.

Fuente: proceso.com.mx