Ciudadanos de Texas levantan muro a lo largo de frontera con Tamaulipas

A lo largo de más de 11 kilómetros, en el poblado fronterizo del Ébano, al sur de McAllen, Texas, se levanta un muro de por lo menos 5 metros de alto que no mandó construir el presidente Donald Trump.

Es una pared que se erige con la donación de 25 millones de dólares que 500 mil norteamericanos han hecho para que la organización We Build the Wall Incorporated la levante a lo largo del río Bravo.

El muro se localiza en la propiedad de George Cudahy, un veterano de guerra que donó sus 75 acres a las orillas del río para que el muro se extienda. Vecinos acusan a Cudahy de permitir la construcción del muro sin contar con estudios del terreno ni de impactos ambientales.

José Alfredo Cavazos, de 72 años, vecino de Cudahy y propietario de 70 acres continuos al territorio donde se levanta el muro, señaló que el gobierno federal lo ha presionado a él y a vecinos de esa zona para que den continuidad al proyecto del muro construido por los pobladores.

“Este señor compró ahí porque yo digo que es un hombre que odia a la raza y ahí lo ves, duerme ahora más a gusto porque cree que con eso ya. Nos quieren quitar parte para poner un camino para checar la pared que quieren poner en la orilla del río.

“En nuestra familia podemos decir que nosotros no cruzamos la frontera, la frontera nos cruzó a nosotros porque hemos estado aquí desde antes que hubiera Estados Unidos en 1770″, cuenta Reynaldo Cavazos, primo hermano de José Alfredo y veterano de Guerra. Los Cavazos han construido al menos 30 casas de campo que rentan para los fines de semana a los aficionados a la pesca y el jet sky.

El proyecto del presidente Donald Trump pretende levantar un muro que atravesaría las propiedades de los Cavazos y que dejaría sus casas de campo del lado mexicano. Como los Cavazos, al menos siete familias en McAllen han demandado al gobierno estadunidense por intentar expropiar los terrenos para construir el muro de Trump.

Efrén Olivares, de Texas Civil Rights Project, la organización que lleva los casos de estas siete familias, asegura que la primera fase es acceder “al terreno para realizar mediciones con GPS y tener una determinación exacta para saber cuántas van a expropiar. De los siete casos cinco están en esa etapa” .

“La ley federal de expropiación es muy favorable al gobierno, hay una presunción de que el gobierno tiene el derecho de expropiar una propiedad privada para uso público ya desde un principio empezamos en desventajas, lo que buscamos aquí es que por los menos las familias reciban una cantidad digna por sus propiedades”, explica Efrén en sus oficinas de McAllen.

Aleida García es otra de las demandantes. en noviembre el gobierno federal le ofreció cien dólares por su terreno. Su propiedad es herencia de cinco generaciones que se criaron junto al río, un lugar donde además cruzaron decenas de migrantes a lo largo del tiempo.

“Han venido de Chiapas, de Guatemala, de Honduras, chinos, bastantes chinos, que ha pasado por aquí y que es duro platicar con ellos”, cuenta Aleida. Pese a las desventajas, estas familias están dispuestas a darlo todo en la corte y evitar que el odio hacia los mexicanos y centroamericanos llegue hasta sus propias tierras. “No sabemos cuándo se va a hacer este muro, pero lo van a usar a como dé lugar, si no es por arriba es por debajo, de nada serviría”, concluye Aleida.

Con información de: entrelineas.com