Autonomía del saqueo; comite del sistema estatal anticorrupción

Unas semanas antes de concluir 2018, me entrevisté personalmente con el primer Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua, el ingeniero José Enríquez Tamez. Con la amabilidad que lo distingue, por lo menos es mi punto de vista, le hice entrega en mano del expediente que integra la denuncia penal por Peculado y Enriquecimiento ilícito 2259/2018, en contra del pseudo rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua Luis Fierro Ramírez, y diversos funcionarios de la Institución. Lamentablemente para mí, el asunto quedó en un diálogo cordial.

A principios de este año 2019, tuve un intercambio de unos cuantos “whatsapp” con la Fiscal Anticorrupción de Chihuahua, la abogada-maestra Gema Chávez Durán, a quien le solicité la oportunidad de que me recibiera, también muy amable en esas comunicaciones, después todo se cerró. Aún sigo interpretando su silencio, bueno no, me queda claro.

El pasado 29 de mayo de 2019 por la noche, me hicieron el favor de invitarme a un Conversatorio sobre la afectación de la Corrupción a los Derechos Humanos, que se llevó a cabo en la Sala de Consejo del Tec de Monterrey, en el Campus Chihuahua. Ahí, se abrieron algunas relaciones que considero interesantes, ya que, en el lugar se encontraban algunas consejeras y consejeros del actual Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, incluso, la Presidenta estatal actual, la Maestra Norma Yadira Lozano, así como el Presidente del Sistema Nacional Anticorrupción José López Presa.

Tuve oportunidad de expresar algunas inquietudes con relación a la continuidad de la malversación e impunidad que sigue tolerando el gobernador Corral en la Universidad Autónoma de Chihuahua.

El miércoles 12 de junio de este año, acudo a las oficinas del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua, donde vienen recibiendo documentación, con el propósito de presentar escrito conteniendo la solicitud de apoyo para avanzar jurídicamente con el caso ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. El 1 de agosto cumplimos once meses que interpusimos la denuncia penal ante la Fiscalía, y aún no se dignan a abrir la carpeta de investigación que les obliga la Constitución Política Federal y la Constitución Política de Chihuahua. A la misiva, se agregaron los anexos que soportan jurídicamente el expediente. A casi dos años de su fundación, aún no mandan hacer un matasellos del Comité Anticorrupción.

El 10 de julio de 2019, logramos que, en el Orden del día de la Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, que se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico de Cuauhtémoc, se incluyera en el punto 6 la revisión del “estado que guarda la carpeta que se presentó” por el suscrito. Vamos a cumplir tres semanas de haber transcurrido esta Sesión, y aún no he recibido ningún tipo de notificación, espero que la denuncia no vaya a “dormir el sueño de los justos”.

La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua, es tan clara, que se queda como muchas otras leyes: en letra muerta. En su Capítulo I, del Objeto de la Ley, y específicamente en el artículo 1, cita textualmente:

“La presente Ley es de orden público, observancia general y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre los entes públicos correspondientes para el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, previsto en los artículos 187 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de que las autoridades competentes prevengan, detecten, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los delitos relacionados con hechos de corrupción.”

Se adjuntan a esta participación, los documentos escaneados que soportan mis dichos.

En fin…sin fin.

Dr. Enrique Rascón Pérez.

Con información de: laopcióndechihuahua.com